Los Gobiernos de Madrid y Lakua, y el Ayuntamiento de Donostia han formalizado este jueves un acuerdo para el desarrollo de la segunda fase del barrio de Txomin-Enea, con la construcción de 400 viviendas en el solar de actualmente ocupa la cárcel de Martutene y su entorno. De este modo, se culminará un plan impulsado en la legislatura 2011-2015, en la que Bildu gobernó el Ayuntamiento de la mano de Juan Karlos Izagirre.

A la conclusión del plan, el 68% de las viviendas de Txomin I y Txomin II serán protegidas. En Txomin II, que incluye la cárcel, el porcentaje asciende al 75%.

Junto a las viviendas, el plan aprobado por el equipo de gobierno de Bildu, con participación vecinal, incluía actuaciones para limitar el efecto de las inundaciones del río Urumea.

Se prevé cerrar el centro penitenciario este mismo año, una vez se termine de construir la nueva prisión en la zona de Eskuzaitzeta.

Las tres partes implicadas se han reunido a primera hora de esta mañana en la sede del Gobierno autonómico en Donostia, ubicada en la calle Andia, antes de comparecer conjuntamente en Martutene cerca del mediodía.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha destacado que «uno de los objetivos fundamentales del Gobierno de España es propiciar la construcción de vivienda protegida, de vivienda asequible y máxime en zonas de mercado tensionado como San Sebastián». 

Una proporción del 35%

El Ejecutivo español es propietario de un 35% del suelo en el que se llevará a cabo la operación. «El Gobierno de España se va a hacer cargo del porcentaje de urbanización correspondiente a los suelos que tiene, que son los de la cárcel de Martutene, y a la construcción de viviendas en proporción a esos suelos disponibles», ha aseverado.

Según ha señalado, en la reunión interinstitucional mantenida este jueves se ha abordado «el proceso de desalojo de la cárcel, el proceso que va a conllevar la urbanización del ámbito y en que podamos tener las viviendas lo antes posible» y para ello «se ha conformado un grupo de trabajo entre las tres administraciones».

David Lucas ha recordado que «hace muchísimos años» que el Gobierno español «no construye y no impulsa viviendas en el País Vasco», por lo que con esta operación «se abre una nueva etapa, un nuevo periodo para hacer posible que propiciemos vivienda asequible, vivienda protegida a precios a los que los ciudadanos puedan optar a ellas».

«Espero que los trabajos puedan iniciarse lo antes posible, que el grupo de trabajo pueda diseñar un buen proyecto de recuperación de esta zona y sobre todo de viviendas adecuadas y asequibles para los ciudadanos», ha insistido.

Derribo y elevación de la cota

En representación del Gobierno de Lakua, el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, se ha mostrado convencido de que esta operación va a permitir «seguir aliviando el problema del tensionamiento que vive esta ciudad y que vive buena parte de las ciudades vascas».

«Hemos constituido un grupo de trabajo técnico, estamos en marcha, estamos alineados y, por tanto, nuestro objetivo es que en la medida en que esta cárcel deje de serlo, los presos y presas vayan siendo trasladados al nuevo centro penitenciario de Zubieta a la mayor brevedad posible y podamos proceder a su demolición, al recrecimiento de toda esta zona a la elevación de su cota, a la urbanización y a la posterior construcción de toda esa vivienda protegida que está prevista en el ordenamiento urbanístico que ha planificado el Ayuntamiento de San Sebastián», ha apuntado.

Itxaso ha destacado que el hecho de que el Gobierno de Madrid «no solamente facilite suelo y lo ponga a disposición, sino que se comprometa con la construcción de vivienda, es nuevo y es una buena nueva también. Todas las manos institucionales son necesarias, toda la contribución pública será necesaria».

Retraso en el traslado

Por su parte, el alcalde Eneko Goia ha explicado que «esta es una operación que se ha retrasado más de lo que nos hubiera gustado precisamente porque estaba condicionada a la salida de la propia cárcel».

«Nuestro empeño va a ser que desde el momento en el que salga el último recluso, podamos empezar ya primero con la demolición, con el proyecto de urbanización, su ejecución para posteriormente construir 400 viviendas en este ámbito», ha señalado.