Hasta octubre, según las previsiones municipales, el Ayuntamiento de Barakaldo no dispondrá de un borrador de presupuesto y la gestión del Consistorio de la localidad vasca más poblada tras las cuatro capitales de Hego Euskal Herria –con sus más de 100.000 habitantes- se sustenta en el gasto del remanente de tesorería y la suscripción de préstamos. A pesar de contar con mayoría –18 de 27 componentes del Pleno–, PNV y PSE no aprueban las cuentas y el interventor cuestiona cómo administran.

A mitad del mandato, la alcaldesa, Amaia del Campo, ha manifestado que «es el momento de apretar el acelerador para que Barakaldo despegue definitivamente». Para ello, en el pleno del pasado miércoles, los votos de los socios de gobierno aprobaron la solicitud de un préstamo de 21,6 millones de euros «para culminar la segunda gran transformación social y urbana», que la fijan en sacar adelante proyectos «estratégicos» que se recogieron en el acuerdo que PNV y PSE suscribieron en julio de 2023.

A Del Campo parece no importarle no disponer de presupuestos, al menos es lo que transmite. «No es lo deseable, pero lo importante es que tenemos herramientas para seguir trabajando», ha dicho la jeltzale al ser interpelada sobre la anomalía.

Uno de los argumentos que se esgrimen para no elaborar las cuentas, es que está pendiente la valoración de puestos de trabajo, una de las ‘patatas calientes’ en la gestión municipal, que continúa sin resolverse después de que los sindicatos se hayan levantado de la mesa de negociación. Ejercicio tras ejercicio, no se han ejecutado los fondos para la contratación de personal, lo que repercute en los deficientes servicios que se prestan por parte de la Administración local.

Existe una visión compartida entre los grupos de la oposición –EH Bildu, PP y Elkarrekin– que cuestiona el modelo de gobernanza, donde se bloquean sistemáticamente las propuestas de esos partidos y se evita el debate en órganos como las comisiones.

También la constancia de que PNV y PSE no mantienen unas relaciones excesivamente fluidas y que ambos, conscientes de la pérdida de apoyos en las últimas citas electorales, han reforzado sus equipos en el ecuador del mandato. Toca echar el resto, especialmente en el ámbito comunicativo para «vender» gestión.

El presupuesto municipal es la herramienta principal que tiene un ayuntamiento para planificar en qué gasta el dinero. El de Barakaldo no tiene estrecheces, lo reconocen distintos agentes. Al inicio del ejercicio disponía de un remanente de tesorería de 45 millones de euros, una cifra reseñable si se tiene en cuenta que las cuentas prorrogadas son por valor de algo más de 140 millones.

Según indicó en la última sesión plenaria María Solar, portavoz de EH Bildu, cada año, el Consistorio deja sin gastar una cuarta parte del dinero que tiene, «cifra que –aseguró– aumenta exponencialmente desde que el PNV ostenta la Alcaldía». En 2024 se dispuso de un remanente de más de 33 millones y el año anterior de 30.

Sin presupuestos aprobados, el Gobierno municipal ha ido funcionando a base de la aprobación de créditos adicionales, con lo que le quedan 12 millones de euros de saldo. Desde la principal fuerza de la oposición, con cinco ediles, EH Bildu lamenta que PNV y PSE no hayan utilizado ese dinero «para cubrir necesidades urgentes, como aumentar el parque público de vivienda ante una declarada emergencia habitacional en nuestro pueblo, ni para financiar el albergue de mujeres, ni para cubrir la mermada plantilla municipal que sustenta los servicios públicos».

«Los partidos que conforman el Gobierno municipal se limitan a parchear continuamente gastos y proyectos que deberían haberse previsto con meses de antelación», sostiene Solar.

«Creemos que una institución pública no está para ahorrar. Está para garantizar derechos, para responder con recursos a los problemas de la ciudadanía. Y tener remanentes tan altos a la vez que necesidades sin cubrir, no es una señal de buena gestión, es el síntoma de un gobierno que no planifica, no ejecuta y no prioriza a su gente», defiende la concejala soberanista de izquierda.

Un préstamo cuestionado

En ese contexto, se ha aprobado la solicitud de un préstamo de 21,6 millones de euros con el que acometer las obras de los accesos mecánicos en barrios de Bagatza, Gurutzeta y calle Landeta (4,3 millones); reforma y renovación del parque Urkullu, en Rontegi (2,8 millones); urbanización completa de la carretera interfábricas en Lutxana (3 millones); proyecto Urban Bizi Lab en plaza Pormetxeta (2,8 millones); construcción de nuevos locales sociales en Serralta (1,08 millones); reforma de la Casa de las Mujeres (1,4 millones); y construcción de nueva edificio de la comisaría en la zona de Landaburu (5,7 millones).

Esa operación, que se planteó en noviembre de 2024, se encontró con el reparo del interventor municipal, lo que obligó al Gobierno municipal a recurrir a la Diputación para que avalase la operación en base a la «solidez financiera». El máximo responsable del control económico-financiero en el Consistorio sostuvo en un informe que «antes de recurrir a un nuevo endeudamiento (recursos ajenos) sería necesario analizar la disponibilidad de recursos propios, a corto y medio plazo».

Además, en relación al capítulo de personal, el interventor, como sucede en otros departamentos, observa que no dispone de medios para tramitar el proyecto.

Desde EH Bildu argumentan que ese préstamo de 21 millones de euros «está al servicio de la agenda partidista de PNV y PSE, no de un proyecto de ciudad compartido». Además, apunta a que se incrementará la deuda municipal un 13%, que habrá que pagar 2,45 millones de euros en intereses, lo que se traduce en menos dinero disponible para servicios públicos y nuevas inversiones.