El fiscal federal Eduardo Taiano, designado al frente de la investigación por la jueza María Servini, ha abierto este viernes formalmente la investigación sobre la criptomoneda impulsada en redes por Javier Milei. Ha pedido informes a organismos públicos locales como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia, según informó la prensa local citando fuentes de la investigación.

Taiano dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación y busca establecer las circunstancias que rodearon la creación y el lanzamiento de $LIBRA, así como el rol de cada uno de los implicados.

Por el momento, el fiscal está investigando el papel que cumplieron tanto Milei como otros cinco involucrados.

Estos son los argentinos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, el estadounidense Hayden Mark Davis y el empresario natural de Singapur Julian Peh.

Según el portal Infobae, el fiscal planteó que los hechos investigados podrían encuadrarse en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.

La empresa de Davis, Kelsier Ventures, y la de Peh, Kip Protocol, fueron apuntadas como las impulsoras y ejecutoras del lanzamiento de $LIBRA, mientras que Novelli y Terrones Godoy habría sido los intermediarios entre Milei y estos empresarios extranjeros.

«De buena fe»

El Gobierno argentino vive desde el pasado viernes una de sus mayores crisis políticas desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, tras una publicación del mandatario en apoyo al lanzamiento de la $LIBRA, que, según él, financiaría emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina.

La divisa se disparó e infló su precio hasta que los inversores mayoritarios retiraron con ganancias millonarias. Esto generó el colapso de su valor y, ante las primeras acusaciones de estafa, Milei eliminó su publicación.

El mandatario argentino dijo haber obrado «de buena fe», enfatizó que difundió la criptomoneda, pero no la promocionó, y se negó a asumir responsabilidad por los damnificados.

En los días posteriores a este episodio, la justicia argentina comenzó a recibir denuncias en nombre de parte de los afectados, mientras que también se presentó al menos una denuncia ante la justicia estadounidense.