PNV y PSE se han enredado en un cruce de mensajes a raíz de que el Ayuntamiento de Barakaldo haya interpuesto un recurso ante la Audiencia Nacional española contra la resolución definitiva del estudio informativo de la Variante Sur Ferroviaria (VSF) que contempla construir un viaducto por Gorostiza.

Los socios de los jeltzales invitaron a la alcaldesa a que pidiese a «sus compañeros» de Diputación que apuesten por soterrar el proyecto a su paso por ese pulmón verde de Ezkerraldea, a lo que la portavoz foral ha respondido este jueves que esta institución ni resuelve ni decide nada.

No es el primer desencuentro entre PNV y PSE que se escenifica a escala de Barakaldo pero, en esta ocasión, alcanza a otras instituciones en las que ambas formaciones comparten gobierno, en medio las supuestas discrepancias sobre un proyecto que mantiene en pie de guerra a colectivos ecologistas y vecinales del segundo municipio más poblado de Bizkaia.

Todo arrancó cuando el lunes el Ayuntamiento de Barakaldo presentó un recurso en la Audiencia Nacional española contra la resolución definitiva del estudio informativo de la VSF aprobado en noviembre por el Gobierno español. Se cumplía así el espíritu de una moción aprobada por el Pleno municipal –con los votos a favor de PNV y PSE, en contra de EH Bildu y Elkarrekin y la abstención del PP–, en la que el Consistorio se comprometía a «llegar hasta la última instancia» en su apuesta por el soterramiento del proyecto a su paso por Gorostiza.

Con anterioridad, ya había presentado alegaciones al estudio. En una concentración el viernes ante la casa consistorial, los colectivos Pulmón Verde de Gorostiza, Barakaldo Naturala, Eguzki y Ekologistak Martxan habían exigido al Gobierno municipal PNV-PSE que actuase en los tribunales contra el proyecto de la VSF.

En una entrevista en el diario ‘El Correo’, la alcaldesa, la jeltzale Amaia del Campo, aseguró que el Ejecutivo español, al no optar por el soterramiento, les obligaba a acudir a los tribunales por el «impacto» de la infraestructura ferroviaria.

Sobre este movimiento del Ayuntamiento también opinó el martes pasado la portavoz de Lakua, que dijo que su Gobierno considerada «legítimo» el paso dado. «El Ayuntamiento de Barakaldo tiene claro cuál es el proyecto que quiere para Barakaldo, y por tanto, a nosotros solamente lo que nos toca es respetar. Es una decisión de una institución y por tanto la respetamos», manifestó María Ubarretxena al ser preguntada por los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Señalan a la responsabilidad foral

Un día después –tras ambos pronunciamientos de sus socios en la escala municipal, foral y autonómica– el PSE de Barakaldo reclamó a la alcaldesa que «deje de desviar la atención». «La piedra angular de esta cuestión está en el palacio foral, no en la mesa del Consejo de Ministros».

Demandó a Amaia del Campo que «insista a sus compañeros» del Departamento foral de Medio Natural y Agricultura, gestionado por el PNV, para que «tomen en consideración los informes» municipales que «avalan la solución soterrada como la mejor opción para el paso de la Variante Sur Ferroviaria por Barakaldo».

El portavoz del PSE, Carlos Fernández, ha asegurado que «la alcaldesa sabe que el Gobierno de España está obligado por ley a hacer lo que dictamina el informe de impacto medioambiental de la Diputación».

Fernández insistió en que la Diputación es «la institución competente» sobre el medio natural en Bizkaia y que ha optado por la construcción de un viaducto sobre el río Castaños «por las posibles afecciones al pez espinoso», una especie catalogada como vulnerable.

Consideró que la Diputación «debería cambiar su declaración de impacto medioambiental» sobre la base de tres informes técnicos municipales que tratan la afección paisajística, el impacto acústico y sobre el pez espinoso y que «avalaban el soterramiento como la mejor solución desde el punto de vista medioambiental».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Diputación, su portavoz ha sido preguntada este jueves al respecto. Leixuri Arrizabalaga ha contestado que «esta institución respeta, como no puede ser de otra manera», la decisión del Ayuntamiento, pero que la Diputación, en este proyecto, «ni resuelve ni decide nada fuera de Bizkaia».