Que se apruebe el informe sexenal sobre el lobo ibérico, «basándose en criterios exclusivamente científicos y no intereses partidistas» es lo que demandan más de 170 organizaciones conservacionistas y de diverso tipo a las diferentes administraciones.

Consideran que dicho dossier implica que «se mantenga el estado de conservación desfavorable» de dicha especie, «en línea con la evidencia científica, deteniendo su persecución política y cinegética». Argumentan que el nuevo censo realizado en el Estado español por las comunidades autonómicas y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) apunta a un estancamiento del lobo ibérico.

Elaborado entre 2021-2024, describe que el número de grupos ha pasado de los 297 en 2012-2014 a 333, lo que supone un incremento del 12 % en una década, muy inferior al que se ha producido en el resto de Europa y «muy lejos del umbral de seguridad de 500 manadas reproductoras establecido por la ciencia», exponen dichas entidades.

Esta última cifra ha sido elaborada por los especialistas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), por encargo de la Comisión Europea, para que el lobo ibérico pueda considerarse en estado de conservación «favorable», es decir, «para asegurar su viabilidad ecológica y genética a largo plazo». También denuncian que dicha especie «ocupa un área de distribución mucho menor de la que ocupó en el pasado y que las poblaciones más meridionales se han extinguido recientemente».

Está previsto que en breve se materialice una reunión del MITECO y las comunidades autonómicas para discutir el informe sexenal sobre el cumplimiento de la Directiva Hábitats que el Estado español debe remitir a la Comisión Europea, y en el que el lobo ibérico ocupa un protagonismo específico.

Pronunciamientos judiciales

Estas más de 170 organizaciones recuerdan que la justicia ha paralizado «cautelarmente» los planes de caza en Galiza, «pero las matanzas se continúan produciendo en Cantabria y Asturias, mientras que en La Rioja se ha declarado especie cinegética, pese a los recursos judiciales de la sociedad civil».

En este sentido, condenan «la maniobra política impulsada por la Xunta de Galicia en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que consiguió que se aprobara una propuesta para considerar al lobo en estado "favorable" en el informe sexenal, en contra de la evidencia científica».

Una propuesta «negacionista», a juicio de estas asociaciones, que contó con el apoyo de la amplia mayoría de las comunidades autonómicas y la oposición del MITECO, pero que deberá «someterse de nuevo a votación antes de ser remitida a Bruselas».

Finalmente, exigen a las administraciones implicadas que «asuman su responsabilidad legal y trabajen por un lobo vivo y protegido, empezando por devolver a la especie al LESPRE». Además, demandan que se impulsen «planes de conservación del lobo que permitan mantener y recuperar su insustituible papel ecológico en nuestros ecosistemas».

Dichos planes «deben estar basados en el conocimiento científico, combatir con eficacia la persecución ilegal, y contribuir a la coexistencia entre la especie y las actividades humanas», concluyen.