Un tribunal guatemalteco ha declarado este martes culpables a cuatro exfuncionarios por el delito de homicidio culposo por la muerte en 2017 de 41 niñas en un hogar estatal, que fallecieron quemadas mientras estaban recluidas bajo llave en un aula.

El veredicto ha sido dictado por la jueza Ingrid Cifuentes, a cargo del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal del Organismo Judicial guatemalteco, tras un proceso judicial que ha durado más de ocho años, y en las que los exfuncionarios han sido condenados a penas de cárcel de entre seis y ocho años.

La jueza también ha ordenado al Ministerio Público investigar al expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, por estos hechos.

Como relató Asier Vera en NAIZ hace ahora un año, el 8 de marzo de 2017 56 niñas –adolescentes, de entre 13 y 17 años,– intentaron huir de en un hogar de protección gestionado por el Gobierno. El día anterior ya habían tratado de escapar de los maltratos, hacinamiento y comida en mal estado que sufrían en el llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

La Procuraduría de los Derechos Humanos incluso denunció ante la Fiscalía la posible existencia de una red de trata de menores en su interior.

La Policía las capturó poniéndolas de nuevo a disposición del Estado. Fueron encerradas en el aula desde donde pidieron a las agentes de policía que les abrieran la puerta incluso para ir al baño. Una de las adolescentes prendió fuego a una de las colchonetas para intentar que les abrieran la puerta.

Las llamas y el humo fueron en aumento y las jóvenes golpearon la puerta y pidieron auxilio sin éxito. Según la fiscalía, la subinspectora Lucinda Marroquín llegó a decir: «Que se quemen esas hijas de la gran puta y así como fueron buenas para fugarse quiero ver que sean tan fibrudas para salirse».

19 de las adolescentes murieron allí mismo por asfixia y en los días siguientes, por las graves quemaduras, fallecieron en los hospitales otras 22. Quince más resultaron heridas de gravedad e incluso sufrieron amputaciones.