Fátima y Mohamed [nombre ficticios por motivos de seguridad] tienen poco más de 30 años y quieren recuperar la vida que tenían en Sudán, pero no saben si algún día podrán hacerlo. Llegaron a Egipto hace más de un año huyendo de la guerra que asola su país y, desde entonces, sus vidas están estancadas en una transición tan enquistada como el propio conflicto en Sudán. Mientras su hija Riri reclama atención y su hijo Lilo juega en el salón, esta pareja se considera afortunada. «Por suerte, tenemos una vida en Egipto que muchas otras personas no pueden permitirse», reconoce Fátima, que, sin embargo, no parece feliz: ha perdido su entorno profesional y personal; en definitiva, ha perdido su vida.

«Los daños de esta guerra exceden las pérdidas materiales: esta guerra está demoliendo la estructura social, la moral y la unidad nacional y la dirección política de Sudán. Aunque se detenga hoy mismo, se necesitarán al menos 50 años para recuperar nuestra nación», lamenta Fátima, de cara redonda y piel tostada, que lleva un colorido khimar, una especie de capa fina que cubre pelo, cuello y hombros.

Antes de estallar la guerra, Fátima trabajaba en el departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Jartum, y Mohamed, licenciado en Literatura Inglesa, intentaba abrirse paso en el mundo de los negocios. Se conocieron en 2018, mientras hacían servicios de voluntariado en organizaciones internacionales, y juntos vivieron las protestas que derrocaron al autócrata Omar al-Bashir en 2019.

Al igual que en otros países de la región, la revolución que estalló a finales de 2018 estuvo controlada entre bambalinas por el propio régimen. El Ejército entregó la cabeza caducada de Al-Bashir vía asonada y manejó la transición, que en 2021 se vio truncada por un nuevo golpe de Estado. Dirigido por Abdel Fattah al-Burhan, presidente de facto de Sudán, este período estuvo marcado por la convulsión social y por las alianzas entre el Ejército y los paramilitares y rebeldes relacionados con crímenes de lesa humanidad.

Entre ellos estaba el líder de las sublevadas Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), Mohamed Hamdan Dagalo alias “Hemedti”, un antiguo aliado de Al-Bashir que, como muchos otros paramilitares, obtuvo prominencia por su labor en la limpieza étnica en Darfur en este siglo XXI. Ante la inevitable caída de Al-Bashir, Hemedti cambió de bando y movió ficha hasta convertirse en una de las caras visibles en la transición y ocupar la Vicepresidencia en la Junta del propio Al-Burhan.

En abril de 2023, debido a las fisuras en el Gobierno y a las manifiestas ansias de poder de Hemedti, comenzó una nueva guerra en Sudán. A un lado está el Ejército encabezado por Al-Burhan y al otro, las RSF, apoyadas por Emiratos Árabes Unidos y cuyos mercenarios cuentan con experiencia en los conflictos en Libia y Yemen. En estos 18 meses han muerto más de 60.000 personas y se han visto obligadas a desplazarse 12 millones, más del 30% de la población. Hay documentadas torturas, violaciones y ejecuciones masivos como revancha por cambios en las alianzas de los señores de la guerra. Las prácticas más crueles recuerdan a las que cometieron las milicias árabes de Omar al-Bashir en Darfur contra la población de piel negra. La diferencia es que ahora ocurre en todo el país y la población mayoritaria, la árabe, la padece también.

«La situación es mucho peor que en 2003. En algunas aldeas de Darfur han matado a todas las personas. Es muy difícil explicar a las víctimas del conflicto anterior que ahora, 20 años después, la guerra ocurre en el mismo lugar y que las víctimas vuelven a ser las mismas personas», lamenta Nasser Amin, director del Centro Árabe para la Independencia en la Judicatura y las Profesiones Jurídicas. «En la guerra anterior, los refugiados iban a Chad, especialmente los que vivían en Darfur, pero en esta ocasión, como la guerra se extiende a otros lugares de Sudán, están viniendo a Egipto», añade este abogado, que documentó crímenes de guerra en Darfur que permitieron a la Corte Penal Internacional condenar al paramilitar Ali Kushayb.

La vida en Egipto

Cuando el 15 de abril de 2023 estalló la guerra en Sudán, Fátima atendía a un seminario en Europa. Una semana más tarde se trasladó a Egipto a esperar el momento preciso para recoger a su hijo Lilo, a quien había dejado con su familia para acudir al seminario. Embarazada, el 6 de mayo comenzó una ruta en la que se subió a dos autobuses hasta alcanzar, dos días más tarde, la región sudanesa del Río Nilo, donde antes había llegado su familia. Allí estaba también Mohamed, quien, hasta entonces, había estado ayudando a sus padres y hermanos con las gestiones para escapar de Sudán.

