Que el Juzgado número 12 de Madrid, que lleva la querella contra el policía infiltrado ‘El Lobo’ por el caso de Josu Mujika, llame a declarar como testigos a varios periodistas y demás personas que hayan tenido algún contacto con Mikel Lejarza es lo que ha solicitado Giza Eskubiden Behatokia.

Este avance dentro de la citada querella ha sido dado a conocer por GEBehatokia a través de una nota, en la que especifica qué personas son las que solicita que el juzgado llame a declarar.

En concreto se trata del periodista Fernando Rueda, que escribió el libro ‘Yo confieso. 45 años de espía’ junto al propio Lejarza y en el que este último asume su participación en la operación policial realizada el 30 de julio de 1975 en Madrid y en la que mataron a tiros al legazpiarra Josu Mujika.

También solicita que se llame a declarar como testigo al periodista de ‘El País’ Pedro Gorospe, que realizó una entrevista al policía infiltrado publicada el 1 de marzo de 2019 y al periodista de Radio Euskadi Xabier García Ramsden, que lo entrevistó en el programa Boulevard el día 13 de enero de 2023, donde afirmó que él era ‘El Lobo’. Asimismo, figura la periodista de Vozpópuli Gema Huesca por una entrevista publicada el 2 de octubre de 2023.

Además, se pide que declare quien organizó la presentación del libro ‘Yo confieso. 45 años de espía’ en Bilbo (Bidebarrieta Kultur Gunea) el 28 de febrero de 2019 y quien organizó la presentación del mismo libro pero en Madrid (Ámbito Cultural de El Corte Inglés) el 14 de marzo de 2019.

Abrir camino a más querellas

Este nuevo paso dentro de la querella tiene lugar a escasas fechas del 50 aniversario de esa operación policial. Como recogió Iñaki Egaña en un artículo publicado en GARA, según el relato oficial, la infiltración de ‘El Lobo’, supuso la detención de decenas de militantes de ETA, la muerte de Josu Mujika Aiestaran, Andoni Campillo, Montxo Martínez Antía y Moncho Reboiras (este último militante de la Unión do Povo Galego), el fracaso de la fuga de la prisión de Segovia y la frustración de todas las acciones previstas por los Polimilis durante el verano de 1975 para intentar salvar la vida de los compañeros que estaban siendo juzgados. Dos de ellos, Jon Paredes ‘Txiki’ y Ángel Otaegi, serían fusilados el 27 de septiembre de ese año, junto a tres militantes del FRAP.

Desde GEBehatokia subrayan «la importancia que tiene que esta querella siga su curso y pueda llegar a una condena, abriendo una grieta en el búnker judicial negacionista». En concreto, «en el caso de tres de los asesinados -Andoni Campillo Alkorta, Jon Paredes Manot -Txiki- y Moncho Reboiras Noia- abriría el camino a sendas querellas», señala el Observatorio de Derechos Humanos.

En cambio, a Montxo Martínez Antia, el Gobierno de Lakua, en resolución del 4 de febrero de 2015, no lo consideró como víctima, «al dar por buena la versión del suicidio emitida por el informe forense de la época», aunque «la familia siempre ha mantenido que se trató de un asesinato a manos de las fuerzas policiales».

GEBehatokia recalca que «este caso pone en evidencia la asimetría con la que se han tratado estos derechos en función del origen de sus perpetradores, generando una revictimización inaceptable a las familias de víctimas como las de Josu Mujika. Por un lado, ha procurado a las víctimas de ETA los mecanismos a su alcance para obtener verdad y reparación y ha aplicado el sistema punitivo estatal, mientras se ampara a perpetradores de violaciones de derechos humanos a víctimas del Estado».

Concluye que «para terminar con la impunidad, es una condición sine qua non recorrer la vía judicial interna para, en su caso, acceder a órganos internacionales, tanto del ámbito europeo como universal, para hacer frente a estos delitos de lesa humanidad».