El sindicato LAB ha reclamado un cambio de dirección en la política industrial, partiendo de que constatan que se están aplicando «viejas recetas» para afrontar nuevos desafíos en una coyuntura internacional incierta. Su apuesta es una transición ecosocial planificada que debe asegurar la participación de las y los trabajadores con una intervención pública «contundente».

En caso de que se obvie la necesidad de cambiar las reglas de juego y no se revierta la tendencia, la central entiende que a las y los trabajadores no les quedará otra que movilizarse. «No estamos dispuestos a dar por buena esta situación», han dejado claro, al igual que su reivindicación de una política industrial «diferente» a favor de la transición ecosocial.

Su coordinadora general, Garbiñe Aranburu, ha comparecido este jueves en Bilbo, acompañada de una veintena de representantes de empresas en conflicto, para exponer lo que consideran una «preocupante» situación de la industria en Hego Euskal Herria, valorar las políticas de los Gobiernos navarro y de Lakua, y plantear las bases para la transformación del modelo productivo.

Aranburu ha realizado un breve resumen de la larga lista de conflictos, con destrucción de cientos de puestos de trabajo y otros muchos en riesgo, que sustenta la conclusión de que el empleo industrial y el peso de ese sector en la economía se han reducido y lo va a hacer más si no se actúa con urgencia. Ha citado como ejemplo que, desde 2008, se han destruido en este ámbito productivo 39.000 empleos solo en la CAV.

La causa, en opinión de LAB, las «inadecuadas» políticas. «Se ha dejado prevalecer la lógica del mercado, se han dado todas las facilidades a las multinacionales y a los fondos de inversión para hacerse con las empresas de aquí, apoyadas con dinero público. A cambio, no se les ha exigido ningún compromiso ni requisito para el mantenimiento del empleo ni para las condiciones de trabajo de las y los trabajadores», ha indicado su coordinadora general.

Además, ha añadido que la recepción de fondos públicos no ha estado condicionada a proyectos industriales o al mantenimiento de las fábricas en ellas. «No hay compromiso de país», ha lamentado Aranburu, que ha advertido de que «con esta forma de hacer política queda en manos de las grandes empresas qué hacer con ese dinero: realizar inversiones o no; dónde y en qué invertir; el tipo de transformaciones productivas que repercutirán en las condiciones de trabajo o decidir el reparto de dividendos en lugar de socializar vía impuestos los beneficios que obtengan».

Esas políticas, ha expuesto, ha hecho que el dinero público haya acabado en «bolsillos privados» mientras la industria ha ido perdiendo peso en la economía. «No se ha impulsado ninguna apuesta por la innovación tecnológica, se ha reducido el empleo y se han deteriorado las condiciones laborales», ha denunciado.

«Preocupante» es para LAB que la capacidad de decisión de las empresas se encuentre en el extranjero. Así, son las multinacionales quienes establecen las reglas de juego en detrimento de las medianas y pequeñas compañías del país. «Estas empresas solo buscan sacar el máximo rendimiento a corto plazo, no hay ningún arraigo en el país ni ningún tipo de consideración hacia las y los trabajadores», ha manifestado Aranburu.

En cuanto al caso de Talgo, ha defendido que una intervención puntual como esta, no resolverá un problema más profundo. Respecto a Sidenor, que lidera esta operación, ha dicho que su dirección la está utilizando para bloquear las negociaciones del convenio en sus plantas.

«Viejas recetas» ante nuevos retos

Para el sindicato, la apuesta de los Ejecutivos navarro y de Lakua ante los nuevos retos que hay a nivel mundial son «viejas recetas». Es más, estiman que cada vez hay una mayor dependencia de la patronal y de las multinacionales, y como muestra que las soluciones que se plantean es no cambiar el rumbo.

En el caso de Nafarroa, LAB ha realizado aportaciones a la futura Ley de Industria, aunque desconocen que vayan a ser tenidas en cuenta. En la CAV, ha denunciado que el Gobierno de Imanol Pradales haya «subcontratado» la redacción de su plan industrial a una consultora de la que forma parte un miembro de la dirección del lobby empresarial Zedarriak.

Otro elemento que han criticado es que Lakua, a través del consejero Mikel Jauregi y del vicelehendakari, Mikel Torres, haya mostrado su respaldo a la idea de orientar la industria hacia la producción armamentística, como propone Zedarriak, al igual que a impulsar la energía nuclear.

Tampoco ha pasado por alto el papel que el Ejecutivo otorga a Confebask en el foro para definir la política industrial mientras no se da cabida a la representación de las y los trabajadores.

«Estamos ante un Gobierno sin visión de país, más dependiente del capital que nunca. En los temas que son prioritarios para el capital, en el debate del modelo productivo que el capital quiere diseñar, no hay una nueva forma de hacer que tanto se ha subrayado al inicio de la legislatura», ha resumido Aranburu de la política industrial de Lakua.

Cambio de rumbo

LAB aboga por un cambio de rumbo para transformar el modelo productivo hacia la transición ecosocial. Apuntan a que los sectores que deben transformarse son conocidos, al ser necesario reducir las emisiones y el uso de recursos naturales, así como el consumo energético. Además, señala que otros campos, imprescindibles para sustentar la vida, deben crecer. Esta remodelación debe realizarse sin exclusiones, defendiendo el derecho al empleo de todos.

Pieza clave en esa transición debe ser la intervención pública para controlar la reconversión, evitando que prime solo la lógica del mercado y las expectativas de beneficio. En este terreno, estiman fundamental que se sea más exigente con las condiciones en las que se inyecta dinero público a las empresas. Proponen que se les exija que no van a destruir empleo y van a mantener un proyecto industrial, además de compromisos con unas condiciones laborales dignas y por la innovación tecnológica. «Las empresas que repartan dividendos no tienen que recibir subvenciones públicas», ha subrayado Aranburu.

Otra apuesta debe ser, en opinión del sindicato, la reducción de jornada a una semana laboral de 30 horas. «Las reconversiones deben convertirse en una opción de reducción de jornada e impulsar la reducción de jornada. Hay que impedir la amortización de puestos de trabajo que las multinacionales impulsan con dinero», defiende.

Asimismo, consideran prioritario reforzar las leyes contra los despidos y las deslocalizaciones. «De la misma manera que entre las condiciones para recibir dinero público hay que exigir compromisos con el empleo o con proyectos industriales, cuando después la empresa quiere hacer cierres o despidos, se necesitan garantías para devolver ese dinero recibido», ha manifestado la dirigente sindical.