El Parlamento navarro ha abierto sus puertas en agosto para aprobar el plan de trabajo de la comisión de investigación sobre adjudicaciones de obras presuntamente ligadas al «caso Koldo» en las últimas cuatro legislaturas navarras (la de Yolanda Barcina, la de Uxue Barkos y las dos de María Chivite). Un calendario ambicioso pero que se queda corto para UPN, muy crítica con el hecho de que no se haya citado a Barkos ni Chivite.

Entre las personas citadas están las principales implicadas en el informe de la UCO de la Guardia Civil: el exasesor y excolaborador de la Guardia Civil Koldo Cerdán; el empresario y dueño de Servinabar, Antxon Alonso; y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, aunque actualmente está en prisión. Así lo ha explicado Irati Jiménez, parlamentaria de EH Bildu que preside esta comisión de investigación.

Tampoco ha sido aprobada la petición de que comparezca Ábalos, porque se entiende que el que fue ministro de Fomento no tuvo participación alguna en las adjudicaciones en Nafarroa, que son el objeto de investigación.

Sí deberán comparecer, ya que es obligatorio si se es reclamado, el actual consejero responsable de obras en carreteras y en concreto de las del desdoblamiento del túnel de Belate, donde Servinabar forma parte de la UTE adjudicataria, Óscar Chivite; o sus predecesores, Bernardo Ciriza, también del PSN, y Javier Esparza, que lo fue en el Gobierno de Barcina y ahora es portavoz parlamentario de UPN.

La responsable de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, Edurne Eginoa, o los gerentes de Nasuvinsa cuando se contrataron varias promociones de vivienda, son otros de los que recibirán la citación, una lista que reduce a 40 personas las más de cien inicialmente solicitadas.

En su comparecencia ante los periodistas, Irati Jimenez ha explicado que antes de las comparecencias, que comenzarán a mediados del mes de octubre, deberán recibirse los requerimientos de información y documentación que se ha aprobado solicitar a organismos como el Gobierno navarro, la Cámara de Comptos, la Oficina Anticorrupción de Navarra, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Registro Mercantil, la Seguridad Social o determinadas empresas.

Su documentación deberá obrar en poder de la Comisión antes del 15 de septiembre, lo que permitirá su estudio y análisis por los grupos antes del 14 de octubre, fecha aproximada de inicio de las sesiones de comparecencia, que se celebrarán los martes y miércoles en dos sesiones, una de inicio a las 9,30 horas y otra a las 15:15 horas, ha dicho Jiménez.

El orden de las comparecencias ha de ser debatido y votado en la Comisión. Esto se llevará a cabo en una sesión que se va a celebrar en la segunda quincena de septiembre.

Junto a todo ello, Irati Jiménez ha destacado que «es importante estar a la altura de la situación para poder cumplir con el objetivo de esta comisión y hacerlo de una manera seria y rigurosa», por lo que ha pedido a las formaciones políticas «que trabajen en este sentido».

La Comisión que preside Jiménez (EH Bildu) está integrada, además, por Javier Esparza, Pedro González (UPN), Javier Lecumberri, Ainhoa Unzu (PSN), Adolfo Araiz (EH Bildu), Pablo Azcona, Blanca Regúlez (Geroa Bai), Javier García (PPN), Miguel Garrido (Contigo-Zurekin) y Emilio Jiménez (Grupo Mixto).

UPN, PP y Vox dudan de la eficacia de la comisión

El más crítico con la comisión ha sido el portavoz de UPN, Javier Esparza, quien ha considerado la ausecia de Barkos y Chivite como «una tomadura de pelo», «una vergüenza» y «un escándalo mayúsculo», tras acusar a PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin –los tres en el Gobierno de coalición– de mantener un «pacto de no agresión» con EH Bildu.

Por el PP de Navarra, Irene Royo ha calificado de «paripé» la comisión, por lo aprobado y por no incluir peticiones de información solicitadas por su grupo, como las reuniones en las que participó Santos Cerdán sobre obras públicas en Navarra en las que no tenía competencias.

Emilio Jiménez (Grupo Mixto-Vox) cree que se han confirmado sus sospechas de que esta comisión «iba a ser un circo o un mero teatro».

Abogados de Alonso renuncian

Justo este día hay novedades en torno a la defensa de Antxon Alonso, el propietario de Servinabar que será uno de los citados en la comisión (ya pasó por la abierta en el Senado con impulso del PP). Los abogados del empresario han renunciado a ejercer su defensa en el procedimiento en el que se le investiga en el Tribunal Supremo.

«Mediante el presente escrito ponemos en conocimiento de la Sala (de lo Penal) que los letrados y procuradora que lo suscriben renuncian a la defensa y representación del Sr. Alonso Egurrola en la presente causa», han señalado los firmantes en el documento al que ha tenido acceso Europa Press.

Así las cosas, los abogados firmantes han solicitado al Supremo que requiera al empresario investigado que «designe nuevos letrado y procurador que lo defiendan y representen».

El principal letrado defensor de Alonso era Martín Zudaire, a quien se ha vinculado con el PNV a partir de datos como que fue candidato al Ayuntamiento de Iruñea en las elecciones municipales de 1979.

Entre los últimos casos que ha llevado, figura la defensa de las ex directoras generales del Departamento de Desarrollo Económico imputadas en el «caso Davalor», en el que se investigaban las ayudas públicas que concedió el exconsejero Manu Ayerdi, del PNV, a la empresa del mismo nombre cuando el Gobierno de Nafarroa estaba presidido por Uxue Barkos.

Cabe recordar que Alonso figura como investigado en la causa en la que el magistrado Leopoldo Puente investiga a Cerdán, a Ábalos y a García. El pasado 7 de julio, el instructor del caso prohibió salir del país a Alonso y fijó su obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial. El magistrado adoptó dichas medidas cautelares tras tomarle declaración como investigado por su presunta implicación en la trama, algo que el empresario negó.