Eel aeropuerto de El Salvador, la figura de Nayib Bukele está presente en cada rincón. Peluches y funkos con su rostro, camisetas con su silueta y tazas con frases presidenciales llenan los estantes. Una de las boutiques está dedicada a ‘Bean of Fire’, la marca de café del mandatario. Afuera, vallas y anuncios exhiben renders de trenes de alta velocidad y ciudades futuristas como Surf City o Bitcoin City, proyectos megalómanos de un presidente obsesionado con su popularidad. El mensaje es inequívoco: este es el país de Bukele.

Bajo una estética de modernidad a ritmo de TikTok, El Salvador acelera su deriva autoritaria en este periodo estival. «Pese a su popularidad, todo régimen autoritario, tarde o temprano, recurre a la represión», señala a GARA un analista político que pide anonimato. Durante la estancia de este medio en el El Salvador, al menos 20 activistas y 40 periodistas optaron por abandonar el país de forma preventiva y la principal ONG de derechos humanos, Cristosal, cerró sus oficinas tras la detención de su directora de Anticorrupción, Ruth López, en medio de una ola represiva que consolida al país como la vitrina de una dictadura millennial al gusto de Washington.

Dos acciones han seguido esa estela dictatorial: la Asamblea controlada por Nuevas Ideas, el partido de Bukele, ha aprobado una reforma constitucional que elimina límites a la reelección, amplia el mandato y suprime la segunda vuelta. A partir de septiembre, además, entrará en vigor una nueva ley de agentes extranjeros que obliga a toda organización con financiación internacional a inscribirse en un registro público, pagar un 30% al Estado y exponerse a posibles suspensiones arbitrarias. 

Es la pregunta que trata de contestar este analista. Echando la vista atrás, este presente, indica, no se entiende sin retroceder a 1932, cuando una dictadura militar se instaló en el país tras «una masacre de pueblos indígenas» que acabó en etnocidio. A partir de ahí, El Salvador entra en una larga etapa de gobiernos militares o civiles controlados por mandos castrenses.

En 1980 estalló la guerra civil en El Salvador, donde produjeron masacres atroces, como la de El Mozote en 1981, donde más de 800 civiles fueron asesinados por el Ejército, y otras como las de Chalatenango y Santa Anita, que dejaron decenas de víctimas. La guerra dejó 75.000 muertos y más de 10.000 desaparecidos.

Tras más de una década de conflicto, los Acuerdos de Paz de 1992 pusieron fin a la lucha armada y permitieron la transición democrática. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), una coalición de cinco grupos guerrilleros, se legalizó como partido político y gobernó el país en 2009 con Mauricio Funes y en 2014 con Salvador Sánchez Cerén, tras 20 años de gobiernos conservadores de ARENA.

«Desde 1992, El Salvador ha sido un régimen híbrido, donde convivieron elementos democráticos con rasgos autoritarios», explica este analista. Se celebraron elecciones libres, se creó una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, un Tribunal Supremo Electoral y una Sala Constitucional.

Pero si bien se avanzó en lo político, no ocurrió lo mismo con la raíz socioeconómica del conflicto. «Se privatizó todo: la banca, la electricidad, las telecomunicaciones... El neoliberalismo se impuso, y el Estado se debilitó justo cuando más fuerte debía ser», recuerda, y añade que ninguno de los principales partidos logró solucionar esta problemática.

Ese vacío fue terreno fértil para el crimen organizado. En los años 90, miles de salvadoreños emigraron a EEUU, y muchos jóvenes, ya integrados en pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) o el Barrio 18, fueron deportados. Regresaron a un país sin oportunidades y replicaron la estructura criminal. «El 99% de sus miembros vienen de hogares pobres y desintegrados, sin acceso a educación ni empleo», apunta.

El pacto y la represión

Hijo de un publicista adinerado de origen palestino y dueño de agencias que gestionaron la comunicación del FMLN durante más de una década, Bukele dio el salto a la política en 2012 como alcalde de Nuevo Cuscatlán y luego de San Salvador. En 2018, el FMLN le negó la candidatura presidencial para 2019 y lo expulsó del partido por violar principios internos y críticas hacia la dirigencia del partido. Pero ya era demasiado tarde.

