La condena contra Marine Le Pen por un delito de malversación de fondos procedentes del Parlamento Europeo ha provocado una feroz respuesta de su formación política, la ultraderechista Rassemblement National (RN), una ofensiva centrada en presentar el fallo como un ataque del «sistema» y en cargar contra el estamento judicial, pese a que la sentencia castiga algo tan terrenal y ajeno a la pugna ideológica como un fraude económico. De algo más de cuatro millones de euros, en concreto.

«El sistema ha lanzado la bomba nuclear», llegó a decir ayer Le Pen en una reunión con diputados de su partido. Añadió que si lo ha hecho «es evidentemente porque estamos a punto de ganar las elecciones», por lo que, añadió, ha decidido pasar «a una marcha superior».

«Si los jueces y magistrados deciden quién puede presentarse a unas elecciones y a quién pueden votar los franceses, entonces no estamos en una democracia», afirmó la líder de la extrema derecha gala, condenada a cuatro años de prisión, dos de ellos en firme, aunque puede cumplirlos en arresto domiciliario con un brazalete electrónico, a 100.000 euros de multa y a una inhabilitación para acceder a un cargo público durante cinco años, que compromete sus opciones presidenciales.

Le Pen, que estaba en «el corazón» del sistema fraudulento de su partido según el Tribunal Correccional de París, insistió en que la sentencia es «un auténtico escándalo democrático» y aseguró que van usar «todos los medios a nuestra disposición» en la apelación, y que «vamos a ganar».

«Negación» del Estado de derecho

En parecidos términos se expresó su número dos y posible candidato a las presidenciales en 2027, Jordan Bardella, quien declaró que «harán todo lo posible para impedirnos llegar al poder». «Los jueces han decidido, pura y simplemente, eliminar de la carrera presidencial a la candidata del primer partido de Francia, la favorita de los sondeos y la probable próxima presidenta», sostuvo en una entrevista con la emisora Europe 1, donde añadió que el fallo contra Le Pen es «una negación» del Estado de derecho.

Bardella aseguró que «millones de franceses están indignados», y denunció «la tiranía de los jueces», a los que calificó de «rojos» porque, arguyó, «a menudo se vuelven contra un campo político», en referencia a los casos del expresidente Nicolas Sarkozy, condenado a tres años de prisión –reducida a uno de arresto domiciliario–, por corrupción y tráfico de influencias, y el ex primer ministro François Fillon, condenado a cuatro años de cárcel por haber contratado de forma ficticia a su esposa como asistenta parlamentaria entre 1998 y 2013.

Estas afirmaciones, acompañadas del eslogan ‘Salvemos la democracia, apoyamos a Marine’ lanzado por RN en las redes y la acción coordinada de sus dirigentes para cargar públicamente contra los jueces motivó que el fiscal jefe del Tribunal de Casación, el más alto órgano judicial francés, saliera a destacar que «la Justicia no es política» y «esta decisión no ha sido política».

En una entrevista con la emisora RTL, Rémy Heitz señaló que la decisión del Tribunal Correccional «fue tomada de acuerdo a las leyes» y en aplicación de las normas votadas en el Parlamento, y calificó de «inadmisibles» los ataques contra el estamento judicial.

La Policía refuerza la protección de la jueza que condenó a la líder ultra

La Policía han reforzado la vigilancia del domicilio de la jueza que presidió el proceso contra Marine Le Pen a raíz de las amenazas recibidas en las últimas horas. Según fuentes policiales citadas por el diario ‘Le Figaro’, una patrulla efectúa rondas constantes en torno a la vivienda de Bénédicte de Perthuis, la cara visible de un juicio que se prolongó durante dos meses y de la sentencia conocida el lunes, sobre la que cabe recurso.

Estas fuentes atribuyen la vigilancia a los «numerosos» mensajes vertidos contra la magistrada en las últimas horas; unas amenazas condenadas igualmente por el Gobierno francés. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, escribió en la red social X que «las amenazas proferidas contra los magistrados del tribunal judicial de París son inaceptables en una democracia y preocupantes para la independencia de la autoridad judicial».

Estas amenazas llegan en plena campaña de Le Pen y sus compañeros contra el estamento judicial, aludiendo al presunto fondo político de la sentencia