Recursos insuficientes y obsoletos, además de agresiones constantes a las plantillas, tanto verbales como físicas, es lo que ha denunciado en el Parlamento navarro una representación de trabajadores del sistema de protección de menores del herrialde, que ha hecho «una llamada de auxilio, porque no podemos mas».

En concreto, han comparecido en la Comisión de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, donde Julen Ardanaz ha recordado que «la intervención social hace que las personas que escupe el sistema capitalista tengan una posibilidad de desarrollarse socialmente. Que sean tenidas en cuenta y que no hayan más casos es nuestro trabajo».

Ha explicado los recursos y programas que se encargan de atender a estos menores, pero ha puesto el acento en que «la sociedad cambia y las instituciones van por detrás. El sistema de protección social es un claro ejemplo, porque apenas ha cambiado. Los medios no se actualizan. Los perfiles de las personas que se atienden ha cambiado, pero los recursos no».

Junto a esa situación, Sara Legarda ha puesto el acento en que las plantillas están «desprotegidas», hasta el punto de que «hay un parte diario de agresiones, tanto físicas como verbales». Como ejemplo, ha desvelado que en uno de los recursos, tan solo en el mes de enero se denunciaron 170 agresiones, de las que 61 fueron verbales y 56 físicas». Una violencia que se traduce en que «en algunos recursos, más del 70% de la plantilla está de baja».

Azahara de la Torre ha puesto de relieve «la ineficacia del sistema para atender las necesidades de las usuarias y la protección de las trabajadoras». Ha explicado que se han llegado a realizar «traslados de usuarios en vehículos particulares sin que cubra el seguro las incidencias que puedan ocurrir» o que a algunas trabajadoras les «han llegado a coger del cuello y amenazar de muerte». Incluso han llegado a arriesgar su vida para salvar a una usuaria que amenazaba con tirarse desde un balcón.

Piden «un compromiso político»

Maitane Erro y Aitor Baztarrika han expresado las peticiones y soluciones que se plantean al Parlamento y al Gobierno desde los trabajadores ante esta situación. En concreto, han solicitado que «se desbloqueen los convenios y la creación de nuevos recursos para los perfiles actuales, como menores con problemas de salud mental, y la publificación del sistema».

Asimismo han pedido «la participación activa en la toma de decisiones y que se reestructure el sistema de acuerdo a las nuevas necesidades y que en la UPNA esté al grado de educación social».

Y para lograr estas peticiones, han solicitado «un compromiso político» y, más en concreto, que «se habilite una partida para el desbloqueo de esta situación».

Desde EH Bildu, Javier Arza ha recordado que durante el año 2024, se ha registrado un incremento de un 21% en menores en situación de guarda o bajo la tutela del Gobierno, tanto migrantes como autóctonos, y que, ante el panorama descrito por los trabajadores, su formación exige «un plan de choque para reforzar el programa de asistencia y en el que deben estar presentes los profesionales».

Por UPN, Raquel Garbayo ha calificado de «indigno y bochornoso lo que hoy se está poniendo de manifiesto» y ha señalado que cuando se ha trasladado esta cuestión «a la presidenta y la consejera, nos dicen que se está trabajando en ello y que las cosas están bien, pero ni todo está bien, ni se está trabajando en ello, porque cada vez hay más problemas». Y ha abogado por «garantizar unos derechos básicos a los menores y que los trabajadores tengan un salario y condiciones laborales dignas».

Isabel Aranburu, por Geroa Bai, ha recordado que «no es la primera vez que escuchamos estos problemas y necesidades», y ha puesto el acento «en dos problemas muy importantes: la sobreocupación de algunos centros y la falta de un modelo común de intervención entre las entidades que gestionan los recursos», que conllevan «condiciones laborales de tensión, de miedo, de incertidumbre». Ha asegurado que su formación va a «contrastar con el departamento todo esto, porque son cuestiones graves», y ha asegurado a los trabajadores que «pueden contar con nosotros para dar la vuelta a lo que ocurre en el sistema de protección de menores».

La portavoz del PP, Isabel García Malo, ha asegurado a los trabajadores que «lo que hacen hoy es un acto de enorme responsabilidad, porque la situación es muy grave y no se le puede poner paños calientes, que es lo que están haciendo el Gobierno y algunos grupos». Ha añadido que «lo que están contando es una alarma social, porque están atendiendo a personas con necesidades urgentes en condiciones precarias, con miedo al desarrollar su trabajo. Es insostenible». Y ha concluido que esta situación «requiere un análisis urgente y una solución urgente».

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha compartido el análisis de que «es un sistema agotado y con una tensión que están pagando ustedes», lo que «nos obliga a repensar el modelo de intervención social». Ha reconocido que «no tenemos respuesta, no tenemos la solución integral a ese modelo», pero ha asegurado que «hay cuestiones que sí se pueden abordar, como la dignificación de los profesionales y un modelo común de intervención», además de «hacer un seguimiento del cumplimiento de los pliegos de las empresas».

Por último, desde el PSN, Olga Chueca ha afirmado que «hay que distinguir los centros de primera acogida y el resto de recursos» a la hora de hablar de recursos desbordados, e indicado que «hay personal de seguridad, aunque eso no quiere decir que los casos cada vez no sean más complejos». Y ha instado a que «si se incumplen los pliegos y las inspecciones muestran eso, hay que comunicarlo». Ha finalizado afirmando que «se está intentando cambiar la mirada hacia un modelo de otro tipo de acogimiento, que es a lo que debemos aspirar».