«Es desproporcionada la reacción de Artolazabal, alegre de que se vulnere el derecho a huelga»
Rafa Busto, delegado de ELA en Enviser, critica los servicios mínimos decretados por Lakua, que, según explica, responden a «informes claramente sesgados e intencionados». «Dicen que hay riesgo para la vida humana e infraestructuras críticas, ¿somos jardineros o reciclamos residuos nucleares?».

«Es todo muy exagerado, lo vemos todo muy desproporcionado, completamente. Desproporcionado el informe del jefe de los bomberos de Vitoria, desproporcionado el informe de Tráfico, desproporcionado los servicios mínimos que ha puesto el Gobierno Vasco, y desproporcionada la reacción de la teniente de alcaldesa de Vitoria alegrándose tanto de que se vulnere nuestro derecho a la huelga. La verdad es que vemos todo completamente desproporcionado».
Así valora Rafa Busto, delegado de ELA en el comité de empresa de Enviser, la contrata encargada de la gestión de los jardines y parques de Gasteiz, los servicios mínimos decretados por el Gobierno de Lakua, que ha establecido la siega, recogida y retirada de elementos vegetales en los parques de Aranbizkarra, Arriaga, Catedral, La Florida, Parque del Norte, San Martín, Judimendi y El Prado, así como en el resto de las zonas verdes de la ciudad.
En declaraciones a NAIZ, Busto, que lleva junto a sus compañeros y compañeras casi tres meses en huelga, asevera que recurrirán en los juzgados la orden de Lakua, «porque además consideramos que son abusivos. Han puesto a 28 personas de servicios mínimos, y son todos segadores». «Prácticamente, un 100 % de los segadores va a ir a trabajar», destaca, antes de incidir en que la negociación con la empresa está «bastante estancada».
«Tenemos una nueva reunión en el Preco el día 25, y hemos pedido que se le llame también a Beatriz Artolazabal, a la teniente de alcaldesa, para que acuda a la reunión», apunta. Al mismo tiempo anuncia que este viernes se debatirá en el pleno del Ayuntamiento una moción auspiciada por EH Bildu y Elkarrekin Gasteiz en la que se insta a Artolazabal, que también ocupa el cargo de edil delegada del área de Espacio Público, a que «se siente en la mesa de negociación con los trabajadores y con la empresa».
«Puede ser bastante curioso que el pleno del Ayuntamiento por mayoría le diga al Gobierno municipal que se siente a negociar con nosotros cuando están venga decir que no quieren. No sabemos cuál va a ser el resultado de la votación, pero puede ser bastante simbólico», remarca.
Busto censura con dureza la posición del Gobierno local, formado por PSE y PNV, y advierte de que «todavía no hemos hablado ningún día con la alcaldesa de la ciudad, no sé ni como es su voz, la verdad». Lamenta que el Gobierno local «no quiere saber nada de nosotros. Dice que se ha reunido con nosotros tres o cuatro veces, pero las tres o cuatro veces se han reunido para preguntarnos qué tal estamos y poco más. Realmente Artolazabal no plantea ninguna solución».
«Todavía no hemos hablado ningún día con la alcaldesa de la ciudad, no sé ni como en su voz»
Por su parte, la empresa mantiene su propuesta, un incremento del sueldo del 3% anual durante tres años. «Hicimos las cuentas y un 3% en un sueldo de 1.200 euros salía a 41 euros al mes. Creemos insuficiente una subida de 41 euros al mes en un sueldo bajo», detalla, y explica las diferencias existentes entre las condiciones de los trabajadores de Enviser y el personal municipal dedicado a labores de jardinería. Cobran «unos 12.000 euros» más que los de la contrata al año y trabajan «120 o 130 horas» menos.
Hace unos años había más personal municipal que subcontratado, «pero ahora han cambiado las tornas y hay muchos más trabajadores de contrata privada que trabajadores públicos». Aunque los trabajadores de Enviser no reclaman la publificación del servicio, Busto sí critica que «el Ayuntamiento de Vitoria no ha hecho una oposición de jardines desde el año 1999».
Los y las trabajadoras de Enviser exigen un convenio propio, ya que ahora están sujetos al estatal, «que lleva caducado desde el 31 de diciembre de 2024 y tiene unas prestaciones muy bajas, con salarios muy bajos». Y no tienen intención de cejar en su empeño: «Estamos muy convencidos de nuestra lucha porque tenemos muy claro que con un sueldo de 1.200 euros al mes en Vitoria no se puede vivir. Eso lo tenemos meridianamente claro».
«Estamos muy convencidos de nuestra lucha porque tenemos muy claro que con un sueldo de 1.200 euros al mes en Vitoria no se puede vivir»
«El Ayuntamiento dice que tenemos razón, que cobramos muy poco, hasta la empresa reconoce que cobramos muy poco. Pero a la vez dice que si nos ofrece más de un 3% entraría en pérdidas. Si la empresa no tiene beneficios y no nos puede subir el sueldo, ¿cuál es la solución? Nosotros pensamos que pasa por la rescisión del contrato, pero ahora dice Artolazabal que esa opción no se le ha pasado ni por la cabeza. Nos están venga marear entre la empresa y el Ayuntamiento, y al final los perjudicados somos nosotros y los ciudadanos, porque está la ciudad bastante abandonada», remarca.
Y vuelve a insistir en que el Ayuntamiento no es imparcial. «Lo único que le interesa es que no se note que estamos de huelga y pasar la pelota a la empresa. Seguiremos el tiempo que haga falta pese a que ahora nos pongan unos servicios mínimos abusivos que van a en contra de nuestro derecho a la huelga», manifiesta.
Seguirán en una lucha «complicada, porque somos muchos los trabajadores que estamos en huelga y cada uno tiene sus circunstancias. Hay gente que está cobrando un poco de la caja de la resistencia. Están cobrando 500 o 600 euros. Y hay gente que tiene hijos, hipotecas... Se hace duro, más cuando ves al Ayuntamiento que no quiere saber nada de nosotros. Nos trata como ciudadanos de segunda y trabajadores de cuarta o quinta categoría».

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