Se cumple este 22 de junio el primer aniversario de la toma de posesión de su cargo de lehendakari de Imanol Pradales en la Casa de Juntas de Gernika, y ese día y en ese lugar los integrantes del Departamento de Justicia que encabezaba Nerea Melgosa se quedaron en shock al conocer por la prensa que la Consejería pasaba a manos del PSE, que sería quien iba a encargarse de Gogora, de todas las víctimas y de la gestión de las cárceles.

Es un claro ejemplo de cómo, aunque el PNV ganó las elecciones autonómicas en votos (perdió representación, empatando a 27 escaños con EH Bildu), el PSE, gracias a los últimos restos de la Ley D'Hondt, subió de 10 a 12 parlamentarios y elevó su nivel de exigencia en cargos y en peso,

El ganador, Imanol Pradales, ni siquiera disimuló el deseo del PNV por pactar con el PSE, pese a las pullas que se habían intercambiado en campaña. Sin hacer una ronda de cortesía con el resto de partidos, se echaron en brazos de Eneko Andueza, que consiguió dos logros: que el lehendakari formara el Gobierno más amplio del siglo para acomodar a 5 consejeros del PSE, y que el secretario general se quedara fuera del Ejecutivo, para poder ejercer de contrapeso desde fuera. Y vaya si lo está haciendo, con profusión.

DIFERENCIAS EN LAS FORMAS Y ALGUNAS CORRECCIONES, PERO UN TRONCO COMÚN.

Los grupos de la oposición o incluso los sindicatos –algunos de ellos con la entrada en Lehendakaritza vetada en legislaturas anteriores–, han destacado un cambio en las formas de Pradales frente a las actitudes de su antecesor, Iñigo Urkullu. Por cierto, llamó la atención el impulso que Pradales dio al Palacio de Ajuria Enea en sí mismo.

También ha habido movimientos del Gobierno en este primer año de legislatura que se han entendido como enmiendas a las posiciones del anterior Ejecutivo. Solución con la chequera de las reivindicaciones de los ertzainas, que después hizo más difícil negarse a las peticiones de maestras y maestros.

En materia de Salud también se han mejorado las condiciones laborales de algunas áreas y en apenas unas semanas se resolvió el conflicto de la cirugía cardíaca en Bizkaia, y más recientemente ha paralizado de manera definitiva la construcción del polémico almacén de Iurreta. Pero la enmienda a la totalidad fue el reconocimiento de que en Osakidetza había un grave problema de base, abrir una ronda sobre ello y poner en marcha después la Mesa para el Pacto de Salud que, independientemente de cómo acabe (y no va bien), ya evidencia otra forma de hacer las cosas.

Pero bajo todo eso hay algo más profundo, troncal. Después de que el PSE de Patxi López, apoyado en el PP y la ilegalización de la izquierda abertzale expulsara a Juan José Ibarretxe de Ajuria Enea en 2009 pese a que gano las elecciones, el PNV volvió en 2012 a Lehendakaritza. Empezó en solitario, pero bastó tener que retirar su primer presupuesto para que Iñigo Urkullu volviera a pactar con el PSE.

El 16 de septiembre de 2013, junto a Andoni Ortuzar, firmó un pacto con el PSE de Patxi López e hizo toda una declaración de principios e intenciones: aquello suponía volver a la normalidad, la superación de los frentes, «el tiempo de tejer complicidades desde la pluralidad, el trabajo común y el acuerdo». Ese día el lehendakari diseccionó la historia reciente de la CAV en periodos de quince años. Desde mediados de los 80 «se tejieron unas complicidades políticas para construir Euskadi desde la democracia y en base a valores compartidos». Recordemos que fueron los años de las reconversiones, los GAL y el Pacto de Ajuria Enea. Aquello acabó en 1998, con Lizarra e Ibarretxe, y le siguió el pacto PSE-PP. Fueron, según Urkullu, años en los que primaron «más el enfrentamiento y la confrontación, y más la política de bloques y división, que la del diálogo y el debate en la búsqueda de consensos sólidos». Recordemos: pactar con el PSE es la «normalidad».

Y EN ESA MISMA COMUNIÓN SEGUIMOS DESPUÉS DE DOCE AÑOS,

sin poder despejar la impresión de que PNV y PSE suman mayoría absoluta para sacar sus propuestas en el Parlamento, pero al mismo tiempo se contrarrestan entre sí, con lo que no se logran avances desde el punto de vista nacional o de respeto a los derechos lingüísticos y tampoco en lo social.

Se está comprobando con la reforma que presentan en materia de vivienda, donde están primando las posiciones en favor de la compra y la construcción privada, que el PNV mantenía hace 10 años cuando votaba en contra de la Ley de Vivienda en el Parlamento, en contra de lo que entonces defendía el PSE.

