El Parlamento Foral ha aprobado este jueves la creación de la Agencia de Transición Energética de Nafarroa (ATENA), con el objetivo de combatir el cambio climático y fomentar la adaptación a sus efectos, además de impulsar la eficiencia y el ahorro energéticos. La iniciativa ha salido adelante con los votos de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de UPN, PP y la parlamentaria no adscrita, y el voto en contra del parlamentario del Grupo Mixto.

La agencia se constituirá como una entidad pública empresarial con personalidad jurídica propia, aunque estará sometida a la tutela del Gobierno de Nafarroa, y nace con el objetivo de promover un modelo basado en fuentes renovables, la generación distribuida y el autoconsumo.

Entre sus funciones, se encargará de diseñar y ejecutar el Plan Energético de Nafarroa, promover la instalación de sistemas de energía renovable y almacenamiento, y gestionar la venta de excedentes energéticos. Asimismo, apoyará las inversiones en proyectos energéticos, priorizando las iniciativas de entidades sin ánimo de lucro y comunidades energéticas.

ATENA también trabajará para posicionar a Nafarroa como referente en innovación energética, impulsando proyectos pioneros, fomentando la participación ciudadana en proyectos energéticos y ofreciendo asesoramiento técnico a administraciones públicas y entidades locales.

En el turno de intervenciones, el parlamentario del PSN Javier Lecumberri ha reivindicado la creación de una agencia «consolidada, con unas funciones bien definidas, con unas herramientas suficientes para ejercer la función que debe ejercer y con los suficientes órganos de control en su labor». Asimismo, ha puesto en valor sus dos objetivos: «Luchar contra el cambio climático y adaptarnos a las consecuencias, algunas ya inevitables, especialmente en la cuestión energética».

«Herramienta fundamental»

Oihan Mendo, de EH Bildu, ha celebrado que «se cumple escrupulosamente» uno de los acuerdos alcanzados entre su formación y el Ejecutivo, por lo que «estamos contentos, siempre hemos pensado que la Agencia es una herramienta fundamental en la lucha contra el cambio climático». «Existe un irrebatible consenso científico que reclama medidas, pero también se está alzando una reacción autoritaria que no reconoce ni acepta ningún límite a la acumulación capitalista individual», ha denunciado.

Desde Geroa Bai, Mikel Asiain ha recordado que «la emergencia climática, que nos interpela a empresas, administraciones públicas, ámbito científico, agentes sociales y a la ciudadanía en su conjunto, supone una indudable amenaza de orden planetario». Sin embargo, también es «una oportunidad para adaptarnos al cambio y transformar desde la acción local nuestra forma de producir, consumir y vivir, y para reorientar las políticas hacia un modo de vida más sostenible y saludable».

Miguel Garrido (Contigo-Zurekin) ha reconocido que «siempre es difícil hablar de desafíos a escala global en el ámbito regional, porque a veces suena catastrofista, pero queremos reivindicar que, aunque a veces suenen excesivos, son reales». «El principal vector que tenemos para luchar contra el cambio climático es la descarbonización, y es imposible abordarla solo desde el sector privado, desde el liberalismo», ha señalado.

Ana Elizalde, de UPN, ha criticado que «aunque parezca mentira, esta ley está vacía de contenido», así como que «han traído la ley a este Parlamento tres años más tarde» y que «todo su desarrollo se va a hacer vía decreto foral». La parlamentaria regionalista ha lamentado que la mayoría que sostiene al Ejecutivo no haya aceptado sus enmiendas, ya que «mejoraban claramente las funciones de ATENA y, sobre todo, le reconocían las funciones que debe desarrollar sin vaciar de contenido este proyecto».

Maribel García Malo (PP) ha reprochado que «tienen ustedes mucha preocupación por todo lo que tiene que ver en la lucha contra el cambio climático, pero todavía no han puesto en marcha el Consejo Social sobre Política de Cambio Climático, fundamental en el desarrollo de estas políticas». Asimismo, ha criticado el retraso en la aprobación de la ley, ya que «debería haberse remitido a este Parlamento en octubre de 2022, pero el Gobierno no la aprobó hasta enero de 2025».

Finalmente, Emilio Jiménez, del Grupo Mixto, ha denunciado que la ley «va encaminada a la imposición de esa nueva religión climática, algo que está provocando la ruina de Occidente si persisten en esa agenda climática».