
LAB rechaza el Plan de Empleo de Nafarroa 2024-2028 recientemente aprobado por el Consejo del Diálogo Social, al considerarlo «un mero ejercicio de propaganda, excluyente y vacío porque sigue sin tener mayoría sindical y en él prevalecen los intereses de cada uno de los agentes implicados por encima del interés público y general».
En este sentido, LAB denuncia la utilización que realizan sus impulsores de las «supuestas» actuaciones relativas a la siniestralidad laboral, «donde la medida estrella es la repetición de la figura del Delegado Territorial de Prevención (1.640.000 euros para la CEN, UGT y CCOO), con el que se ha llegado a esta lamentable situación».
Al igual que las actuaciones referidas a las bajas, «comprando el discurso empresarial contrario a la salud de trabajadores y trabajadoras sobre el absentismo. Incluir estas medidas en el plan de empleo nos hace pensar que le han usurpado la salud laboral al Consejo Navarro de Salud Laboral, con el objetivo de excluir a LAB y sus propuestas».
También considera como «propagandísticas» las normas que se pretende aplicar frente a las brechas machistas, un problema político que va más allá de la diferencia en la remuneración que reciben mujeres y hombres por los trabajos que realizan, o la discriminación que sufren en el acceso al empleo».
Dicho plan de empleo no recoge «ninguna medida estructural», a juicio de LAB, para darle la vuelta a dicha realidad y critica que el Ejecutivo foral «sigue sin convocar una mesa para implementar un sistema público y comunitario de cuidados».
El sindicato abertzale defiende que los centros de trabajo «tienen que ser espacios libres de violencia machista», sin que se hayan recogido medidas «efectivas» para ello, «siendo la violencia machista un problema político y social que debería ser de primer orden para el Gobierno de Navarra».
LAB tampoco apoya el Plan del Servicio Navarro de Empleo (SNE), acordado por las asociaciones empresariales de la CEN y CEPES, los sindicatos UGT y CCOO, y el Gobierno de Nafarroa, porque en la negociación del mismo «no ha sido posible tratar el fortalecimiento del SNE en la contratación y en la intermediación laboral, hablar sobre cláusulas de empleo de calidad en sus políticas y garantizar la igualdad de oportunidades».
«El desprecio con el que los empresarios de la CEN tratan las aportaciones del resto de participantes del SNE, la sumisión de los sindicatos UGT y CCOO y la falta de ambición del Gobierno de Navarra han imposibilitado cualquier avance en la dirección adecuada», abunda.
«Planteamientos de hace diez años»
La central sindical abertzale considera que «nadie puede entender que todavía hoy la patronal y esos sindicatos realicen planteamientos de hace diez años, que únicamente responden a los intereses que tienen como agentes ejecutores de las políticas activas de empleo».
Censura que «quienes se resisten a pagar impuestos y se benefician de muchos millones de euros a través del SNE, en concepto de «ayudas al fomento del espíritu empresarial» y «formación adaptada para las empresas» –por poner dos ejemplos que suman más de 41 millones de euros frente a los míseros 267.125 euros destinados al fortalecimiento público–, se nieguen a intermediar la contratación laboral a través del servicio público que garantiza la igualdad de oportunidades y cumplimiento con cláusulas de empleo de calidad».
LAB asegura que va a seguir defendiendo la necesidad de «una plataforma pública de intermediación y contratación, de un SNE público fuerte a disposición de las demandas y expectativas de las personas desempleadas, especialmente de los colectivos más vulnerables (mujeres, jóvenes, migrantes, mayores de 45 años, personas paradas de larga duración, etc.)».
«Existen alternativas prácticas a este tipo de planes que no sirven para nada y que solo recogen la agenda marcada por los empresarios (infraestructuras, absentismo y ayudas sin retorno). Los empresarios de la CEN y los sindicatos UGT y CCOO no han mostrado voluntad de abordar y alcanzar un acuerdo en este sentido y el Gobierno de Navarra mira para otro lado como si esta cuestión no fuera con ellos», concluye.
LAB ha insistido en su reclamación de un salario mínimo de 1.600 euros en Nafarroa, mediante un acuerdo interprofesional que el sindicato considera «perfectamente legal y posible». Entiende que esa cifra «mejoraría directamente las condiciones de vida de miles y miles de trabajadoras y especialmente aquellas en condiciones más precarias».
Una medida estructural que también favorecería «al conjunto de la clase trabajadora frente a la estrategia patronal, que busca equiparar a la baja y precarizar las condiciones salariales y laborales de todas», explica la central sindical en una nota.
Insiste LAB en que dicho acuerdo, además de «una buena noticia», sería «algo necesario para la mayoría social». Y reclama que interpelar a los empresarios para que se llegue a él «debiera ser la función del Gobierno de Navarra y su presidenta, y no adoptar posturas partidistas para sabotear las iniciativas del resto de agentes sindicales».

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