Corría junio de 2022 cuando el grupo parlamentario de EH Bildu en Madrid alcanzaba un acuerdo con el Ejecutivo español (PSOE y Unidas Podemos) para aprobar una nueva Ley de Memoria Democrática. También se admitieron enmiendas de PNV, PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.

Entre otras medidas, se acordaba declarar «la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas constituidos a partir del golpe de Estado de 1936, así como la nulidad de todas sus resoluciones y condenas».

El acuerdo también contemplaba convertir el Fuerte de San Cristóbal, en el monte Ezkaba, cerca de Iruñea, en un espacio para la memoria que recuerde a las 207 personas fusiladas en la fuga masiva de 1938.

Además, el Palacio de la Cumbre, en Donostia, donde entre otros fueron torturados en 1983 Josean Lasa y Joxi Zabala antes de ser enterrados en cal viva por los GAL, iba a pasar a ser de propiedad municipal en el plazo máximo de un año.

El edificio fue sede del Ministerio español de Asuntos Exteriores durante las estancias veraniegas de Franco en el barrio de Aiete, y posteriormente fue la residencia del Gobernador Civil de Gipuzkoa.

Más de dos años

Han pasado más de dos años desde aquel acuerdo, pero La Cumbre continúa sin ser entregada al Consistorio donostiarra. Hace un año, en enero de 2024, las familias de Lasa y Zabala, la sociedad de Ciencias Aranzadi y los colectivos Egiari Zor, Argituz, Mikel Zabalza Herri Ekimena y Berridatzi Elkartea presentaron públicamente su proyecto para convertir este edificio en un lugar destinado a señalar «las graves vulneraciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y grupos parapoliciales» en Euskal Herria.

El asunto ha llegado este lunes a la comisión de Derechos Humanos y Cultura Democrática de las Juntas de Gipuzkoa, donde a instancias de una solicitud presentada por EH Bildu, PNV y Elkarrekin Podemos han comparecido Pili Zabala y Axun Lasa –hermanas de Joxi y Josean– y el historiador de Aranzadi Javi Buces. Todas las partes han coincidido en que lo más urgente es que se culmine la cesión al Ayuntamiento.

Buces ha arrancado su intervención recordando la base jurídica en la que se sustenta su propuesta, con una norma que define el destino que se ha de dar a La Cumbre. Cada grupo juntero ha recibido un informe detallado, por lo que se ha limitado a dar unas pinceladas sobre un proyecto que contaría con un itinerario memorialístico, una exposición permanente sobre la represión durante el franquismo y la transición –e incluso más allá–, un servicio pedagógico y de divulgación, página web, un espacio para la investigación de casos sin aclarar y un espacio de acompañamiento psico-social. También ha destacado la relevancia de conformar una red de espacios de memoria entre los diferentes centros destinados a este fin.

Pili Zabala ha hecho hincapié en el espacio de acompañamiento pisco-social para quienes aún sufren «las consecuencias de las vulneraciones de derechos». Ha recordado que al respecto se han venido celebrando diferentes encuentros y jornadas, e incluso uno de los Cursos de Verano de la UPV-EHU del año pasado se dedicó a esta cuestión.

«El año pasado redactamos una propuesta de acompañamiento, y la trasladamos a los gobiernos vasco y navarro. En 2026 tenemos intención de poner en marcha un proyecto piloto en una comarca de Gipuzkoa. Nuestra sensación es que vamos tarde, y proponemos crear un pequeño espacio en La Cumbre, ofreciendo un apoyo médico, sicológico, legal, terapéutico…», ha explicado. «Me gustaría que mi familia hubiera recibido este tipo de ayuda durante aquellos años», ha remarcado.

Axun Lasa ha recordado que este 2025 se cumplen treinta años desde que hallaron los restos de los dos jóvenes tolosarras. «Estamos esperanzadas de que logremos cambiar el significado de ese espacio de La Cumbre. Solo he estado una vez delante y lo pasé muy mal. Siempre nos traerá recuerdos duros, pero me gustaría decir que nosotras también tenemos nuestro espacio».

El PP pide espacio para las víctimas de ETA

Tras esta primera exposición ha llegado el turno de los junteros, en el que ha destacado la postura del integrante del PP. El representante habitual de este partido en esta comisión es el irundarra Iñigo Manrique, pero hoy su puesto lo ha ocupado Jorge Mota, que también es edil en el Ayuntamiento de Donostia –que será quien reciba el edificio– y hermano de Ángel Jesús Mota, funcionario de la prisión de Martutene al que ETA mató de un disparo en la cabeza en 1990.    

En sus diferentes intervenciones, Mota ha reclamado que «no se relegue a las víctimas de ETA y también tengan un espacio en La Cumbre». Además, ha señalado que la ley contempla vulneraciones de derechos hasta 1983, por lo que por ejemplo no habría que incluir el caso de Mikel Zabalza, que es de 1985.

«La principal causa de vulneración de derechos en San Sebastián y Gipuzkoa ha sido el terrorismo de ETA», ha insistido, y a estas víctimas ha sumado «más de 200.000 vascos que tuvieron que marcharse».

«No me opongo a que en este espacio se recuerde a las víctimas del franquismo y de la actuación policial, pero que esté documentada». En este aspecto, ha indicado que «no me vale decir ‘hablamos de 4.000 torturados’», en referencia a un informe encargado por el Gobierno de Lakua sobre el periodo 1960-2013. Cabe recordar que a pesar de tantas denuncias, muy pocas han llegado a juicio y solo hay veintiún sentencias condenatorias de ese periodo, doce contra guardias civiles y nueve contra la Policía española.

El obstáculo de la Ley de Secretos Oficiales

Buces ha replicado que en el dossier presentado se recoge que el proyecto «fomentará el respeto a todas las víctimas» y en su itinerario memorialístico «dará a conocer todas las vulneraciones», pero que la Ley de Memoria Democrática explicita que San Cristóbal y La Cumbre serán espacios para recordar a las víctimas de la represión del Estado, del mismo modo que «se decidió hacer un Memorial de Víctimas del Terrorismo en Gasteiz y nadie plantea otra cosa. U otro centro por las víctimas del 3 de Marzo. En este país, en vez de hacer un memorial conjunto, se ha decidido crear una red de centros».

Pili Zabala ha apostillado que «claro que debería haber espacio para reconocer otras víctimas», pero tras leer parte de la sentencia por la muerte de su hermano ha subrayado que «quienes hemos sufrido violencia del Estado no hemos tenido los mismos derechos», y en lo referente a casos documentados ha recordado que hay muchos que están sin investigar y que «la Ley de Secretos Oficiales es un obstáculo» para ello.

En nombre del PNV, Ianko Gamboa ha destacado que «todos sabemos cuál es el simbolismo de La Cumbre y por qué se incluye en la Ley de Memoria. Los Derechos Humanos radican en la dignidad de todo ser humano, y la tortura es una barbaridad que anula esa dignidad. Eso se tiene que visibilizar en este país».

El juntero jeltzale ha coincidido en que «el primer paso es la cesión, y una vez que esto se produzca, definir entre todos cómo tiene que ser». En su opinión, debe ser un espacio «que refleje todas las vulneraciones, pero uno de los ejes tiene que ser el secuestro, tortura y asesinato de Lasa y Zabala».  

Por su parte, Luix Barinagarrementeria (EH Bildu) ha insistido en que lo prioritario es la cesión y en que «hay razones de sobra para reconocer a las víctimas del Estado en La Cumbre, aún hay mucho trabajo que hacer en este campo. Todas las víctimas merecen justicia, verdad y reparación, pero hasta ahora ha existido una descompensación».