Periodista / Kazetaria

El arresto de Yoon Suk-yeol ahonda la crisis política en Corea del Sur

La detención del expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol, después de varias semanas de resistencia atrincherado en su residencia de Seúl, agrava la crisis política del país. El arresto, derivado de su declaración de la ley marcial, abre un incierto capítulo en la historia reciente de Corea del Sur.

El expresidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, en un vehículo tras su detención.
El expresidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, en un vehículo tras su detención. (JUNG Yeon-je | AFP)

El destituido presidente de Corea del Sur, el conservador Yoon Suk-yeol, fue detenido ayer a las 10.33 hora local tras permanecer semanas atrincherado en su residencia, ubicada en el centro de Seúl. El mandatario pidió pasar sus últimos momentos en su vivienda en compañía de su perro Tori en su habitación, según confirmaron varios funcionarios del partido gobernante que le visitaron poco antes de su arresto. La detención se produjo después de que Yoon fuera destituido por el Parlamento tras la controvertida y breve declaración de la ley marcial que impuso el pasado 3 de diciembre, un hecho que desató una crisis política.

Hasta ayer estaba parapetado en su residencia, sita en la ladera de una colina y protegida por un pequeño ejército de seguridad presidencial que, incluso, logró frustrar un intento de arresto anterior. Su detención, la primera de un mandatario en ejercicio de Corea del Sur, marca otro sorprendente capítulo en la historia de uno de los llamados «tigres asiáticos», aunque el país cuenta con un largo historial de enjuiciamientos y encarcelamientos de expresidentes.

Las acusaciones en su contra son graves, aunque aún no se le han imputado cargos. La incitación a la insurrección es uno de los pocos delitos por los cuales los presidentes surcoreanos no gozan de inmunidad. De ser declarado culpable, Yoon podría enfrentarse a una fuerte multa, pena de prisión o, técnicamente, incluso a la pena de muerte, aunque Corea del Sur mantiene una moratoria prolongada sobre las ejecuciones.

Después de haberse resistido inicialmente a su arresto, Yoon aseguró ayer en un mensaje de vídeo previamente grabado que «el Estado de derecho ha colapsado por completo», pero añadió que estaba cumpliendo con la orden de arresto «para evitar un derramamiento de sangre desafortunado» en posibles enfrentamientos entre las fuerzas del orden y el servicio de seguridad presidencial. Este cambio de estrategia de su defensa fue clave para su detención: el arresto está directamente relacionado con su controvertida declaración de la ley marcial. Sin embargo, la investigación penal por insurrección que enfrenta se desarrolla de manera separada e independiente del proceso político que llevó a su destitución como presidente.


El conservador PPP podría intentar mantener la posición de Yoon, tratando de retrasar la investigación y posponiendo el calendario para su dimisión con el fin de evitar nuevas presidenciales.

 

Aunque actualmente se encuentra suspendido de su cargo, el aún mandatario seguía contando con la protección del servicio de seguridad presidencial, una organización que incluye soldados armados y que ha jugado un papel clave en frustrar intentos previos de arresto. A principios de enero, miembros de esta unidad se enfrentaron a fiscales y policías que intentaban ejecutar una primera orden de arresto contra Yoon, obligando a las autoridades a retirarse y solicitar una segunda orden judicial, ejecutada con éxito ayer.

El expresidente fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad al edificio de la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), ubicado en Gwacheon, al sur de Seúl, donde dio inicio su interrogatorio. A pesar de la gravedad de las acusaciones en su contra, Yoon se negó a prestar declaración, según fuentes oficiales. La CIO tiene 48 horas –hasta la madrugada del viernes en Euskal Herria– para interrogarle antes de decidir si solicita una orden judicial para extender su detención hasta 20 días, aunque el equipo legal del líder conservador ha calificado su arresto como «ilegal».

La negativa de Yoon a cooperar marca un nuevo capítulo en la compleja investigación que ha puesto bajo el foco mediático a uno de los dirigentes más polémicos en la historia reciente de Corea del Sur. El líder conservador podría enfrentarse a un juicio penal por cargos de insurrección y, al mismo tiempo, ser reinstalado en el cargo por el Tribunal Constitucional. En el peor de los escenarios para el exmandatario, sería sometido a juicio por insurrección y sería destituido definitivamente por el Constitucional.

Las manifestaciones a favor y en contra del destituido presidente, su detención y posterior juicio podrían intensificar los enfrentamientos entre las diferentes fuerzas políticas e iniciar un nuevo capítulo de turbulencia política que podría desencadenar una ola de mayor inestabilidad en el panorama político del país. El conservador Partido del Poder Popular (PPP) del exmandatario también podría intentar mantener la posición de Yoon, protegiendo al jefe del Estado, tratando de retrasar las investigaciones judiciales tanto como sea posible y posponiendo el calendario para su dimisión con el fin de evitar la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales.