La plantilla del servicio BetiON llevará a cabo el próximo lunes, día 18 de agosto, una jornada de huelga de 24 horas, convocada por el Comité Intercentros, para denunciar una serie de hechos de «extrema gravedad» que, aseguran los sindicatos ESK, LAB, ELA y UGT, «están poniendo en riesgo tanto los derechos laborales como la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía vasca».

En un comunicado, estas centrales sindicales han explicado que desde el 1 de agosto de 2023, el servicio público de teleasistencia BetiON es gestionado por la empresa Ilunion. El pasado 16 de julio, Ilunion despidió a una trabajadora alegando que sus funciones pasarían a desarrollarse desde Madrid. «El Gobierno Vasco, plenamente conocedor de la situación, ha optado por mirar hacia otro lado», han alertado.

En su opinión, este despido es «arbitrario y responde a una lógica represiva hacia quienes defienden condiciones laborales dignas». A ello han sumado múltiples sanciones impuestas a diferentes trabajadoras en los últimos meses, lo que los sindicatos interpretan como una «campaña de intimidación» contra la plantilla.

Más grave aún, a su juicio, es el caso de una trabajadora que sufrió una agresión por parte de un usuario mientras desempeñaba sus funciones. «La empresa no activó ningún protocolo efectivo de protección ni ofreció apoyo psicológico o jurídico», han señalado las centrales sindicales. Han asegurado, además, que «la mutua, por su parte, tardó cuatro días en reconocer la agresión». A su modo de ver, se trata de una «omisión» que tachan de «inaceptable» y que evidencia una gestión que «antepone los intereses empresariales al bienestar de las trabajadoras y de las personas usuarias».

Los sindicatos convocantes de la huelga han recordado que BetiON es «un servicio público esencial, financiado con recursos públicos y destinado a atender a personas en situación de vulnerabilidad». Por ello, consideran que «no puede seguir funcionando a costa de la precarización, el miedo y la desprotección de su plantilla».

Así, con la huelga quieren exigir «la readmisión inmediata de la trabajadora despedida; la búsqueda de fórmulas alternativas al régimen sancionador; la activación real y efectiva de protocolos de actuación ante agresiones, con apoyo integral a las trabajadoras del Servicio de Teleasistencia; y la implicación urgente de las instituciones públicas para garantizar condiciones laborales dignas en este servicio esencial».