Con su estrategia de comunicación, a golpe de tuits y memes para anunciar megaproyectos o cargar contra rivales políticos, Bukele capitalizó la desafección política y se consolidó como un outsider del sistema. Sin respaldo ni programa definido, se presentó en 2019 y arrasó con promesas de seguridad. Había heredado un país marcado por la violencia, por lo que aplicó una doble estrategia: un pacto secreto con las maras –revelado por ‘El Faro’ y luego por ‘The New York Times’– y la encarcelación masiva de más de 70.000 personas.

El pacto con las maras logró reducir los homicidios en 2020 y 2021, pero en marzo de 2022 se habría roto, según fiscales e investigaciones periodísticas, debido a desacuerdos e incumplimientos. La respuesta de la MS-13 fue una ola de muertes, a lo que el gobierno de Bukele respondió con un régimen de excepción que hoy se mantiene y una política de «mano durísima», negando la existencia de pactos y enmarcando su estrategia como una «guerra contra las maras».

La estrategia funcionó: los homicidios cayeron en picado, y con ellos la percepción de inseguridad. Para gran parte de la población, la represión masiva contra opositores, fiscales y periodistas era un precio asumible. «Todos los que dicen que es un dictador, los que han entrado a la cárcel, tienen alguna vinculación con las pandillas», remarca un taxista que afirma que «hace años sería imposible trabajar en esto por estos barrios». No es una opinión aislada: es un sentir generalizado al conversar con muchos salvadoreños.

«Muchos gobiernos han pactado con las maras. Pero antes no se podía ni salir de casa; la gente vivía prisionera en sus propias comunidades», subraya el analista. Mientras «limpiaba las calles de pandilleros», Bukele destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, al fiscal general, cerró investigaciones de la unidad anticorrupción de la Fiscalía y anuló el impedimento constitucional que le prohibía buscar la reelección. La autocracia había comenzado. 

Periodismo en el exilio

Óscar Martínez, jefe de redacción de ‘El Faro’, habla desde un exilio itinerante. «Seguimos teniendo información de que el Gobierno tiene preparadas órdenes de captura contra personas del periódico. La gran mayoría sigue fuera del país».  Resume así la rutina de su equipo: «Los riesgos inminentes son el exilio y la prisión».

El punto de quiebre llegó con una pieza en video que cambió las reglas. Dos líderes del Barrio 18, desde la cárcel, detallaron el pacto con Bukele: «Por primera vez se cuenta a detalle, por uno de los protagonistas, cómo pactaron, dónde y cuándo, a cambio de qué». El aparato oficial reaccionó con velocidad. «El encargado de inteligencia nacional nos acusó de varios delitos… ya nos ha amenazado varias veces».

Las alertas llegaron también desde fuera: diplomáticos y fuentes internas advirtieron que existían siete órdenes de captura preparadas contra miembros del periódico por «agrupaciones ilícitas», el mismo delito con el que se encarcela a supuestos pandilleros. Y el plan iba más allá: «Posiblemente acusarnos ya en los tribunales… después de implantarnos cocaína».

Martínez cree que el caso de ‘El Faro’ es un aviso general. «El mundo no sabe lidiar con un dictador tan popular como Bukele… se ha convertido en una marca internacional muy admirada», subraya, no sin antes matizar que esa popularidad es en parte infundada, ya que según varias encuestas «el 65% de la población asegura tener temor a hablar mal de él».

¿Y la oposición?

Con 54 de los 60 escaños en la Asamblea Legislativa, Nuevas Ideas gobierna sin contrapesos. La reducción de municipios (de 262 a 44) y de diputados (de 84 a 60) ha consolidado un poder casi absoluto, dejando al FMLN –aún segunda fuerza presidencial– sin alcaldías ni representación parlamentaria.

