Con el voto conjunto de grupos parlamentarios centristas, liberales y socialdemócratas se aprueba la prórroga de la vida útil de reactores nucleares y además subvenciones públicas para contentar a las eléctricas. Ocurrió en Bélgica, en febrero. Y es el gran anhelo de las grandes empresas de energía del Estado español.

Una de las primeras medidas del nuevo gobierno del PSD flamenco con liberales valones fue esa suerte de buena noticia para las energéticas y es, en cierta forma, lo que les gustaría replicar a Iberdrola y Endesa, propietarias de la mayoría de los reactores nucleares en el Estado.

No es una interpretación: hace pocos días ‘El País’ publicaba una carta de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, a las mencionadas empresas, en la que respondía a su sugerencia y en la que, aparentemente, se dejaba la puerta abierta a la prórroga de la vida útil de los reactores nucleares.

Eso disparó la tensión con Sumar de manera inmediata. La vicepresidenta Yolanda Díaz dijo que habría «consecuencias democráticas» si el PSOE «violentaba» el acuerdo de investidura y gobierno firmado en el otoño de 2023. Ese texto, en su página 16, recoge expresamente lo siguiente: «Haremos un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035, continuando los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa».

«No lo vamos a permitir. La energía nuclear es un elemento disfuncional en el sistema energético español, es absolutamente peligrosa y es carísima. Nuestra propuesta es seguir avanzando en la descarbonización y actuar contra los oligopolios», ha recalcado Díaz en RNE esta semana. Al dia siguiente, la ministra Aagesen rechazó que se esté negociando una prórroga de vida útil de las nucleares y recordó que en 2019 se pactó con las empresas el calendario de cierres graduales.

Menos políticamente correcta, la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, y líder del PSOE valenciano, afirmó: «Las propias empresas, por ejemplo Iberdrola, da beneficios anuales de 5.000 millones de euros. Mi pregunta es ¿por qué no alarga Iberdrola las nucleares? ¿Por qué pide que la paguemos entre todos y entre todas? ¿Por qué pide que sea la ciudadanía, y por tanto sea de lo público, de lo de todos, de lo que paguemos un negocio muy concreto que son las nucleares?».

Horizonte de ganancia

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica respondieron a NAIZ que junio se recibió una carta de Endesa e Iberdrola (no suscrita por Naturgy ni EDP, las otras dos compañías firmantes del protocolo de cierre de 2019) en la que hacen una «declaración de intenciones, y no una petición formal», planteando la modificación del marco normativo vigente, a la vez que sugieren la reducción de la tributación de las instalaciones y otras medidas económicas.

Según la cartera de Aagesen, el planteamiento «no cumple con las tres líneas rojas» que el Gobierno dice tener para tramitar una petición: seguridad, garantía de suministro y que no suponga mayor coste para los ciudadanos. Desde que se informó esa posición, las mismas fuentes revelan que las empresas «no han trasladado» un cambio en sus demandas por lo que no hay ninguna negociación posible.

Ante la repregunta, en Transición Ecológica responden con firmeza: la idea de la prórroga ha venido de las empresas y con pedido de rebaja de impuestos, y el Gobierno ha dicho «no». No sería la primera vez que grandes compañías filtran a los medios para instalar un debate que presione al Ejecutivo a cambiar de opinión.

Pero ¿por qué las eléctricas, que impulsaron el desmantelamiento gradual en 2019, ahora buscan instalar el tema para lograr consenso y extender la vida útil de las nucleares? La razón no sería ninguna sorpresa: proyección de mejores beneficios.

«Desde la invasión rusa a Ucrania el gas ha estado mucho más caro y por tanto los mercados futuros prevén precios para la energía de 57 euros el megavatio, cuando estaban en torno a los 40 euros antes de la pandemia (cuando se firmó el protocolo de desmantelamiento). Entonces, las eléctricas podrían ganar un poco más, no mucho más, pero lo justo para tener rentabilidad. Se produce el cierre del círculo de la rentabilidad porque con poca o ninguna inversión podrían extender la vida útil unos años y ganar más, aunque depende de lo que dijera el Consejo de Seguridad Nuclear sobre esa extensión», explica en conversación con GARA el doctor en Ingeniería Química y revisor experto del IPCC Eloy Sanz.

Especialista en energía e investigador en la URJC, Sanz fue asesor en políticas medioambientales de Pedro Sánchez durante un año y dejó su cargo en Moncloa a comienzos de 2025. «En el debate de cuándo desmantelar, hay que meter todas las variables en la ecuación. La disputa va por varios frentes, pero hay que tener en cuenta que no se aspira a funcionar mucho más, serían dos o tres años de extensión de vida útil. Les interesa por una buena proyección económica para sus dueños».

