«Vamos a por todas», dijo el presidente del Gobierno español en su balance de fin del curso político al terminar el mes de julio. En el Palacio de la Moncloa, y antes de que los feroces incendios en el oeste peninsular coparan las cabeceras mediáticas, Pedro Sánchez aseguraba que iba a buscar aprobar los primeros presupuestos generales de esta legislatura.

Aquel martes de calor extremo, el líder del PSOE fue contundente y aseguró con énfasis que presentará los presupuestos y que desea obtenerlos. Ante las dudas de conseguir una mayoría que los apoye, respondió que no se plantea otro escenario hasta que no termine de dar la batalla. Por ello dio comienzo al operativo de seducción dirigida a Carles Puigdemont, dando a entender que era factible un encuentro personal con el líder de Junts. Horas después, fuentes de Moncloa explicaban a NAIZ que sí, se había comprendido bien, que tras el fallo del Tribunal Constitucional avalando la amnistía, había intención de avanzar hacia la normalización del vínculo con el expresident.

Pero el reto es mayúsculo. Parece un mundo atrás pero es que tan solo hace tres meses muchos daban por derrocado al Gobierno por el escándalo de corrupción de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, cuyas esquirlas legales volverán a aparecer seguramente tras la feria judicial. El tema de la presunta corrupción acabó debilitando más a Sánchez y encareciendo más los apoyos de algunos aliados habituales.

Tampoco se puede desdeñar el déficit democrático. No se puede esgrimir, como lo ha hecho alguna vez María Jesús Montero en sede parlamentaria, la incoherencia de los conservadores, que critican la prórroga de presupuestos pero la defienden en sus gobiernos autonómicos, como la triple que hizo Díaz Ayuso. Citando a Gabriel Rufián, «la izquierda no se puede permitir» muchas cosas y una de ellas bien puede ser desgastar la legitimidad de la soberanía popular.

Dicho claramente: las cuentas del Estado español (380.822 millones de euros) están siendo orientadas por unos presupuestos votados por una mayoría parlamentaria que ya no existe, y confeccionados antes de las últimas elecciones generales, negociados incluso por diputados que ya no lo son. En 2022, Yolanda Díaz y Ione Belarra alcanzaron un acuerdo con el tándem Bolaños-Montero que luego fue refrendado por los aliados de aquel momento. Todavía en ese mar nadamos.

En 2022 Díaz y Belarra alcanzaron un acuerdo con Bolaños-Montero que fue refrendado por los aliados luego, y todavía en ese mar nadamos en 2025

La vicepresidenta Montero, en una comparecencia hace pocos días en la andaluza Rota, respondió que «rotundamente sí» el Ejecutivo impulsará los PGE para 2026. Unas cuentas que permitan «poner de manifiesto cuáles son las prioridades políticas que (el Gobierno) está impulsando, fundamentalmente dirigidas al bienestar de la mayoría social del conjunto de los ciudadanos», en contraste con un PP que apunta a beneficiar a «sectores privilegiados». Al día siguiente, el ministro de Transformación Digital y nuevo líder del PSOE de Madrid, Oscar López, dijo a RNE algo en el mismo sentido: «Vamos a trabajar para ello y confío en que lo consigamos».
    
«Quien manifieste optimismo a estas alturas, tómale la fiebre o mándalo al manicomio... pero nunca digas nunca», ironiza un influyente diputado de Sumar. Preguntado por las posibilidades de poder acordar unas cuentas con el PSOE y luego, más difícil aún, que pueda construirse una mayoría con aliados, responde: «No van a estar tiernas las cosas y de ninguna manera se cumplirá el plazo de tenerlos el 1 de octubre».

Más allá del detalle del techo de gasto (no se ha cumplido el plazo sobre la aprobación), el Ministerio de Hacienda puede presentar el supertexto (suele tener miles de páginas) en cualquier momento, con el rango último de gasto aprobado (esto quitaría cientos de millones de euros de libre disponibilidad a las autonomías pero al PP no le importó bloquearlo la última vez).

En Sumar temen que antes de negociar con los aliados tradicionales, la negociación se empantane por el gasto militar. «Creemos que puede ser el peor impedimento, porque no pueden presentarlo y no incluir las nuevas partidas. Esperemos que no haya trampa en eso. Nos opondremos a un aumento que no tenga que ver con el incremento normal de los salarios», señalan. También recuerdan que los PGE suelen ser «una declaración de intenciones de un Gobierno, un debate de recaudación e impuestos que un Gobierno tiene que dar».

Desde la cúpula del grupo plurinacional sienten que su posición frente al gasto en defensa es «similar» a la mantenida por EH Bildu y Esquerra Republicana, aunque también habrá que «convencerles». ¿Y Podemos? «Esperemos que tengan altura de miras», responden. «En vez de insultar al PSOE por lo que hace, una mejor estrategia es empujarlos para que vayan asumiendo el nuevo contexto histórico. Tampoco se puede desdeñar lo que hizo Sánchez en la OTAN», reflexionan.

