Una operación policial desarrollada en Iruñea la semana pasada buscaba «el escarmiento social» y ha terminado «alimentando discursos racistas y xenófobos», según han denunciado varios colectivos en una comparecencia ante los medios que ha tenido lugar este martes.

En la misma, Beatriz Villahizan ha ejercido de portavoz de los citados colectivos, que eran, en concreto, Salhaketa Nafarroa, Dar Etxea, PIM, Apoyo Mutuo, Paris 365, Elkarte, Kontseilu Sozialista Iruñerria, Haritu y SOS Racismo Nafarroa.

En su intervención, ha puesto de manifiesto su «rechazo tanto a la forma como al tratamiento mediático que varios medios de comunicación han hecho de la operación policial ‘Karpi’», desarrollada el pasado 24 de junio de manera conjunta por Policía Municipal de Iruñea y Policía Foral, y que se saldó con cinco detenidos en los barrios de Arrotxapea, Alde Zaharra y Etxabakoitz.

El Gobierno de Nafarroa detallaba en su web que los arrestados pertenecían a «una banda criminal» a la que se le imputaba «numerosos delitos graves, como robos con fuerza o tráfico de drogas».

Los citados colectivos consideran que «la espectacularidad desplegada durante la intervención resulta especialmente innecesaria en operaciones como esta, previamente planificadas». De hecho, entienden que «la exhibición pública y mediática de la actuación, más que garantizar un proceso eficaz o proporcionado, la convierte de facto en una herramienta de propaganda o escarmiento social y busca generar impacto social y mediático a través de la teatralización del castigo».

Además, al ir acompañada esa exposición de «imágenes o detalles sobre la nacionalidad, origen étnico o situación administrativa de las personas detenidas, refuerza estereotipos sociales y contribuye activamente a la criminalización de comunidades ya vulnerabilizadas, alimentando discursos racistas y xenófobos».

Otra consecuencia que han querido resaltar es que «genera una alarma social injustificada y refuerza la percepción de que ciertos barrios o colectivos son inherentemente peligrosos, lo cual deteriora la convivencia y la cohesión social, reforzando discursos de odio y exclusión».

Uso «oportunista y carroñero»

Han puesto el acento en que en las grabaciones efectuadas durante la operación y difundidos en redes sociales, «se puede ver la actuación y los rostros con total nitidez» y han alertado de que «la filtración y difusión del vídeo del operativo y su uso oportunista y carroñero por parte de la extrema derecha ha servido para difundir su discurso racista, punitivo y autoritario».

En este sentido, Villahizán ha recordado que no se permite grabar ni investigar «los controles de identidad racistas que se dan a diario en nuestras calles» y que a pesar de ser «absolutamente ilegales, no han dejado de aumentar». Unas prácticas que ha considerado que no buscan «prevenir o actuar contra la delincuencia, sino generar un caldo de cultivo en el que poder ensayar límites normativos y exclusión».

Los colectivos también han querido denunciar especialmente «cómo algunos medios han asumido un papel de colaboración directa en la propagación del discurso de odio y el racismo con una estrategia de comunicación planificada», al destacar de manera «innecesaria y estigmatizante el origen y la racialización de las personas detenidas o investigadas».

Consideran que este enfoque es «especialmente grave en un contexto de creciente vulnerabilidad social, donde los discursos del odio y exclusión encuentran un eco preocupante en las políticas públicas y en la narrativa institucional y social». Una tendencia que «no confronta las causas estructurales de la inseguridad –el racismo estructural, la precarización, la miseria, la falta de oportunidades...– y que apela a una gestión tecnocrática del malestar ciudadano: más policías, más cámaras, más penas».

Por todo ello, estos colectivos exigen «responsabilidad institucional, rigor informativo y el cese inmediato de prácticas que perpetúan la criminalización estructural de sectores ya precarizados de nuestra sociedad».