Pero hay contrapesos. En 2018, el PNV de Urkullu y Ortuzar permitió al PSE vetar las bases de acuerdo pactadas para un nuevo estatus, y en la pasada legislatura concedieron a los de Andueza la victoria de romper el pacto educativo.

En la actualidad, después de que Andoni Ortuzar dejara la presidencia del EBB hablando de avances en las conversaciones sobre autogobierno, la llegada de Aitor Esteban supuso un jarro de agua fría, al volver a dar la llave al PSE, cuyo secretario general asegura que «en estos momentos está la cuestión en vía muerta».

Por lo que respecta a buscar fórmulas para garantizar el euskara en el empleo público, el PNV estuvo también buscando un pacto con el PSE que se muestra muy cómodo en el marco actual. Ante la falta final de acuerdo, el viernes el PNV registró en el Parlamento su propia proposición para reformar la Ley de Empleo Público, como ya hizo con anterioridad EH Bildu. Markel Olano, parlamentario jeltzale y miembro del EBB, declaró en rueda de prensa que su iniciativa separada no afecta a la coalición de Gobierno. Sin embargo, Pau Blasi, representante del PSE, aseguró que la propuesta «incumple» parte del acuerdo de gobierno entre ambas formaciones, puesto que entienden que «va más allá» de lo pactado, lo que «preocupa» a su partido.

En todo caso, el PNV necesita pactar y acordar con algún otro grupo la aprobación de esa proposición de ley y EH Bildu ha mostrado su disposición a trabajar en común, aunque «a primera vista» su percepción es que «no va a ser suficiente para dotar de seguridad jurídica» al euskara.

HABRÁ QUE VER COMO ACABA ESTE DEBATE, PORQUE EN ESTE PRIMER AÑO DE MANDATO DE IMANOL PRADALES SE HABLA MUCHO DE ACUERDOS DE PAÍS QUE LUEGO SE OLVIDAN O SOLO VAN EN UN SENTIDO.

En este año ha habido más anuncios que realidades. Sirva como ejemplo aquel decálogo ético propuesto desde Miramar en agosto del año pasado y que el propio Imanol Pradales reconoció en ETB que «no ha tenido recorrido», quizá porque su socio del PSE empezó a pedir que se incluyera a ETA.

En todo un año el Gobierno solo ha presentado un proyecto de ley al Parlamento, el de Transparencia, que además es exactamente el mismo que el Ejecutivo de Urkullu remitió la pasada legislatura a la Cámara y no pudo aprobar. (Ha habido otras normas técnicas sobre colegios profesionales aprobadas por unanimidad, urgencia y lectura única).

Una de las grandes apuestas como el Plan Industrial se encargó a una consultora y, aunque se hizo una presentación pomposa, no se aprobará hasta después del verano. También se ha externalizado la redacción del plan de inversión de mil millones de euros «que tengan impacto directo en el sector científico-tecnológico, empresarial e industrial» y lo ha hecho a la firma que fichó a Arantxa Tapia. Y la Ley del Sistema Cultural Vasco se ha encargado a una firma madrileña de abogados.

La cuestión de la llamada «colaboración público-privada» va a ser uno de los ejes de esta legislatura, y también en esto PNV y PSE parecen ir de la mano, porque es difícil olvidar las declaraciones del vicelehendakari Mikel Torres a favor de aprovechar las oportunidades internacionales para la industria militar o al consejero Mikel Jauregi apoyando la presencia de CAF en Israel.

Lo de la colaboración público-privada quizá sea que cuando un lehendakari deje Ajuria Enea monte una fundación con Petronor, Iberdrola, Kutxabank y BBVA y el Gobierno le permita cobrar de ella.

EL VIERNES EL LEHENDAKARI DEJÓ CLARA EN EL PARLAMENTO LA VALORACIÓN POSITIVA QUE HACE DE SU PRIMER AÑO EN AJURIA ENEA, AUNQUE A LAS POCAS HORAS UNA ENCUESTA VINO A AMARGARLE LA JORNADA.

Según el Deustobarómetro, la ciudadanía de la CAV suspende el primer año de gestión del Gobierno Vasco liderado por Imanol Pradales, al que dan una nota media de un 4,7. Y, además, un 66,8 % cree que ha cambiado «poco o nada» sus políticas con respecto a los ejecutivos de Iñigo Urkullu.

Esto viene a afianzar la idea de que Pradales ha cambiado algunas de las formas que exhibía Urkullu, pero la ciudadanía, al menos todavía, no ve sus efectos positivos. Y que, de hecho, sigue habiendo una corriente de fondo de continuidad con los ejecutivos anteriores, y que el mantenimiento de los pactos entre PNV y PSE en todas las instituciones ejerce más como freno de avances que como acelerador.