El 15 de mayo, Fátima, Lilo y Mohamed, que tenía un visado en vigor tras haber acudido a un seminario de negocios un mes antes de estallar la guerra en Sudán, cruzaron de forma legal a Egipto: entonces las mujeres y los niños sudaneses podían hacerlo sin visado. Dos días más tarde llegaron a El Cairo. Allí nacería Riri, que a sus 12 meses aún llora al separarse de su madre. En las dos ocasiones que charlamos, Fátima siempre la sostiene en sus brazos. «Ser madre conlleva restricciones. Como ves, cuesta tener una conversación», señala.

Una vez instalada en El Cairo, Fátima comenzó a colaborar como voluntaria en una organización que ayuda a refugiados valiéndose de diferentes técnicas artísticas. Asegura que se han portado muy bien con ella, pero no sabe cuánto tiempo más continuará allí: la carga familiar y laboral está superándola, pero, al mismo tiempo, su labor en la organización rompe con la monotonía diaria.

«En Egipto me siento muy sola, si no fuera por el trabajo, me volvería loca», reconoce. Por suerte, cuenta con el respaldo del comedido y risueño Mohamed, que teletrabaja mientras cuida del pequeño Lilo, que pronto cumplirá tres años y parece traumatizado por los cambios radicales en su entorno.

Con la mente puesta en los acontecimientos de Sudán, esta familia no sabe si detener su proceso de adaptación, pensando que la guerra terminará pronto, o si hacer el esfuerzo de integrarse en otro país. De momento, Fátima y Mohamed no tienen demasiados amigos en Egipto y saben que les costará hacerlos porque las personas se vuelven selectivas con las amistades a partir de cierta edad. Encerrados en su núcleo familiar, las condiciones son proclives para que crezca la añoranza por Sudán y Fátima recuerde la libertad que le proporcionaba su coche, y Mohamed, los encuentros en los cafés de la ribera del río Nilo a su paso por Jartum.

Situación de las personas migrantes en Egipto

En Egipto viven más de nueve millones de extranjeros, cuatro de los cuales son sudaneses: tres estaban asentados antes de empezar la última guerra y otro millón ha llegado desde su inicio. Aunque en el último año Egipto ha doblado el número de personas refugiadas registradas hasta superar las 800.000, la mayoría de migrantes está fuera del sistema de acogida y accede al país con visados turísticos o de forma irregular. En una ruta que atraviesa un desierto, muchas personas mueren o sufren abusos por parte de las autoridades. Entre otros, el medio digital “The New Humanitarian” ha localizado centros militares secretos de detención y ha documentado devoluciones en caliente.

Pese a las manifiestas violaciones de los derechos humanos, el marzo pasado la Unión Europea selló un acuerdo de cooperación con Egipto y le concedió 7.400 millones de euros en ayuda financiera, incluida una partida de 200 millones destinados a contener el flujo migrante. «Estamos exhaustas por lo que hemos pasado. Si estos acuerdos generaran mejores oportunidades laborales, las migrantes lo apreciaríamos. Pero si no, y no lo consiguen, ninguna medida va a detener la migración a Europa», considera Fátima al referirse a este tipo de acuerdos que Bruselas implementa con otros países de la región.

Por su parte, Egipto, cuyo Parlamento está tramitando una ley de asilo que limita derechos básicos de las personas migrantes, obstaculiza su día a día. Al poco de estallar la guerra, dejó sin validez el acuerdo por el que mujeres, niños y hombres mayores de 49 años de Sudán no necesitaban visado para entrar en Egipto, lo cual, lógicamente, azuzó la migración irregular. Más tarde, triplicó el coste de las tasas de los visados para extranjeros y, beneficiándose del sufrimiento de la guerra, impulsó el decreto 3326 de 2023 por el que un migrante puede legalizar su estatus pagando 1.000 euros. Además, ha cerrado cientos de escuelas sin licencia que enseñaban el currículo escolar sudanés y sigue imponiendo tortuosos procesos administrativos para obtener o renovar el permiso de residencia, documento que es necesario para abrir una cuenta en el banco, hacer transferencias internacionales de dinero o activar la tarjeta SIM del teléfono móvil.