La Diputación de Bizkaia ha incoado un procedimiento de reintegro de la subvención concedida en 2012 al Ayuntamiento de Alonsotegi –gobernado entonces por el PNV– destinada a paliar los efectos de una riada aunque, tal y como denunciaron representantes municipales y posteriormente fue ratificado por sentencia firme, las obras nunca llegaron a realizarse, ya que el objetivo de los promotores del fraude era saldar deudas pendientes. El Gobierno de Elixabete Etxanobe reclama ahora la devolución de 921.967,49 euros, lo que lastraría la gestión de un Consistorio que de la mano de EH Bildu ha olvidado los números rojos.

La iniciativa parte del director de Relaciones Municipales, Imanol Landa, quien solicitó un informe jurídico sobre si procedía iniciar un expediente de reintegro al Ayuntamiento de Alonsotegi, por la subvención de 600.000 euros concedida el 20 de febrero de 2012 y abonada el 14 de mayo de aquel año por el entonces diputado foral de Presidencia, Juan Mari Aburto, más 321.967,49 euros en concepto de intereses de demora. Se trata, apuntan fuentes municipales, del dinero equivalente a una cuarta parte del actual presupuesto.

Con fecha del pasado 19 de junio, el diputado foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales, el también jeltzale Ager Izagirre, rubricó una orden foral en la que se acordó incoar este procedimiento.

Trece años después

Sorprende la iniciativa del actual Gobierno foral después de la posición laxa mantenida durante trece años por sus antecesores, otorgando primero el Ejecutivo de José Luis Bilbao la subvención sin ningún tipo de control efectivo, como quedó en evidencia tras descubrir EH Bildu el fraude, y que terminó en los tribunales con dos constructores y dos arquitectos asesores municipales juzgados por corrupción, y posteriormente defendiendo en el proceso judicial ya siendo Unai Rementeria diputado general una posición diametralmente opuesta a la actual.

A lo largo de la instrucción y posteriormente en el juicio en la Audiencia de Bizkaia no pasó desapercibida la posición de la Diputación. En concreto, sorprendió que la Administración foral no sospechase de la celeridad con la que, según lo certificado por los entonces responsables municipales, se ejecutaron los trabajos de reparación. Fueron 21 días naturales desde que se adjudicaron las tres obras hasta la liquidación de las mismas, todo un récord.

Se da el caso de que, en 2018, cuando EH Bildu destapó las irregularidades en la gestión municipal y posteriormente la Fiscalía actuó, la Diputación no emprendió ningún procedimiento como el actual a pesar de personarse en las diligencias como acusación particular, al igual que el Ayuntamiento.

Entonces, tanto dos directivos de la constructora Laneder, en 2018, como el entonces alcalde y el aparejador, en 2019, declararon que las obras no se habían ejecutado. Aquello no motivó iniciativa alguna de la Diputación, a pesar de que desde 2012 a 2019 era quien fiscalizaba las cuentas del Consistorio al encontrarse intervenido dada su precaria situación económica.

Tras la sorpresa y estupor que ha provocado el paso dado por la Diputación, el actual Gobierno local sostiene que ni el Consistorio ni el vecindario de Alonsotegi son responsables de la situación, más bien fueron y son «la parte perjudicada» por la gestión que llevó a cabo el PNV. «Supone un retorno al pasado», apuntan fuentes municipales.

Reunión y pleno

Una representación del Ayuntamiento ha mantenido este miércoles una reunión con el director foral de Relaciones Municipales, sin que haya habido cambios en las posiciones de las partes, y para este jueves, a las 9.30, está prevista la celebración de un pleno en Alonsotegi en el que se abordará la aprobación de una declaración institucional tras el paso dado por la Diputación de Bizkaia.

Tras realizar las pertinentes consultas, el Consistorio defiende que la potestad de la Administración foral estaría prescrita, pues bien podía haber hecho las comprobaciones necesarias tras la justificación del gasto realizado, y no lo hizo, o incoado expediente de reintegro «con mayor premura y diligencia», una vez tuvo conocimiento de la denuncia de la Fiscalía en 2018, y tampoco lo hizo.

Desde la Diputación sostienen que no pudieron promover el expediente de reintegro hasta 2024, una vez el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) declaró firme la sentencia de la Audiencia de Bizkaia. Pese a tener un preciso conocimiento del daño generado y de la ilegalidad cometida, no quiso actuar.

En la propia sentencia absolutoria, se hace mención a que la Diputación, «pese a que no se realizó materialmente la obra subvencionada, no ha exigido durante todo este tiempo –seis años hasta que se interpone la denuncia por un tercero– al Ayuntamiento el reintegro por un importe total junto con los intereses de demora (...), lo que abona la idea de que aunque el objeto de la actuación subvencionada no fue el inicialmente planificado, no ha sido considerado como una actuación infractora por la administración que otorgó la subvención».

En otro pasaje de la resolución, que llevó a la absolución de los juzgados, la Sala constata que no quedó acreditado en el proceso que hubiera algún particular o Administración perjudicada. «No se ha considerado conveniente por quien tenía la obligación de velar por dichos fondos –es decir, la Diputación de Bizkaia– iniciar el procedimiento de reintegro de las cantidades dispuestas para fines distintos a los asignados, a pesar de que era notorio que las obras no se habían realizado, lo que pone de relieve que el ataque al ordenamiento jurídico no es tan palmario, porque de otro modo se hubiera recurrido al procedimiento de reintegro», se recoge en la sentencia.