El Parlamento de Gasteiz ha aprobado este jueves la toma en consideración de  la proposición de ley de PNV y PSE de vivienda, suelo y urbanismo que se tramitará por la vía de urgencia. El PP había anunciado el voto a favor, pero después de escuchar a los grupos proponentes ha cambiado a la abstención.

EH Bildu y Sumar han votado en contra, por motivos de fondo y de forma. Ambos grupos han criticado que pese a que la ley fue anunciada por el consejero de Vivienda, finalmente la presentan como proposición PNV y PSE, lo que –según ha apuntado Xabier Astigarraga– evita la obligación legal que tiene el Gobierno de acompañar sus proyectos de los informes preceptivos. Y además la vía de urgencia acorta los debates.

Jon Hernández, de Sumar, ha explicado que cuando unos grupos quieren concitar el apoyo de otros, lo que hace es hablar y dialogar, lo que PNV y PSE no han hecho, hasta el punto de haber perdido el apoyo del PP durante el debate de este jueves.

La primera defensa de la proposición ha corrido a cargo del secretario general del PSE, Eneko Andueza, que ha asegurado que esta ley «es un compromiso con toda una generación, trae cambios para garantizar el derecho a la vivienda a todas las personas».

Dogmas y «pragmatismo desacomplejado»

Por parte del PNV ha intervenido Jonatan Moreno, que ha asegurado que «la vivienda no debería ser una trinchera ideológica» y que su partido apuesta por el «pragmatismo político» un «pragmatismo desacomplejado al servicio de una sociedad». A ello ha contrapuesto la posición «dogmática» de EH Bildu y Sumar por su «apoyo a la expropiación forzosa de la vivienda vacía. Exigir el cobro del canon a los propietarios de viviendas vacías. Hablar de la ocupación como si fuera una consecuencia inevitable de la situación complicada de la vivienda en nuestro país, es decir, justificándola y hablar de la promoción de vivienda privada como si fuese el pozo de la especulación y el aspirar a una vivienda libre fuese casi un pecado».

Y no solo eso, ha resumido que «representan ustedes una praxis política basada en la retórica, el prejuicio y los dogmas, que se cree con el derecho de poder decirle a la gente cuándo, cómo y dónde debe vivir, que se cree con el derecho de dividir a las clases medias entre buenos y malos, en función de si poseen o no más de una vivienda, que pretende tutelar a la sociedad, ponerle marcos y límites, sancionar a quien no haga lo que ustedes creen que debe hacer y decirle lo que está bien y lo que está mal».

Jon Hernández, de Sumar, le ha respondido con un por qué «lo nuestro es un dogma y la liberación para que promotores y bancos construyan como les dé la gana no es un dogma». Ha asegurado que la propuesta parece redactada en despachos de bancos e inmobiliarias, recordando que hablar de hacer compatible la función social de la vivienda con el mercado, es toda una declaración en favor del negocio. Para Sumar, el PNV está consiguiendo ahora lo que no logró hace diez años cuando se opuso a la Ley de Vivienda.

El parlamentario de EH Bildu Xabier Astigarraga ha calificado esta ley de «contrarreforma» puesto que no solo corrige la Ley de Suelo de 2006, sino incluso la aprobada en 1994 por el consejero José Antonio Maturana, del PSE. Ha asegurado que «nunca ha habido menor exigencia que con esta ley para construir vivienda protegida cuando es mas necesario que nunca la construcción de vivienda protegida».

Ha sido llamativa la posición del PP. Su parlamentaria Ana Morales ha participado en el turno a favor de la toma en consideración de la proposición de ley de PNV y PSE, aunque ha aclarado desde el principio que no votarían a favor de la ley si llega al pleno final con la redacción actual. Ha criticado las prácticas de PNV y PSE en materia de vivienda en las últimas décadas, y defendido las de políticas del PP en esta materia. Después de las intervenciones y respuestas de los representantes de estos partidos, ha anunciado el cambio a la abstención. También Vox se ha abstenido.

Reforma de la RGI «de tapadillo»

Berri Otxoak, el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria y Argila-ESK han alertado de que la norma «plantea de tapadillo una reforma del reglamento de la RGI, limitando su acceso a esta prestación a las personas más vulnerables». Según han indicado en un comunicado, cuando se apruebe la ley, las personas que han accedido al sistema de prestaciones sociales en los últimos meses «volverán a ver que su vida se convierte en un pozo de angustia y exclusión social, pues de nuevo se quedarán excluidos de la RGI». 

«La treta legal puesta en marcha por el PNV y el PSE, para evitar verse obligados a abrir el melón de la reforma de la Ley de la RGI, es una verdadera afrenta llevada a cabo por quienes tienen poder de manipular las reglas del funcionamiento democrático a su antojo», han añadido, y han incidido en que «el tándem PNV-PSE, se ha apuntado a echar más leña al fuego desatado para declarar la guerra entre las penúltimas contra las últimas personas vulnerables de nuestra sociedad».
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