El debate público por el apagón masivo que sufrió la Península Ibérica el 28 de abril pasado continúa con sus idas y vueltas y con un marco que catapulta las especulaciones: todavía no se sabe a ciencia cierta qué ocurrió para que millones de personas se quedaran sin luz durante casi diez horas.

Este miércoles, el Congreso de los Diputados ha acogido la comparecencia especial a pedido del presidente del Gobierno para hablar del asunto y en la que se han escenificado básicamente dos cuestiones: la actitud del Ejecutivo es pedir más tiempo y no hacer por ahora autocrítica alguna, y en segundo lugar, este tema se ha sumado a la lista de armas que utiliza el Partido Popular para hiperventilar la conversación pública y desgastar a Pedro Sánchez.

Sánchez argumenta que se deben evaluar 756 millones de datos registrados, por el que el informe puede necesitar «semanas o hasta meses»

La variable del tiempo es la piedra angular de la respuesta del Gobierno estatal con respecto al reparto de responsabilidades. Sánchez ratificó en sede parlamentaria que la comisión técnica liderada por el Ministerio de Transición Ecológica y las empresas suministradoras debe evaluar 756 millones de datos registrados por los diferentes engranajes del sistema aquella jornada. «Puede llevar semanas o hasta meses» el reporte final, ha recalcado.

Pero esa investigación no es una más. De lo que allí se informe y a las conclusiones que se arribe pueden depender millones de euros en beneficios de alguna (o algunas) de las empresas que se pudiera detectar que falló o cometió un percance que desencadenó el llamado cero energético.

Allí radica el nudo gordiano del temor del Gobierno. Un alto cargo del Consejo de Ministros comentaba fuera de micrófono a NAIZ que son plenamente conscientes de que «las indemnizaciones pueden ser» un escollo para la investigación y que son un factor que las grandes empresas eléctricas podrían tener en cuenta para escatimar datos o no colaborar con la verdad absoluta de lo ocurrido.

«Hay muchos millones en riesgo para ellos, porque las indemnizaciones que tendrían que pagar si han fallado son enormes», señalan desde la cima del Gobierno.

También han dejado trascender que el respaldo es total a la labor de Red Eléctrica Española, una empresa privada con 20 por ciento de paquete accionario público y una presidenta puesta por el Gobierno. Aseguran que en las conversaciones privadas y públicas, desde Red Eléctrica dicen que no hubo un fallo de su parte y que no se había detectado nada fuera de lo común. «Los operadores también dicen que no pasó nada», añaden.

Nadie vio nada, todos los protagonistas involucrados aseguran que se operó debidamente. Pero el problema fue monumental, por lo que el Ejecutivo empieza a filtrar que algo las empresas podrían intentar ocultar. «Hay mucha presión, de los medios de comunicación y de la gente que quiere saber. Y sabemos que existe el riesgo de que se crea que estamos ocultando algo, pero hay que esperar», subrayan las mismas fuentes.

Desde el Gobierno también quitan relevancia al rol que ejercen en Red Eléctrica y al control de las situaciones del día a día que puede tener la presidenta del Consejo de Administración, la exministra socialista Beatriz Corredor. «Nosotros no controlamos Red Eléctrica, el 20% no es controlar y los consejeros no se ocupan de ver cómo está funcionando hora a hora el sistema. No es su función, dan orientaciones generales», opinan. Seguramente se profundice en este aspecto el miércoles que viene, en la comparecencia especial que dará la ministra Sara Aagesen, de carácter más técnico.

No solo las empresas, también el Gobierno podría verse en el ojo de la tormenta si se descubriese que ha fallado el control o la regulación

Pero no sólo las empresas podrían ser las interesadas en evitar pagar los grandes costes. También el Gobierno, responsable último del funcionamiento del sistema energético, podría verse en el ojo de la tormenta si se descubriese que lo que ha fallado es el control y la regulación a las eléctricas. O al menos, falta de previsión.

Comisión de investigación

Es por ello que, en su intervención durante la comparecencia especial de Sánchez, Alberto Núñez Feijóo puso énfasis en que la comisión no podía estar encabezada por una ministra del Gobierno. «El investigado no puede ser quien investigue», recalcó, y pidió que lo hagan expertos de la órbita de Bruselas. Por lo bajo, algunos socios de investidura estarían de acuerdo con él.

Pero la debilidad parlamentaria del Gobierno es de tal magnitud, y la embestida constante de las derechas y sus terminales mediáticas resulta tan hostil, que los socios, aunque esbocen críticas suaves, por ahora le conceden a Sánchez el pedido principal que ha hecho: tiempo.