«Las medidas incluidas en las iniciativas legislativas adolecen de cierta indeterminación que pueden resultar incompatibles con los principios de seguridad jurídica y legalidad garantizados por el artículo 9.3 de la Constitución española».

Así lo afirma un informe de la letrada mayor del Parlamento navarro, Silvia Doménech. Concluye que de este modo que las propuestas planteadas por UPN para impedir que expresos pudieran trabajar como profesores en la enseñanza pública navarra no se ajusta a la legalidad.

Tras una polémica desatada en enero por la derecha política y mediática por el hecho de que un antiguo preso político impartiese clase en un instituto de Tutera, UPN anunció que iba a presentar en el Parlamento navarro una serie de modificaciones en las leyes para «evitar que un etarra pueda ser profesor de un aula», con argumentos como «un agresor sexual no puede dar clase, queremos que un terrorista tampoco».

❌ La contratación en el IES Valle del Ebro de un condenado por pertenencia a ETA es indecente

➜ Es un despropósito que un condenado por vinculación con acciones terroristas esté impartiendo clase en un instituto público de Navarra

Todo nuestro rechazohttps://t.co/HpX9opd5ac

— UPN (@upn_navarra) January 21, 2025

«Si con la ley actual no se ha podido impedir la contratación de este etarra como profesor interino, a partir de ahora, con la aprobación de nuestras leyes, se podrá hacer», señalaba Cristina Ibarrola, presidenta de UPN, al diario ‘Abc’. Y ya de paso, criticaba al PSN por no sumarse a esta caza de brujas.

UPN pretendía que sus modificaciones legales se tramitasen por el procedimiento de urgencia «para que la sociedad navarra pueda seguir avanzando».

Sin embargo, se ha encontrado con un informe de la letrada mayor del Parlamento que deja en evidencia su proposición destacando que puede provocar inseguridad jurídica, lo que se ha conocido este lunes. El informe fue solicitado por el PSN y su realización fue apoyada por Geroa Bai, EH Bildu y Contigo-Zurekin.

UPN «no comparte» las conclusiones del informe

La primera reacción de UPN ha venido este lunes de la mano de la parlamentaria Marta Álvarez, que ha comparecido ante los medios para señalar que su grupo «no comparte las conclusiones» del informe de la letrada mayor y ha manifestado que en sus propuestas «no hay ilegalidad alguna».

«Desde la política hay que actuar con todos los medios legalmente posibles. Las personas con antecedentes por terrorismo están deslegitimadas moral y éticamente para trabajar con estudiantes, sobre todo con menores de edad», ha insistido Álvarez, que considera que concluir que existe inseguridad jurídica en estas proposiciones es «entrar en un terreno pantanoso».

Álvarez ha destacado que el informe de la letrada mayor del Parlamento «no ve ni un solo vicio de inconstitucionalidad» y que «también concluye que paralizarlas puede vulnerar nuestro derecho a la participación política. Por ello, ha emplazado al PSN a posicionarse sobre el contenido de las proposiciones.

La letrada mayor del Parlamento no ve inconstitucionales nuestras iniciativas para evitar que condenados por terrorismo puedan ser profesores.

También concluye que paralizarlas puede vulnerar nuestro derecho a la participación política.

¿Qué va a hacer ahora el PSN? pic.twitter.com/tQ7y1wnaVi

— UPN (@upn_navarra) March 10, 2025

Admitida a trámite

La Mesa y Junta de Portavoces ha admitido a trámite las proposiciones de ley de UPN. Pese a ello, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que «evidentemente, estas dos proposiciones de ley son inconstitucionales, pero, al no haberse tramitado, no se pueden declarar como tales».

«Por lo tanto, si se aceptasen y se aprobasen, serían inconstitucionales como marca el informe de la letrada», ha añadido.

UPN lleva sus propuestas al Congreso español

UPN ha anunciado que llevará al Congreso español las mismas propuestas que ha presentado en el Parlamento navarro.

«Navarra no debe esperar a lo que decidan en Madrid porque tenemos competencia, porque la proposición de ley encaja en el marco constitucional y porque hay que actuar para impedir a futuro que nuestros hijos sean atendidos/educados por personas que, por su pasado, no están capacitadas para ejercer estas tareas», ha señalado Álvarez.