Desde su despacho, Manuel ‘el Chino’ Flores, secretario general del FMLN, atiende a GARA y no duda en calificar el rumbo del país: «Estas son acciones propias de gobiernos fascistas y autoritarios que buscan silenciar a las voces disidentes».

«El 80% de las fuerzas de Nuevas Ideas llegaron del FMLN», dice Flores, que admite que la situación en materia de seguridad ha mejorado. Pero, agrega, esa «seguridad» tiene un alto costo: más de 8.000 inocentes detenidos, según cifras reconocidas por el propio gobierno. Ahora, incluso acepta a presos deportados desde Washington y los encierra en el CECOT, la cárcel más grande de América Latina.

«Nos hemos convertido en algo peor que el patio trasero de EEUU. El Salvador es la cárcel de Trump», critica Flores. «Pero en lugar de hablar de cárceles, ¿por qué no hablamos de universidades? De abrir más escuelas, generar empleo, recuperar el agro. La deuda se ha disparado y no hay obras, la salud está deteriorada, no hay nada», dice Flores.

Economía y medio ambiente

En El Salvador, la popularidad de Bukele se alimenta de la caída de homicidios, la estética de modernidad y el relato de que él —y sólo él— puede salvar al país. Tras el «primer milagro» en materia de seguridad, busca un segundo en la economía. Porque lo cierto es que la situación económica es el principal problema para la población, principalmente por el desempleo, el alto costo de la vida y un endeudamiento desorbitado.

Volviendo al analista, este afirma que Bukele ha recibido dos duros golpes. En primer lugar, sus medidas para impulsar las criptomonedas han sido las más impopulares. Aunque El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar un criptoactivo como moneda de curso legal, la mayoría de la población no lo aceptó ni lo usó. El segundo es la oposición a la mineria métalica que Bukele trata de reactivar.

En Cabañas, al norte de El Salvador, Radio Victoria emite desde hace más de tres décadas programas comunitarios que mezclan música, noticias locales y, sobre todo, defensa del medio ambiente. La emisora ha sido la voz más persistente contra la minería metálica, y por eso ha sufrido amenazas, atentados y campañas de difamación. En su sede, rodeada de montañas verdes y caminos de tierra, Edilberto Escobar resume la resistencia: «Nos han querido callar, pero aquí seguimos. En este departamento somos la única radio comunitaria que estamos difundiendo lo que está pasando».

Esa oposición se hizo visible en 2017, cuando la comunidad de Santa Marta logró que se prohibiera la minería metálica. Pero la victoria trajo represalias: en 2023, cinco líderes de Santa Marta, conocidos como los cinco defensores del agua, fueron detenidos y acusados de un crimen supuestamente cometido durante la guerra civil, un caso prescrito que, según ONG y organismos internacionales, fue reactivado para castigar su papel en la prohibición minera. Pasaron más de un año en prisión preventiva antes de ser liberados, pero el juicio sigue abierto.

Mientras, el gobierno promueve la explotación del torio, un elemento ligeramente radiactivo utlizado la generación de energía. Un ambientalista que también pide anonimato advierte que su extracción tendría un alto impacto ambiental. Además, describe un El Salvador sumido en una crisis hídrica agravada por la deforestación y la contaminación de ríos, con instituciones ambientales debilitadas por el propio Ejecutivo.

La presión también golpea al periodismo ambiental. Marvin Díaz, del medio ‘Malayerba’, denuncia que «ya no tenemos acceso a  fuentes oficiales… todos los espacios están cerrados». Tras investigar un proyecto turístico ilegal, el padre de la directora fue detenido y ella tuvo que exiliarse. Otros medios en los que trabajó, como ‘Gato Encerrado’, han visto a sus directores abandonar el país.

La maquinaria propagandística proyecta hacia el exterior la imagen de un El Salvador moderno y seguro, mientras influencers como Luisito Comunica lo presentan como un presidente cool. Tras esa postal, afirman los entrevistados, lo que queda es un país donde la democracia es atrezzo y el silencio, una política de Estado.