La abstención de Junts y ERC ha permitido al PP sacar adelante el Congreso su proposición no de ley en la que se insta al Gobierno español a alargar la vida útil de las centrales nucleares existentes en el Estado español, que cerrarán de forma escalonada entre 2027 y 2035.

Con 349 votos emitidos, la propuesta ha contado con 171 votos a favor, entre ellos los de PP, Vox y UPN; 164 votos en contra, del Grupo Socialista, Sumar, EH Bildu, PNV y Grupo Mixto, además de 14 abstenciones, de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya.

La votación en pleno ha tenido lugar este miércoles, después de que la víspera el diputado del PP Guillermo Mariscal acusara al Ejecutivo español de diseñar un marco legal que «estrangula» la energía nuclear para que no sea competitiva y que las empresas no tengan más remedio que cerrar.

También se preguntó el motivo por el que el Gobierno quiere cerrar las centrales nucleares, que proporcionan, dijo, energía «segura y abundante», teniendo en cuenta las consecuencias económicas, laborales y sociales que sufrirán las comarcas donde están instaladas y acusó al Ejecutivo de no tener alternativas ni propuestas.

Cerrar estas centrales es «un error, un suicidio energético» y una decisión «basada en la ideología» y no en razones económicas ni de sostenibilidad medioambiental, aseguró Mariscal.

Junts per Catalunya y ERC, que no anunciaron el martes el sentido de su voto, pusieron el acento sobre la situación de Catalunya, donde la dependencia de este tipo de energía es todavía grande. De esta manera, la diputada de Junts, Pilar Calvo, incidió en que «uno de cada dos catalanes consume electricidad de origen nuclear» y que ese porcentaje se ha mantenido en los últimos años. «Necesitamos más renovables en Catalunya», subrayó.

Por su lado, el diputado de ERC Jordi Salvador i Duch resaltó que los distintos gobiernos del Estado han sido «irresponsables». Por un lado, opinó que los planes de transición energética no hayan llegado a tiempo. Por otro, incidió en que «las derechas sólo defienden los derechos de las energéticas y los oligopolios».

Si bien no defiende alargar la vida de las nucleares, no quiere un cierre «improvisado» y que «ponga en peligro la vida en el territorio». Por ello, si se pretende replantear el calendario de cierre nuclear, exigió que se cumplan una serie de condiciones: la garantía real de transición energética hacia las renovables, un plan de reindustrialización urgente y efectivo para las zonas nucleares y la protección laboral sólida para los trabajadores afectados.

«Imprescindible e inexcusable»

Desde los grupos vascos, el diputado de EH Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo, en su última intervención como diputado, insistió en que el cierre nuclear es «imprescindible e inexcusable» y respondió al PP que cuando hablan de «cambio de percepción nuclear» se refiere a los 'lobbies' que la defienden. En su intervención, recalcó que las centrales no son inversiones sostenibles ni en lo económico ni en lo medioambiental.

Lo que sí que considera preciso es renovar el Plan de Gestión de Residuos Nucleares para asegurar un control de estos; y planificar, comunicar e invertir en la revitalización de las comarcas que se vayan a ver afectadas por los cierres nucleares.

Por su lado, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal recriminó al PP que quiera «resucitar» un debate ya superado con esta PNL. A su parecer, el futuro energético para por donde se tienen «claras ventajas competitivas», las renovables. En líneas generales, transmitió que lo que el Estado español debería de hacer sería avanzar en un menor consumo energético, mayor eficiencia energética, en disponer de un porcentaje de energía proveniente de tecnologías limpias y seguras y en apostar por la generación distribuida.

A su vez, recomendó que el Gobierno español articule algún mecanismo para garantizar la rentabilidad de la producción de energía nuclear y le pidió que mantenga un diálogo con las administraciones locales afectadas por el cierre nuclear para desarrollar planes de reconversión para que el cierre de estas nucleares tenga el mínimo impacto económico y laboral posible.