El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas en Donostia, si no el principal. Esta es una afirmación en torno a la cual existe un amplio consenso, independientemente de posiciones políticas. Unas 13.000 solicitudes de vivienda registradas dan fe de ello, cifras que certifican lo que se ha bautizado como ‘emergencia habitacional’.

Ante ello, el grupo municipal de EH Bildu ha puesto por escrito su propio diagnóstico y una batería de 21 medidas que quiere debatir en el ámbito municipal, para lo cual ha registrado una petición para que se celebre un pleno monográfico al respecto.

Esta iniciativa ha sido presentada este jueves ante los medios. El portavoz Juan Karlos Izagirre ha sido el encargado de abrir fuego con el diagnóstico, remarcando que el enfoque de las últimas décadas, basado en la idea de que construir más y más viviendas terminaría por abaratar los precios, no ha dado el resultado deseado. Se ha pasado de las 65.000 viviendas existentes en 1986 a las 95.000 actuales, pero el coste continúa creciendo.

Porcentaje del 4%

Además, el porcentaje de vivienda protegida en la capital guipuzcoana es del 4%, «muy lejos de muchas capitales europeas y del objetivo que marca la Ley de Vivienda de 2023, que es del 20% para el año 2043». En estos momentos, de cada cinco viviendas que se construyen tres son libres y dos son protegidas (40%), con lo cual el porcentaje total seguirá bajando.

Izagirre también ha criticado la construcción de viviendas en barrios que tienen carencias de servicios, ya que eso no hace sino agravar la situación y generar barrios-dormitorio. Otro problema, ya corregido, fue la posibilidad de que las viviendas protegidas se convirtieran en libres con el paso de los años, como ha sucedido en Benta Berri.

El portavoz de la coalición ha comentado que también ha habido medidas positivas como las ayudas a la emancipación de los jóvenes, el programa Alokabide o el recargo en el IBI a las viviendas vacías, con el objetivo de que salgan al mercado. 

Grandes tenedores

No obstante, los resultados han sido «insuficientes» y cada vez es mayor el uso para fines lucrativos o especulativos. En estos momentos más de 5.000 viviendas están en manos de grandes tenedores, empresas o particulares con 5 o más viviendas.

Las propuestas que EH Bildu llevará al pleno monográfico, resumidas por el concejal Ricardo Burutaran, hacen incidencia tanto en la nueva construcción como en el parque ya existente.

En el primer capítulo, ha defendido que se priorice la vivienda de protección en terreno público, aprovechando el suelo existente o realizando inversiones para la compra. Evitando además la artificialización de nuevos suelos y regenerando zonas degradadas.

Se propone elevar al máximo posible el porcentaje de vivienda protegida y el equipamiento de los barrios al mismo tiempo que se construye vivienda. Como ejemplo de lo que no se debe hacer ha mencionado Txomin Enea. «No puede ser que se deje para el final. Y que en las promociones primero se construya lo libre y luego lo protegido, como por ejemplo en Añorga», ha añadido. 

Diferencias en el precio

También se aboga por controlar las diferencias entre el precio anunciado a priori y el precio de venta final, ya que las diferencias escapan al control del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) –cuyo fin es revertir lo recaudado en el ámbito de la vivienda– y van íntegramente a los bolsillos de las constructoras.

EH Bildu defiende asimismo que la vivienda pública tasada se destine preferentemente al alquiler y que no se permitan usos no residenciales en las nuevas viviendas, como consultas, oficinas… De hecho, se aboga por incentivar el traslado de este tipo de negocios a los bajos comerciales que hay vacíos, con lo cual se matarían dos pájaros de un tiro.

Esta medida hace referencia a lo ya construido, ámbito en el que la coalición soberanista plantea adoptar medidas que permitan sacar al mercado las viviendas que no se usan. «Tanto en el Ayuntamiento de Donostia, como en la Diputación de Gipuzkoa y en el Parlamento Vasco existe una mayoría progresista que comparte que la vivienda no puede ser destinada a otro uso que no sea el de habitar», han destacado, reconociendo que algunas de sus propuestas van más allá de las competencias municipales.

Burutaran también ha mencionado propuestas como que las licencias para pisos turísticos tengan una fecha de caducidad, el tope a los precios de los alquileres o la posibilidad de recalificar viviendas, que ya está recogida en el borrador del nuevo Plan General.