No fue casual ni coincidencia que Carlos Mazón, el cuestionado president valenciano, haya llegado hace dos días a Madrid a ser ponente en uno de los principales foros políticos de la capital para explayarse largo rato sobre lo ocurrido el día de la trágica DANA y argumentar una narrativa diametralmente opuesta a la del Gobierno.

Aquellas dos horas de datos, quejas y victimización, además de graves acusaciones al Gobierno español (alegó que le escatimaron información y ayuda y que venían tratando al País Valencià como un ‘país extranjero’) fueron el día anterior a que se conociera el dato oficial provisto por la propia Generalitat: Mazón no estaba presente en la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) cuando se decidió enviar la alerta a los ciudadanos por la DANA, minutos después de las 20.00.

Dos días después, en Madrid todos atan cabos; Mazón vino el lunes a instalar el marco narrativo antes de que se filtraran los datos de la investigación y, desde la cacofonía mediática de la capital del Estado, intentar influir. No por nada eligió un hotel del centro madrileño, y no Les Corts Valencianes, para comentar un dato hasta ahora desconocido; según él, desde el restaurante Ventorro, mientras mantenía una presunta reunión laboral, hizo «16 llamadas» telefónicas a diferentes personas, y vinculadas a la tormenta.

También aprovechó aquella oportunidad para enfatizar que él no tenía voto en el Cecopi porque el president de la Generalitat no vota allí, y se ocupó de destacar que tampoco estuvieron presencialmente la delegada del Gobierno y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a quien achacó la culpa por la presunta desinformación que retrasó el aviso de alerta.

Personas mayores con escasa movilidad

Al día después, la Generalitat ha admitido que Mazón no estaba presente en el momento en que se decide enviar la alerta. Lo ha hecho por el requerimiento de la jueza que investiga la labor de la administración en aquella trágica jornada en la que murieron 227 personas por la DANA. Este miércoles también se ha conocido otro dato; la mayoría de las víctimas eran ancianos con escasa movilidad que perdieron la vida antes de recibir la alerta oficial y mientras el 112 estaba colapsado, según fuentes conocedoras del sumario.

En ese marco y ante la brutalidad de las contradicciones –él mismo dijo que «a media tarde» ya estaba reunido presencialmente con el Cecopi–, portavoces populares han salido este miércoles a respaldar a Mazón y reiterar que quien tiene que dar más explicaciones y tener autocrítica es el Gobierno de Pedro Sánchez.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha dicho que su formación mantiene el apoyo al president y ha puesto en valor que «ha dado la cara, ha dado explicaciones y no ha salido corriendo» por lo que «no se le puede pedir más». Otro miembro de la ejecutiva de Feijóo ha señalado ante la pregunta de NAIZ que la posición del partido «sigue como hasta ahora» y que se aceptan como válidos sus argumentos. Aunque ante la pregunta sobre si renunciará, prefieren no responder.

Fuentes conocedoras de los sucesos de Génova empiezan a sospechar que podría haber en los próximos días algún movimiento para influenciar en su dimisión, debido a que la investigación penal de la jueza de Catarroja no hace otra cosa que exhibir las flaquezas del relato de Mazón.

Beneficios tras dos años de mandato

Incluso, quienes conocen la dinámica política de València señalan que en la tercera semana de marzo se lleva a cabo una de las jornadas principales del calendario regional, el fin de Les Falles, una festividad que suele encabezar el president de la Generalitat. De hecho, hace dos días, Mazón se ha ausentado de la fiesta de la Crida, el banderazo inicial de las fiestas.

Algunos no obvian un dato no menor que hace referencia a la situación personal de Mazón. Según la legislación valenciana, si el president dimite una vez cumplidos dos años de mandato y convoca un adelanto electoral (es decir, si no es echado con moción de censura), tiene derecho a un sueldo de 75.000 euros anuales durante 15 años, además del pago de dos asesores personales y un chófer.

Para gozar de estos beneficios, Mazón debería de dejar de liderar el Govern y disolver Les Corts después de mayo, cuando se cumplen dos años del actual ejecutivo, que fue la primera coalición con Vox firmada por un PP autonómico en 2023. Al no tener mayoría absoluta, el PP de València no podría elegir otro líder y estaría forzado a negociar con la ultraderecha un sustituto, si no quiere convocar unas elecciones que muy posiblemente le devolverían la mayoría al bloque progresista.

En tanto, Sumar, Compromís y Esquerra Republicana han vuelto a reclamar este miércoles la dimisión de Mazón, a quien han tachado de «mentiroso compulsivo». La diputada Agueda Micó, de hecho, ha asegurado ante la prensa en el Congreso que existen mensajes de la exministra Teresa Ribera enviados a Mazón y que él responde que no tiene cobertura. Por ahora, el PSOE mantiene su posición de no forzar una moción de censura en Les Corts.