Refugiados Mali que abandonaron su país huyendo de la guerra civil y otras catástrofes y que desde finales de julio pernoctaban en las calles de Gasteiz a la espera de tramitar la petición de asilo están siendo trasladados en autobuses a distintos recursos del Gobierno de Lakua hasta que puedan solucionar su situación. Se repite así lo ocurrido en Donostia hace un par de semanas.

Fuentes del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, que dirige Nerea Melgosa, han explicado que el Ejecutivo Pradales, aunque no tiene la competencia para conceder permisos de asilo, que corresponde al Gobierno español, está tratando de ayudar al Ayuntamiento de Gasteiz, ante el «colapso» que se ha producido en esta ciudad. Se calcula que estaban malviviendo ahora en la calle unas 50 personas, tantas como las que se establecieron provisionalmente en el barrio de Amara Berri de Donostia durante casi dos meses, hasta hace un par de semanas.

En ambas capitales vascas, el problema deviene de la lentitud del Ejecutivo español en resolver sus demandas de asilo, e incluso en dar a estas personas cita para la tramitación. Ello hace que tengan que vivir en la calle mientras tanto.

Fuentes de la Delegación del Gobierno español se escudan en que el primer paso para demandar asilo es pedir una cita en la Policía Nacional y después formalizar la petición en una segunda cita. El proceso está pautado por lo que no puede acortarse pero dice que está tratando de agilizar los trámites.

Ante esta situación el Gobierno de Lakua ha efectuado varios traslados en autobús de ciudadanos malienses a recursos de acogida en los tres herrialdes, y que están ubicados en municipios como Oñati (Arantzazu), Tolosa o Berriz. No ha querido precisar destinos concretos porque los refugiados están siendo reubicados sobre la marcha en función de las entradas y salidas.

Este viernes se ha efectuado un nuevo traslado a recursos en los que han quedado plazas libres, una vez que estos refugiados van solucionando sus trámites y han iniciado su tránsito migratorio a otras comunidades autónomas para residir en recursos del Estado o que se dirigen a otros países, como el Estado francés.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha abogado cuando comenzó el problema por "reforzar" y ampliar el horario de las comisarías y de las oficinas donde se tramitan estas demandas.

El Ayuntamiento de Vitoria por su parte ha ofrecido a estas personas atención social y el equipo de educadoras de calle les visita, acompaña y asesora. El consistorio trabaja en coordinación con el Gobierno Vasco, los ayuntamientos de San Sebastián y Bilbao, así como con la Subdelegación del Gobierno en Álava y con CEAR, la entidad del tercer sector responsable de la gestión de los medios y recursos para atender las demandas del sistema de protección internacional