El clima social sobre la crítica situación de vivienda en el Estado español va subiendo temperatura semana tras semana. Esta semana los sindicatos de inquilinos han anunciado la primera manifestación coordinada en las principales ciudades del Estado para el próximo 5 de abril. En ese marco, el Gobierno pisa el acelerador en medidas que no conforman a todos y en «hacer pedagogía», el nuevo mantra que repiten varios miembros del Consejo de Ministros.

Ha sido el caso también de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien este jueves ha participado de un desayuno periodístico organizado por Europa Press en un hotel del madrileño Paseo de la Castellana. Ha dicho que «desde la pedagogía, la conciliación y el acompañamiento» a las organizaciones sociales también se pueden conseguir avances, y que «no todo es la obligatoriedad y la ley».

El discurso de la ministra oscila entre estos llamamientos a la conciliación de intereses y una retórica más punzante. La presión social y de los aliados progresistas del Gobierno estatal se hacen notar y quien escuchaba a Rodríguez hace año y medio y la oye ahora puede ver las diferencias.

Antes opuesta a regular la oferta, ahora defendiéndola hasta que haga efecto el parque público en la demanda. Antes matizando las prohibiciones, ahora reclamando que no haya más pisos turísticos en los centros de las ciudades. Y siempre anunciando nuevas viviendas sociales por cuentagotas: en el caso de este martes ha dicho que se pondrán en marcha 1.600 nuevas viviendas públicas en cinco diferentes comunidades autónomas.

Otra novedad: ha confirmado que la semana próxima la Mesa del Congreso, dominada por el PSOE y Sumar, llevarán al hemiciclo la toma en consideración de la nueva Ley de Suelo, impulsada por los socialistas y el PNV. «Para quien tenga alergia a votar proyectos del PSOE, recuerdo que esta vez el proyecto lleva el sello del PNV, a quien le agradezco su colaboración», ha enfatizado.

La Ley del Suelo pactada por PSOE y PNV llega al Congreso y el Ministerio ultima una empresa pública de vivienda y construcción

Fuentes del Ministerio de Vivienda han informado a NAIZ de otros dos elementos clave: la cartera está abierta a repensar su negativa a la propuesta de Yolanda Díaz de recortar fondos a los gobiernos autonómicos que se nieguen a aplicar la Ley de Vivienda y será algo que podría estar contemplado en el Plan Estatal de Vivienda que se presentará formalmente en la segunda mitad del año. Y además, tiene previsto en la próxima primavera lanzar oficialmente la nueva empresa pública de vivienda y construcción, cuya «arquitectura jurídica» está siendo actualmente refinada. Mientras tanto aseguran que se avanza con las competencias que se tienen en las otras directivas desde el SEPES, a cargo de la hondarribitarra Leire Iglesias Santiago (quien también estará a cargo de la futura empresa).

Rodríguez ha recordado que allí donde se aplica la Ley de Vivienda los precios de alquiler bajan, como en Catalunya, «con un 5% a la baja, la primera en 11 trimestres consecutivos». Así, ha reclamado a todas las administraciones seguir el ejemplo, «como están haciendo el País Vasco y Navarra», y ha dicho aplaudir «la iniciativa de los alcaldes» que están pidiendo ahí la declaración de zona tensionada. Más tarde, agregaría: «Solo teniendo el control de mandos vamos a poder garantizar el parque público. Reivindico que las comunidades autónomas sigan la estela de aquellas que han blindado el parque público, como ha ocurrido en algunas».

De hecho, en el auditorio estaba presente el consejero vasco de Vivienda Denis Itxaso. En conversación con NAIZ, sobre los elogio de la ministra, ha respondido: «Nunca me ha gustado dar lecciones a nadie porque cada territorio tiene su particularidad y todas las posiciones son legítimas, pero es verdad que yo no considero que sea de izquierdas ni de derechas preservar el parque publico a perpetuidad y hacer la clasificación permanente. Es simplemente una cuestión de inteligencia, justicia social y defensa de intereses públicos. Despatrimonializar tu país no tiene sentido».

Itxaso afirma que las medidas en marcha son una cuestión de «inteligencia y defensa de intereses públicos», aunque admite que ya «nos ha superado la demanda»

«La ley vasca de vivienda de 2015, que incorpora el derecho subjetivo a la vivienda, o el hecho que todo el parque público vasco sea siempre y solo en alquiler, son políticas que creo se van a terminar poniendo en muchos sitios y que las llevamos haciendo hace años. No obstante, no somos excepción y nos ha superado la demanda», ha añadido. También ha recordado los ayuntamientos en los que se aplicará la ley, como Errenteria, Barakaldo, Irun, Donostia y Zumaia, y ha apuntado que «lo acaba de pedir recientemente también Astigarraga».

