Tras analizar la documentación sobre el nombramiento de Alfonso Arriola como responsable del Programa Empresarial en el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca
y las bases de las convocatorias de ayuda cuyas comisiones de valoración preside este condenado por prevaricación, la parlamentaria de EH Bildu Lamia Arcas ha dejado claro ante el Pleno del parlamento que tal nombramiento ha sido una decisión política del equipo de gobierno.

Cabe recordar que el exdirector del Parque Tecnológico de Miñao Alfonso Arriola, condenado a cuatro años de inhabilitación en marzo de 2023 como «cooperador necesario de un delito de prevaricación» en el «Caso De Miguel», ha sido nombrado por Lakua para presidir dos comisiones que repartirán 13,7 millones en ayudas.

Uno es el programa Handitu Egurra 2025, para «la transformación y/o la comercialización de productos forestales». Asciende a 10.700.000 euros. El otro es el programa Handitu Innova 2024 para «la innovación tecnológica en la producción agrícola primaria». Repartirá la cantidad 2.995.000 euros.

«La persona sobre la que pregunta»

Desde el Gobierno han defendido que «la persona sobre la que pregunta» fue condenada a una inhabilitación de cuatro años que no afectaba a su condición de funcionario de carrera de la Administración General de la CAV y que ha llegado a su actual puesto por «un concurso ha accedido por méritos propios a ese nombramiento». La consejera Amaia Barredo ha afirmado ante la Cámara que «no es un puesto de libre designación ni cargo público ni tiene carácter político».

La consejera añade que dentro de sus responsabilidades «se le exige la valoración de los programas de ayudas. Y además está establecido en las órdenes que regulan las diferentes líneas de ayudas que las presidencias las ocupan las jefaturas. Por lo tanto, no hay ninguna novedad, ni dejación ni de apoyo a corruptos» en este caso. «Consulte el BOPV y compare las resoluciones».

EH Bildu ha analizado la documentación

Y, efectivamente, la parlamentaria Lamia Arcas ha respondido que han consultado los boletines y que han visto que «Arriola accedió al puesto como funcionario en 1997, como técnico de los consorcios de nivel A2, y el pasado mes de marzo se le asignó el puesto de nivel A1. No hemos encontrado indicios de un proceso que haya ascendido del nivel A2 al nivel A1, por lo que nos gustaría aclararlo».

Además, desde EH Bildu han destacado también que «cuando se fijó la estructura para vuestro departamento, diseñando y nombrando para ello a 6 direcciones y 26 responsables,
de estos 26 responsables, 18 tienen asignado perfil lingüístico y fecha de preceptividad y, casualmente, el puesto que ocupa Arriola no lo está».

Y lo que es más determinante en este caso, es que las bases de las convocatorias de ayudas recogen literalmente que «para la evaluación y valoración de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración, la cual estará compuesta por tres personas que ejercerán la condición de vocal, pertenecientes al Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, siendo una de ellas la persona Responsable del Programa Empresarial. Las otras dos serán elegidas entre el personal técnico de la dirección competente en materia de industrias alimentarias, y serán nombradas mediante resolución de la persona titular de dicha dirección, en la cual se designará quien ejercerá la Secretaría y la Presidencia de la Comisión».

«No es obligación sino voluntad»

Es decir, como ha expresado Lamia Arcas «no me habéis escuchado decir que la presidencia de la comisión de valoración deba ser el titular del puesto de responsable empresarial, porque las bases, que ustedes han diseñado, no recogen que el presidente de la comisión deba ocuparlo este responsable». Por lo que «la decisión de nombrar como presidente de la comisión de valoración de ayudas para impulsar proyectos de más de cinco millones de euros, ha sido única y exclusivamente decisión de su equipo de gobierno».

La parlamentaria de EH Bildu ha concluido que «una vez más, este equipo de gobierno ha demostrado que mientras esté en el poder, seguirá utilizando en su beneficio todos los instrumentos que estén a su alcance, incluyendo difundir informaciones a medias, para que la sociedad reciba un mensaje de no haber opciones a las decisiones que diseñan y aprueban con mayorías absolutas».

En su réplica, la consejera Amaia Barredo no ha ofrecido más explicaciones. Ha insistido en que «esta persona está ejerciendo un trabajo sujeto a un derecho. Esta persona efectivamente fue acusada, fue juzgada y fue condenada y ha cumplido su pena, que no le ha inhabilitado en ningún momento para desempeñar el cargo de funcionario del País Vasco». Ha añadido que «ahora es jefe de programas y como tal debe desempeñar las funciones que se le conceden».

Ha concluido insistiendo en que esta «persona ya ha cumplido su condena» que «hay que recordar que es de 2023 y de cuatro años de inhabilitación para dirigir sociedades participadas». La consejera ha apuntado que tanto EH Bildu como el PP insisten en «mezclarlo todo» y condenar a esta persona a una «cadena perpetua».