La diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de Araba, Itziar Gonzalo, ha explicado en Juntas los resultados del 'Plan de lucha contra el fraude fiscal 2024'. Identifican 95,2 millones de euros defraudados y se asume que el 40% no se recuperará.

Gonzalo ha manifestado que no tiene «un porcentaje exacto ni dato concreto», aunque ha dicho que lo «previsible es que esté en torno a un 60%», y ha agradecido la «matización» de los grupos junteros, ya que «no es lo mismo identificar que recuperar», puesto que «luego existen las dificultades para poder recuperar esas cantidades».

En total, la Hacienda Foral alavesa ha detectado 95,2 millones de euros en su lucha contra el fraude fiscal correspondiente al año 2024, con un decremento del 2% con respecto al año anterior, de los cuales, ha identificado 18 millones de euros de la gestión de los impuestos en 2024, frente a los 20,8 del ejercicio 2023.

Al respecto, Gonzalo ha indicado que el año pasado se detectaron 97 millones de euros, ya que «hubo dos expedientes que dieron lugar a aflorar una cantidad muy importante y que es la que marca la diferencia», respecto al pasado año 2024.

Las actuaciones encaminadas a prevenir el fraude fiscal alcanzaron el pasado año la cifra de 4.163 inspecciones, de las que más de la mitad se corresponden con personas físicas (2.432) y el resto a personas jurídicas.

Gonzalo ha detallado que de los 95,2 millones detectados, 77,2 corresponden a actuaciones realizadas por el servicio de inspección tributaria y 18 con acciones del servicio de gestión.

Por impuestos, en el IVA se ha identificado un total de 55,6 millones, lo que representa cerca de un 72% del total, en el Impuesto sobre Sociedades han aflorado 11,2 millones y 5,5 en IRPF. De otro lado, se ha actuado en un expediente sospechosos de delito fiscal con un fraude detectado que asciende a 1,3 millones.

En relación con la vigilancia de actividades económicas, el pasado año se investigaron actividades económicas, sociedades o personas autónomas con rendimientos negativos o con proporciones muy reducidas de beneficios, que hayan consignado en sus declaraciones gastos ficticios no relacionadas con su actividad económica o desproporcionados en función de sus ingresos. Las inspecciones obtuvieron como resultado la detección de 24,2 millones.

Sobre las ganancias patrimoniales no justificadas, la institución alavesa ha logrado recuperar un total de 7,5 millones en actuaciones centradas en «cobros de cheques, movimientos en efectivo, transmisiones de inmuebles y participaciones, a fin de regularizar las rentas generadas».

Por otro lado, el control de las devoluciones tributarias con 1.246 actuaciones centradas principalmente en las devoluciones de IVA, han supuesto la regularización de 7,1 millones de euros.

Otras actuaciones realizadas enfocadas al control de las incoherencias fiscales han tenido como resultado un importe recuperado de 6,1 millones en 204 actuaciones de comprobación.

Opiniones de los grupos

Por parte de la oposición, la juntera de EH Bildu Nerea Martínez ha hecho hincapié en «conocer los cálculos de la cantidad recuperada de los 95,2 millones descubiertos» y ha preguntado sobre «el vuelco en torno a las inspecciones realizadas», ya que se ha incrementado el control sobre las personas físicas respecto a las personas jurídicas de 2024 a 2023.

El procurador del PP Miguel Garnica también ha demandado especificar «cuánto se ha regularizado del montante total recuperado», con el objetivo de «tener claros esos números» y, a modo de ejemplo, ha expuesto que «el porcentaje regularizado en Bizkaia es alrededor de un 70%».

El portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, ha destacado «las elevadas cifras rescatadas», que «suponen un porcentaje muy elevado de la recaudación», y ha demandado «profundizar y avanzar en la lucha contra el fraude fiscal para ir hacia una dirección de fiscalidad más justa» y, concretamente, ha demandado «intensificar el control de la tributación de las rentas derivadas de sociedades patrimoniales».

Por su parte, el portavoz del PSE, Josu López Ubierna, ha argumentado que el 'Plan de lucha contra el fraude' «no solo da la imagen de lo negativo de aquellas personas o entidades jurídicas que no quieren pagar sus impuestos, sino que, además, tiene una parte positiva, porque aquellos contribuyentes que cumplen con sus obligaciones se sienten refrendados».