Steilas y Ehige han comparecido este viernes en Bilbo para valorar el falló emitido por el TSJPV en el que declara nulo de pleno derecho el decreto de planificación de centros del Departamento de Educación de Lakua, que entre otras cuestiones, organizaba el número de alumnos por aula y el reparto de alumnados entre los diferentes centros ya sean públicos o privados.

Fueron el sindicato y la asociación de padres y madres de la escuela pública los que impugnaron el decreto, y lo hicieron cuestionando tanto la legalidad como los contenidos del decreto. Es en el primer punto en el que el TSJPV ha estimado la demanda.

Tal y como han explicado en la rueda de prensa Juan Zubia (Steilas) y Lurdes Imaz (Ehige), en la sentencia se señala que el Ejecutivo «no cumplió los mínimos establecidos por la norma, como la justificación del informe del proyecto de decreto, respetar el procedimiento de participación del Consejo Escolar de Euskadi o remitirla al Parlamento Vasco».

Asimismo, Steilas y Ehige han subrayado que dos organismos del Gobierno de Lakua como la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda y la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi «ya alertaban sobre la falta de justificación de la propuesta». «Aun y todo decidieron publicar el decreto. Corría prisa», han criticado.

Así, ambas organizaciones han valorado positivamente el fallo judicial y, ante las intenciones de Lakua de recurrir, han asegurado que valoran solicitar la ejecución provisional de la sentencia. Así, piden al Ejecutivo «que asuma y acate la sentencia, no prorrogue su ejecución con recursos estériles y elabore un nuevo decreto de planificación que priorice la Escuela Pública Vasca».

«Decreto a medida de la patronal»

En esa línea, Steilas y Ehige también han vuelto a recordar las críticas de contenido que hacían al decreto educativo. Por un lado, denuncian que el decreto «sustituye» las plazas públicas por «plazas sostenidas por fondos públicos». «La garantía de plazas públicas, que es de obligatorio cumplimiento segun el articulo 109 de la LOE, quedaba totalmente diluida en este decreto. Donde la normativa básica dice que ‘se garantizarán suficientes plazas públicas’, el decreto hablaba de ‘plazas sostenidas con fondos públicos’, que no es lo mismo», han explicado.

Por otro lado, señalan que el decreto «pretendía equiparar» los centros de titularidad pública con los centros de titularidad privada a través del Servicio Vasco de Educación. «La demanda presentada incide en la ilegalidad de un órgano de estas características porque no tiene encaje legal alguno. La ley es clara: los centros privados prestan el servicio de la educación a través de los conciertos educativos y no hay más. La equiparación de centros públicos y centros privados no es posible, entre otras cosas porque la administración pública no tiene competencia para dirigir o intervenir en empresas que se rigen por el derecho privado», han explicado Steilas y Ehige al respecto.

Por último, critican que el decreto «anuló» la participación de la comunidad educativa al suprimirse las comisiones territoriales de seguimiento del mapa escolar.

«En definitiva, este decreto, que tuvo ocho borradores antes de que fuese publicado, estaba hecho a medida de la patronal, como la equiparación de la escuela pública y la privada a través del Servicio Público Vasco de Educación o el descenso del número mínimo para la creación de grupos. Y todo ello con una sobreoferta brutal de la concertada», han concluido.