
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que se enfrenta a una posible larga sentencia de prisión por intento de golpe de Estado, ha negado este martes los cargos en su contra durante su juicio en la Corte Suprema.
El líder de extrema derecha está acusado de ser el «líder de una organización criminal» que conspiró para mantener su poder independientemente del resultado de las elecciones presidenciales de octubre de 2022, finalmente ganadas por el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Según la Fiscalía, este supuesto intento de golpe de Estado, que incluso incluyó la muerte de Lula, fracasó por falta de apoyo del alto mando militar.
«No, la acusación no se sostiene», ha respondido Bolsonario cuando el juez Alexandre de Moraes le ha preguntado si las acusaciones contra él eran ciertas.
Buscó alternativas
Sin embargo, ha reconocido que buscó «alternativas» tras su derrota electoral para revisar el resultado de las urnas.
«Discutimos posibilidades, alternativas, siempre dentro de la Constitución, sin salir de sus cuatro líneas», pero «abandonamos cualquier posibilidad de una acción constitucional y afrontamos el ocaso de nuestro Gobierno», ha señalado Bolsonaro en la Primera Sala del Supremo, que le juzga por una supuesta conspiración golpista.
Algunos de los testigos del proceso, incluidos jefes militares de la época, han declarado que Bolsonaro discutió hasta la posibilidad de decretar un estado de sitio, anular las elecciones e intervenir la justicia electoral, a fin de permanecer en el poder.
El líder de la ultraderecha solo ha admitido que tras los comicios tuvo diversas reuniones con comandantes militares, pero ha asegurado, sin embargo, que siempre se discutieron las posibles «alternativas» que daba la Constitución en caso de un eventual fraude, que no fue comprobado.
«El sentimiento de todo el mundo era de que ya no había nada que hacer» y que «no había clima ni había oportunidad para hacer cualquier cosa», ha declarado.
Ha añadido que, para declarar el país en estado de sitio, son necesarios diversos pasos previstos claramente en la Constitución «que no fueron dados» en ningún momento.
Bolsonaro es considerado mentor de la conspiración golpista que, según la acusación de la Fiscalía, desembocó en el violento asalto a los tres poderes del Estado ocurrido el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula.
Sobre esos hechos, el expresidente ha dicho sentirse «alarmado» cuando se califica a esa movilización como golpe. «No hay un golpe sin liderazgo, sin financiación y con unos pocos miles de personas desarmadas», ha sostenido.
Los otros acusados también niegan
Jair Bolsonaro y otros siete acusados, incluidos exministros y altos oficiales militares, enfrentan penas de hasta 40 años de prisión.
El almirante Almir Garnier Santos, según la Fiscalía, declaró que sus tropas estarían «a disposición del presidente» durante una reunión en la que se discutían planes de golpe.
Garnier Santos ha negado todas las acusaciones y ha asegurado que «nunca usó esa expresión».
El almirante también niega haber «visto ningún documento» que prevea la declaración del estado de sitio o la convocatoria de nuevas elecciones durante las reuniones con el expresidente tras la elección de Lula, desmintiendo así la versión de la Fiscalía.
Interrogado posteriormente, el exministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, Anderson Torres, ha aparecido portando una pulsera electrónica, que usa desde que salió en libertad condicional tras cuatro meses de prisión en 2023.
En la casa de Torres, la Policía encontró un proyecto de decreto para anular los resultados de las elecciones, denominado «el proyecto golpista» en la investigación.
Hoy ha negado haber participado en la elaboración de este documento. «Nunca estuve involucrado en esto. Estaba mal escrito, lleno de faltas de ortografía, no sé quién lo pidió» ha argumentado sobre un texto que ha descrito como un «borrador de Google.
El testimonio que incrimina a Bolsonaro
En el interrogatorio de Mauro Cid, exasesor del expresidente, declaró el lunes que Bolsonaro «recibió, leyó» y luego «editó» un documento elaborado por asesores cercanos que preveía la instauración de un «estado de sitio», la «detención de autoridades» y la creación de un consejo electoral para celebrar nuevas elecciones después de las presidenciales ganadas por Lula.
Cid es considerado un traidor por los bolsonaristas por haber firmado un acuerdo de colaboración con las autoridades con la esperanza de una reducción de la pena.
Durante su interrogatorio, que duró aproximadamente cuatro horas, se mostró a menudo vacilante, respondiendo repetidamente «no recuerdo» a preguntas sobre las fechas, horas o lugares donde había presenciado los presuntos intentos de golpe de Estado del expresidente y su séquito.

Igual Cerdán es Roldán, pero la Nafarroa de 2025 no es la de 1994

Periodismo en tiempos de maraña golpista

El estrecho de Ormuz, ¿arma definitiva en manos de Irán?

Sueños de esperanza a la americana