En el entorno de la vicepresidenta Yolanda Diaz, aseguran que ella está «empeñada en radicalizar la legislatura y colocar resultados concretos», incluso aunque en algunas oportunidades se pueda salir derrotado. El objetivo es mostrar una izquierda que da batalla para que pueda movilizar en unas elecciones a su gente y no se quede en casa.

Otro diputado, de una de las confluencias regionales que invistieron al Gobierno, denota solo pesimismo: «No creo que haya presupuestos porque las posiciones de los aliados se van a endurecer. Las negociaciones están hechas hace tiempo».

Es cierto que en 2024 hubo avances con varias formaciones (no solo con Sumar, sino también con PNV, ERC y Bildu) para acordar los PGE. Pero todo cayó en saco roto al no contar con Junts. Eran tiempos en los que el interlocutor principal con Puigdemont y Turull era el dimitido Santos Cerdán. En Junts preocupaba en julio que no hubiese con quién negociar. La nueva secretaria de Organización, la valenciana Rebeca Torró, debería tomar la posta o dejarlo todo en manos de Bolaños.

Desde la otra acera soberanista catalana hubo mensajes. La semana pasada Oriol Junqueras dijo en una entrevista que no había posibilidad de unos «buenos» presupuestos si el PSOE no se decidía a encarar el tema de la financiación singular catalana. Una declaración que ha sonado a advertencia.

Consciente del cuadro de situación, el discurso de aquel último día tuvo poca repercusión en los medios pero puede ser un avance de lo que tiene en mente el líder del PSOE. «Los presupuestos no es la única herramienta que tenemos, también no se olviden que están los fondos europeos, que son una buena herramienta para hacer políticas públicas», respondió a uno de los pocos periodistas que tuvo la suerte de hacer preguntas en aquella rueda de prensa.

¿Son los fondos Next Generation el Plan B de Sánchez para mostrar logros de gestión sin presupuestos aprobados? Es muy posible y algunos hechos ya lo estarían demostrando: los tres mayores receptores de esos recursos con origen en Bruselas son ADIF AVE, ADIF y el Ministerio de Transporte.

Según la herramienta de visualización de datos ELISA, la cual permite hacer un seguimiento de las convocatorias de licitaciones y subvenciones, así como de su resolución, estas empresas vinculadas a la infraestructura se llevan por lejos la cabecera en las mayores receptoras, cuadruplicando lo obtenido por privados como Iberdrola.

Cabe recordar que a comienzos de agosto la Comisión Europea envió nada menos que 23.100 millones de euros al Gobierno de España, de los cuales 7.100 millones son en trasferencias netas y 16.000 millones en préstamos. Este ha sido el quinto pago y fue el mayor desembolso aprobado por Bruselas a cualquier país desde que se puso en marcha el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 2021.

Según la web del Plan de Recuperación en la que el Gobierno informa de los fondos, la suma de los recursos que lleguen al Estado español hasta 2026 puede alcanzar hasta los 160.000 millones en total desde 2021, entre préstamos y los que no requieren devolución. Es así más fácil entender por qué Sánchez se resiste a dimitir aunque no apruebe presupuestos y por qué el PP de Feijóo buscó en su momento obstaculizar los fondos haciendo lobby en el PPE.

Pocos creen que vaya a haber presupuestos pero también pocos creen que eso fuerce a Sánchez a elecciones; en el camino tiene otro juicio Gürtel y el de Kitchen

Sin PGE, el Consejo de Ministros podrá hacer malabarismos en los gastos con el mismo método que lo hizo hasta ahora (especialmente para aumentar los recursos en defensa): transferencias de crédito y ampliación de crédito. Son mecanismos legales que permiten a la administración pública reorientar dinero no utilizado a una partida para la que no estaba prevista, en el primer caso, o ampliar el margen de gasto por nuevas necesidades surgidas cuando hay prórroga, en el segundo.

Pocos diputados creen que vaya a haber presupuestos generales para 2026 aunque están dispuestos a dar la batalla (a favor o en contra). Y también pocos creen que su no aprobación fuerce al líder del PSOE a convocar elecciones. En el camino tiene un nuevo juicio por la Gürtel y otro por la llamada ‘operación Kitchen’, que pondrán la lupa sobre el PP.

Y además, otro dato nada despreciable: según las proyecciones del Ministerio de Economía, el año que viene, por primera vez en 20 años, el Estado español registrará de media una tasa de paro de un solo dígito (9,7%). La más baja desde 2006. Ni Sánchez ni nadie querría perderse esa medalla.