Eloy Sanz, doctor en Ingeniería Química y exasesor medioambiental de Sánchez: «Puede ser un freno a las renovables porque esto son habas contadas, un juego de suma cero»

Según Sanz, esto puede suponer «un freno a las renovables» porque las nucleares «están ocupando una generación (de energía) que no pueden ocupar otras tecnologías. Esto son habas contadas, un juego de suma cero, porque toda generación va a la misma olla y cobra el mismo precio. Pero si la predicción de remuneración es muy baja por la saturación, las inversiones desaparecen y se van a otra parte, porque no la podrán rentabilizar. Que haya varias horas al día a precios muy bajos a quien funciona durante las 24 horas, como las nucleares, le hace mella, pero acaba desincentivando la inversión en fotovoltaica».

El especialista asegura que la prioridad debería ser «desarrollar almacenamiento. Ya está habiendo explosión de esto, que todavía no se ve porque están en fase de hacer números, compras de equipos, instalaciones en polígonos, etc, y esto es muy positivo». En ese sentido, sugiere que hay que «mantener el cierre nuclear acordado» y recalca que nadie se va a arrepentir de eso. «Si nos podremos arrepentir de algo, en todo caso, será de no avanzar en el desmantelamiento».

El status quo nuclear

En el Estado español hay cinco centrales nucleares con siete reactores en total, ya que en Almaraz (Extremadura) y Ascó (Catalunya) las centrales cuentan con dos, mientras que las ubicadas en Guadalajara, València y Tarragona tienen uno. En lo que supone a la generación de electricidad a final de cada año, la nuclear representa entre un 20-25%o «y viene siendo relativamente constante ese porcentaje en los últimos años, siendo el último dato de 20% para 2024», explica Sanz. Es decir, producen uno de cada cinco electrones, contando con una potencia de siete gigavatios, mientras que las energías renovables ya representan el 58% del total.

Para entender siempre es bueno comparar: en el Estado francés, por ejemplo, las nucleares hoy representan un 66% (y en los años tras la crisis de precios del petróleo llegaron a ser el 80% de la generación), siendo el país de la Unión Europea que más depende de ese tipo de energía. En otros sitios como China o Estados Unidos, la proporción ronda el 5% del total.

«La nuclear es una generación de base, constante, que intenta generar al 100% la mayor parte del tiempo, a plena potencia durante diez u once meses, y parar uno por recarga. Otros países marcan la base con gas, aqui en España se hace con la nuclear. Pero con el desarrollo de la eólica y luego fotovoltaica se ve que los sistemas son algo incompatibles. Teniendo un pico solar que llega a cubrir una parte muy importante de las horas centrales, deja de tener sentido entonces una generación base que no se mueva. Es decir, no entra más generación solar porque está la nuclear, y la nuclear tiene pérdidas porque la vende muy barata porque no puede parar», señala Sanz.

Las centrales nucleares suelen tener una vida útil de unos 40 años y son muy pocas las que han logrado superar eso: solo cinco. De hecho, solo en Estados Unidos se consiguió que una alcance los 80 años, un caso único en el mundo. Además, su desmantelamiento implica un proceso complejo, más que la operativa normal.

«La operación cotidiana no requiere muchos empleos pero sí de alta calidad, muy bien remunerados, y es verdad que revitaliza zonas remotas, mientras que cuando se desmantelan exigen muchos más empleos. Pero hay una curiosidad: cuando ocurre, la titularidad pasa a ser de Enresa, el ente público, que se hace cargo de todo el proceso y pagarlo, y revertir el estado del terreno a como si nunca hubiera habido allí radioactividad. Es algo que lleva muchos años y recursos», añade.

En tiempos de debate sobre las centrales nucleares, cabe recordar el movimiento ciudadano de vascos, riojanos y castellano-leoneses para cerrar la central de Garoña (Burgos), inaugurada por el dictador Franco en 1971. Pero especialmente, el problema derivado de Vandellós I, la que casi fue, según Sanz, «la Chernobyl española», al sur de Tarragona.

«No está desmantelada pero sí en período de latencia y estuvimos cerca de tener un desastre nuclear, con un incendio que por suerte no llegó al edificio del reactor. Era una central de 1967, de tecnología francesa, con estándares de seguridad que a día de de hoy estarían prohibidos», recuerda en referencia a aquel accidente en 1989.

Mientras tanto, PP y Vox impulsan en sus programas electorales la prórroga de las nucleares y, con tonos diferentes, se suman a la ola reaccionaria contra las renovables y la mal llamada «tiranía verde».