La actuación de la Diputación de Bizkaia respecto a las deudas de la empresa de armamento Esperanza y Compañía de Markina con Hacienda mantiene ángulos oscuros por mucho que la actual responsable de la cartera, la jeltzale Itxaso Berrojalbiz, haya defendido este viernes en comisión de las Juntas Generales el «rigor» en su proceder. No se sabe nada de qué pasó con 2,2 millones de euros que se trataron de cobrar en 1998.

Lo cierto es que las explicaciones de Berrojalbiz siguen sin despejar dudas, especialmente después de que la juntera de EH Bildu Arantza Sarasola haya aportado nuevos datos procedentes de información pública, que siguen sin aclarar interrogantes y suman alguno nuevo.

El asunto afloró a primeros del mes de abril a raíz de una información de un diario editado en Bizkaia en la que se afirmaba que Hacienda supuestamente había beneficiado a la empresa de armamento Esperanza y Compañía, al dejar caducar una serie de hipotecas y embargos sobre terrenos en Markina e Iruña Oka para saldar deudas en la década de los 90 del siglo pasado.

En la noticia se apuntaba a que entre los directivos de la firma se encontraba Alfonso Basagoiti, que fue diputado foral de Hacienda y posteriormente responsable de esa cartera en el Ejecutivo de Lakua, y Marcos Vizcaya, portavoz del PNV en el Congreso español.

Saltaron las alarmas y EH Bildu registró una interpelación a Berrojalbiz, que se sustanció en el pleno de control que se celebró el pasado 30 de abril en Gernika. En su respuesta, la diputada foral aseguró «con rotundidad» que las acusaciones de que la Diputación había mirado a otro lado para no cobrar eran «absolutamente falsas».

Aportó datos del expediente que arrancó en 1991 con la presentación por parte de la compañía, que fue la principal exportadora de armas del Estado español, de un proceso de suspensión de pagos y quiebra, para concluir que Hacienda ha actuado con «pleno rigor y ajustándose a derecho», negando «trato de favor hacia persona o entidad alguna».

Berrojalbiz defendió en la sesión plenaria que la Diputación no participó de la comisión de acreedores «porque no tenía ninguna deuda pendiente y de cobro», por lo que tampoco estuvo en el proceso de liquidación posterior.

El tema no quedó cerrado y este viernes, a petición del PP, la responsable foral ha comparecido en comisión de la Cámara vizcaina. La juntera Raquel González ha insistido en pedir explicaciones a Berrojalbiz, al advertir de lagunas en los datos aportados en la respuesta a EH Bildu.

El tono empleado no ha gustado a la diputada foral de Hacienda y Finanzas, que se ha reafirmado en las explicaciones que dio, apuntando a que la información pública que obra tanto en el Registro Central de la Propiedad como en el Mercantil, además del propio expediente de la Administración foral, avala su actuación. Es más, ha añadido que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en su informe de fiscalización no detectó ninguna irregularidad al respecto.

La respuesta no ha contentado a la representante del PP que, en un discurso bronco donde ha arremetido hasta con el resto de grupos de la oposición, ha dicho que Berrojalbiz no había aclarado nada.

Para González, el hecho de que se ajuste a derecho, ya que «dejar de cobrar no es ilegal», no quiere decir que no existan «dudas» sobre el «beneficio» por parte de Hacienda a esta firma al no ejecutar embargos por valor de 2 millones de euros.

EH Bildu apunta a 1998

En un tono más sosegado, Arantza Sarasola, de EH Bildu, ha manifestado que después de las explicaciones recibidas hace dos semanas, que no les satisficieron, han contrastado fuentes de información pública que les llevan a manejar la hipótesis que puede que Esperanza y Cía no tuviera deudas con el fisco vizcaino en 1991, pero sí en 1998 como se desprende de un edicto publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia, donde el jefe del Servicio de Recaudación del Departamento de Hacienda y Finanzas saca a subasta varias propiedades de la firma con sede en Markina para saldar deudas por valor de 2,2 millones de euros.

Con cierta cautela, a falta de que los responsables forales despejen las dudas que se mantienen, Sarasola ha sacado la conclusión que ese pasivo se pudo generar a posteriori del concurso de acreedores, pero se ha preguntado por qué no se incluyó a Esperanza y Cia en el listado de grandes deudores. Es más, ha aportado más información, como que en junio de 2023 la empresa aún no se había liquidado y nuevos datos registrales sobre propiedades.

Ha incidido en que no está en el ánimo del primer grupo de la oposición acusar a nadie, pero es necesario que se aclaren muchos aspectos aún por despejar sobre este asunto y depurar responsabilidades si las hubiera.

La juntera de EH Bildu ha demandado que se informe acerca de qué se hizo para cobrar la deuda millonaria, si prescribió en caso de no seguir Hacienda con el procedimiento de recaudación o caducó. La actuación de la Diputación levanta sospechas ante la falta de transparencia, aduciendo que no puede desvelar datos tributarios.

La diputada foral ha querido distinguir entre la deuda «pre-concursal» que fue «satisfecha» y la deuda «post-concursal», en donde «no queda duda», en base a la información analizada, que «la Diputación ha hecho lo posible por cobrarla». «Se haría lo mismo hoy en día», ha subrayado.

Berrojalbiz ha insistido en que el TVCP no ve tacha en la actuación de la Diputación y que han aportado toda la información que podían, algo que los soberanistas de izquierda no ven tan claro y mantienen sus reservas al respecto.