«Si no es un acuerdo, una tregua»

Durante su ponencia, precedida por la presentación de la exministra de Vivienda de Zapatero, Beatriz Corredor, Rodríguez ha destacado que ahora «se cuenta con el paraguas de una Ley de Vivienda estatal» y ha constatado que «a pesar del ruido, se detecta mucho consenso en torno a las soluciones», a las que se arribará «con una gran alianza y grandes acuerdos» porque «la magnitud del problema es tal que ya no se puede cometer más errores».

«Llegamos 45 años tarde, porque la Constitución en su artículo 47 mandata al Gobierno a ocuparse del tema», ha opinado, además de admitir que no están «preparados» para atajar el problema «por la velocidad de la demanda», por lo que tienen que «actuar sobre la oferta». «Mucha población se encuentra atrapada en el alquiler, no encuentra otra opción, y acaba destinando el 60 o 70 por ciento del salario a pagarlo», ha dicho en un tono dramático que no solía utilizar.

Isabel Rodríguez: «Desde el Gobierno no se pondrá ni un euro ni un suelo ni una vivienda que no sea para siempre pública»

Según la ministra, el Ejecutivo estatal ha logrado llevar desde 2018 del 2,5 por ciento al 3,4 el porcentaje de viviendas sociales con respecto al total, lo que representan 162.000 más. «Gobernar es regular. Vamos a crear un sistema de garantías públicas que proteja a inquilinos y propietarios, que ha sido aprobado en el real decreto ley. Desde el Gobierno no se pondrá ni un euro ni un suelo ni una vivienda que no sea para siempre pública», ha recalcado. También destaca que este año se pondrá en marcha la nueva empresa pública a cargo de Leire Iglesias Santiago, que «la tengo más tensionada que el mercado de la vivienda», ha bromeado.

Entre las iniciativas ha recordado el apoyo a la rehabilitación de viviendas vacías si son destinadas al alquiler permanente «y por debajo del precio de mercado»; el impulso al IVA a la compra de pisos con fines turísticos («lo estamos viendo con Hacienda»); y ha criticado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por no aplicar la ley de Vivienda en la región que «peor situación tiene». «Me cuesta creer que existiendo instrumentos que se traducen en bajada inmediata para los propietarios, con hasta 90% de bonificaciones si le bajan 5% a los inquilinos, no se lleve a cabo», ha expresado.

Además, ante las preguntas de la prensa, ha dejado entrever que «muchos consejeros tienen buena actitud» pero luego de las reuniones «buscan la confrontación con el Gobierno», y ha lamentado que «cuando todo llega a Génova, cortocircuita».

«No es un acto de fe, hemos levantado (el PSOE) los cuatro pilares del Estado de Bienestar y lo haremos con la vivienda. Pero en este caso está siendo muy difícil con el PP. Lo que le pido a Feijóo, si no es un acuerdo, es una tregua de Estado en este tema», ha subrayado.

Luego ha vuelto a cargar contra Ayuso y destacado que la propia presidenta madrileña admitió que el teléfono habilitado para las denuncias de okupación ha recibido una cantidad de llamadas que representan tan solo el 0,03 por ciento de la población de la comunidad. «Es un problema que existe, sí, pero ahí está la justicia y las Fuerzas de Seguridad. ¿Ese es el problema de la vivienda? Rotundamente no. No hay que generar miedo», ha recalcado.

Sobre la posibilidad de acceder al pedido de Podemos de poner en marcha la ilegalización del grupo Desokupa, lo ha rechazado y respondido que «el problema está en el acceso a la vivienda» y que si se habla de eso no se están finalmente ocupando «de lo verdaderamente importante».
    
Los sindicatos avanzan

En tanto, este martes el Sindicato de Inquilinos de Madrid y el Sindicat de Llogateres de Catalunya han anunciado en forma conjunta la convocatoria a la primera marcha a nivel estatal «por el derecho a la vivienda», el próximo 5 de abril y en todas las ciudades del Estado, como un paso más en la ruta de su plan estratégico de lucha.

Además de las marchas del 5 de abril se está preparando «con cautela» una huelga de alquileres para junio o julio

Fuentes del sindicato han informado a NAIZ que se están haciendo «los preparativos correspondientes, con cautela» para una huelga de alquileres en junio o julio de este año, que tendrían como eje las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona y Málaga, aunque podrían sumarse otras.

La movida sería la primera en su tipo desde la Segunda República y los activistas están pensando todos los recovecos legales para que la acción sea un éxito, no conlleve problemas a los inquilinos y sume a la mayor cantidad de huelguistas posibles.