ELA se ha movilizado por las calles de Bilbo e Iruñea para reivindicar que el importe del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se decida «aquí» –ese ha sido su lema principal este Primero de Mayo– y ha exigido a través de su secretario general, Mitxel Lakuntza, que el Lehendakari de la CAV, Imanol Pradales, se implique en dicha tarea. «No vale la equidistancia con la patronal», le ha espetado.

Como ya anunció hace unos meses, esta organización sindical ha fijado en 1.795 euros dicho SMI «para repartir la riqueza de una forma más equitativa, ya que miles de trabajadoras y trabajadores están lejos de percibir un salario que se acerque a esa cantidad, especialmente en sectores feminizados y racializados».

ELA ha anunciado que, con fecha de hoy, se iniciará una recogida de firmas, juntos a otros sindicatos y organismos, para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que articule la reivindicación de un SMI propio a través de los Parlamentos de Gasteiz e Iruñea.

«Esto solo acaba de empezar; traer el SMI a Euskal Herria es una prioridad estratégica para este sindicato. Y se lo hemos dicho al lehendakari: no es posible ni aceptable la equidistancia cuando hablamos de las condiciones de vida de las personas más precarias. ¿Cree el lehendakari que el SMI debe subir? ¿Cree que debe decidirse aquí? Si la respuesta es sí, tiene que ponerse manos a la obra y exigir a la patronal que se siente a negociar», ha remarcado Lakuntza.

En esta línea, ha puesto de manifiesto que «la lucha por un SMI propio pone sobre la mesa un debate de fondo mucho más profundo: ¿quién decide sobre nuestras condiciones de vida y de trabajo? La realidad es clara: la mayor parte de la legislación laboral, de pensiones, de protección social... sigue imponiéndose desde Madrid. Y mientras tanto, en Gasteiz, las tres principales fuerzas políticas ya adelantan un supuesto consenso para una reforma estatutaria. Pero ¿qué sentido tiene un nuevo estatuto si ni siquiera tenemos garantizadas competencias reales sobre lo que más afecta a nuestra vida cotidiana?».

En el caso de Nafarroa, el coordinador de ELA en este herrialde, Imanol Pascual, ha recordado que tanto la CEN, como UGT y CCOO, han «rechazado» la firma de un acuerdo interprofesional para lograr que el territorio foral disponga de un SMI propio.

Ni un euro para gasto militar

Ante la actual coyuntura belicista, Lakuntza ha denunciado la actitud de los diversos gobiernos. «En este proceso de militarización global, queremos denunciar el papel central que está jugando la OTAN. Para ELA, esta organización no es ninguna garantía de paz. Al contrario, ha actuado como un auténtico brazo del imperialismo occidental».

También ha extendido su crítica a los ejecutivos de Lakua e Iruñea, al entender que «el respaldo de Pradales y Chivite a esta deriva militarista es especialmente grave. Porque legitiman que nuestra sociedad entre de lleno en una dinámica de guerra, sin reflexionar sobre las consecuencias humanas y sociales. ¿Cómo se puede justificar que la prioridad política sea la industria armamentística en un país donde crecen la desigualdad y el empobrecimiento, donde hay miles de personas sin acceso a vivienda o con servicios públicos deteriorados?».

Como alternativa, ELA ha presentado a Lakua un planteamiento completo para una nueva política industrial. «Es necesaria una iniciativa pública más sólida para apostar por un modelo productivo más sostenible: un modelo en el que los y las trabajadoras deben tener garantizada la participación y donde la producción esté arraigada en el país», para lo que este sindicato ha propuesto un fondo público de 2.300 millones de euros y unas condiciones concretas para la inversión de los fondos de las EPSV.

Desde Los Caídos

La movilización que se ha desarrollado en Iruñea ha partido desde Los Caídos, donde se ha realizado un simulacro de derribo haciendo caer y rompiendo un puzzle con piezas que replicaban en cartón piedra dicho monumento. Pascual ha reflejado que su sindicato «comparte la decepción y el enfado de las asociaciones memorialistas ante el acuerdo alcanzado por PSN, Geroa Bai y EH Bildu para no derribar» dicho edificio.

Durante la marcha, que ha transitado por Zabalgunea y Alde Zaharra de la capital navarra, se han coreado consignas contra la precariedad laboral, el gasto militar, el patriarcado y el capital, y a favor de la lucha feminista y Palestina. En la comitiva, además de estar encabezada por una pancarta con el lema de la movilización, también se han portado otras reivindicando la lucha de los trabajadores de las villavesas, Comansa, Benito Meni, residencias de Nafarroa, jardineros de Iruñea y Arcelor, entre otras.

La manifestación ha finalizado en la Plaza Consistorial, donde Pascual y Saioa Urriza (responsable comarcal) han denunciado, en euskara y castellano, que «no hay apagón suficiente para tapar los datos de la siniestralidad. Queremos ir a trabajar sin miedo a no regresar a nuestras casas».

Asimismo, han censurado la «avaricia» de las empresas por «poner en juego» miles de puestos de trabajo y han demandado leyen que impidan «los abusos que estamos sufriendo», a la par que han extendido su solidaridad a aquellas factorías navarras que ahora mismo están viviendo momentos delicados para su futura existencia, algo que ha sido acompañado con aplausos.

Finalmente, han reprochado que la economía navarra creciese dos puntos el año pasado y, en cambio, en ese mismo periodo, el número de personas en riesgo de pobreza «aumentó de 96.000 a 114.000». «Esto sucede porque ni el gobierno de Barkos, ni el de Chivite, se han enfrentado a los poderes económicos, y porque los partidos de izquierdas han renunciado a una reforma fiscal de calado», han apostillado.