La lehendakari navarra, María Chivite, ha defendido la labor que realiza la comisión de reconocimiento derivada de la ley de víctimas policiales, destacando que se trata de un órgano independiente y formado por expertos.

Chivite ha realizado estas declaraciones en una comparecencia en el Parlamento solicitada por UPN al inicio del curso político, enmarcada en su estrategia de embarrar el terreno de juego. Javier Esparza, portavoz de este grupo, ha acusado a Chivite de haber aceptado esta comisión como pago del sostén de EH Bildu a su gobierno con el objetivo de «blanquear la actividad de la izquierda abertzale».

Ley avalada por el Constitucional

La lehendakari ha recordado que esta comisión nace de una ley aprobada por el Parlamento navarro que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional español, pero que este órgano la avaló con limitaciones.

Junto a ello, ha destacado que todas las decisiones de la comisión se toman por unanimidad, «lo que es una garantía para eliminar dudas sobre los reconocimientos», y que trabaja de manera independiente hasta el punto de que la presidenta solo conoce los informes al mismo tiempo que el conjunto de la sociedad, cuando se hacen públicos.

Tras proclamar que «ETA desapareció porque la democracia actuó», ha señalado que, «al mismo tiempo, hubo denuncias de vulneraciones por práctica ilegítimas de funcionarios públicos. Esto también existió». La lehendakari ha destacado que informes como el del IVAP u otros de ámbito internacional reconocen esta realidad, alertando incluso sobre el riesgo de la incomunicación.

«Se busca reparación y verdad. No se buscan victimarios, como estableció el Tribunal Constitucional. No es un tribunal, sino un trabajo administrativo», ha señalado.

Chivite ha avanzado que están elaborando una «nueva ley de víctimas del terrorismo» y que están avanzando en la redacción de un nuevo plan de convivencia, para lo que hacen falta amplios acuerdos.

UPN: «Coladero que compra el discurso de Bildu»

Para Javier Esparza, «el principal deterioro de la democracia en Navarra es la izquierda abertzale, que se han convertido en los socios del Gobierno, por lo que es tan amable con ellos».

A juicio del portavoz de UPN, la comisión es «política, ni técnica ni plural» y ha señalado que en 2024 solo negó una solicitud de las 47 que se presentaron.

«Es un coladero que ha comprado el lenguaje de Bildu y acepta todo. Es una comisión política en la que manda Bildu y que le permite construir un relato que es nocivo para todos. Utiliza un lenguaje que antes solo leía en el GARA», ha añadido Esparza.

Ainhoa Unzu (PSN) ha destacado que el reconocimiento se limita a unos hechos concretos y no supone ni un premio ni un homenaje ni un blanqueo a estas personas.

Aznal: «Paso importante las palabras de Chivite»

Laura Aznal, portavoz de EH Bildu, ha puesto en valor el reconocimiento que ha realizado Chivite de las víctimas de violencia policial y de que la tortura ha sido una práctica desarrollada durante años.

Aznal ha subrayado el avance que se ha producido en el reconocimiento de las víctimas, con 79 casos admitidos. Entre ellos, ha recordado que hay seis navarros como Mikel Zabalza o Mikel Arregi, que hasta ahora no habían sido reconocidos como víctimas por las instituciones navarras, como tampoco lo fueron las víctimas de Sanfermines de 1978.

«Sus palabras son un paso importante», se ha dirigido Aznal a Chivite.

La portavoz de EH Bildu ha señalado que la comisión tiene limitaciones, pero que ha servido para «mostrar la punta del iceberg de una realidad mucho más amplia, que afecta a cientos de personas en Navarra. Pero va emergiendo. Ha mostrado que la tortura ha sido un instrumento para mantener su posición hegemónica en Navarra y en toda Euskal Herria. Se diseñó un sistema para garantizar la impunidad de los torturadores».

Por ello, ha pedido a Chivite que «siga en este camino, impulsando la memoria inclusiva y construir futuro sin la amnesia que los herederos del franquismo quieren imponer».

Geroa Bai: «Orgullo de haber impulsado el reconocimiento»

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha mostrado su orgullo porque hace diez años, «un cambio de gobierno impulsó el reconocimiento de todas las víctimas».

Javier García, del PP, ha calificado la comisión como «un guión del PSOE que hace a la izquierda abertzale desde hace ya muchos años, un precio político que tiene que pagar».

Contigo-Zurekin: «Ley pionera en el reconocimiento»

Carlos Guzmán, portavoz de Contigo-Zurekin, ha destacado que esta ley es «pionera, comprometida con los derechos humanos y con la reparación de vulneración de derechos fundamentales». Ha subrayado la importancia del reconocimiento, destacando que «no se busca la reparación económica», y explicando que también hay militantes del PCE y CCOO que han sido reconocidos como víctimas en el marco de esta ley.

Para Emilio Jiménez, de Vox, la ley es «aberrante», ha creado «una comisión de amigos» y ha citado «el manual de ETA que decía que había que denunciar torturas». Chivite le ha afeado que apele a los derechos humanos cuando el líder de su partido, Santiago Abascal, haya llamado a bombardear el Open Arms. Jiménez, iracundo, ha abandonado la comisión.

UPN vincula la mina Muga a «la corrupción»

UPN también había solicitado a Chivite información sobre la retirada del principal inversor de la mina Muga, recordando que el informe de la UCO que ha dado origen al «caso Koldo». Su portavoz, Javier Esparza, ha destacado que «el grupo chino se ha marchado por las sombras de corrupción» y que «todo lo que se acerca a Santiago Cerdán se contamina».

Chivite ha respondido que el inversor no solo se retiró de la mina Muga, sino también de un proyecto de potasa cuatro veces más grande en Canadá.

Junto a ello, ha explicado que desde 2021 se han mantenido quince encuentros institucionales para «ayudar a la captación de inversión o facilitar trámites administrativos».

«La renuncia china a la inversión es una decisión que se toma en un proceso complejo. Que se vincule a la corrupción no ayuda, porque no es una causa y un efecto», ha añadido Chivite, que ha pedido que «no se realicen especulaciones, como hace UPN, vinculándola con informes policiales».

La lehendakari ha reiterado su apoyo institucional al proyecto de mina.

Esparza ha insistido en que Antxon Alonso participó en varias reuniones sobre el proyecto y que Cerdán también acudió a varias.

Ainhoa Unzu (PSN) ha acusado a UPN de «buscar el titular fácil» y ha rechazado que la retirada de la inversión se haya debido a la corrupción.

Para Laura Aznal (EH Bildu), la de la mina Muga es «la crónica de una muerte anunciada» y ha destacado que se trata de un proyecto «especulativo». «El abandono pone de manifiesto las dificultades para conseguir nuevos socios financieros», ha añadido y ha recordado que, tal y como han expuesto los movimientos sociales, el proyecto de la mina está en cuestión por la inseguridad jurídica tras la sentencia del TSJN, la inseguridad política tras el informe de la UCO y la desconfianza sobre su viabilidad económica.

Pablo Azcona (Geroa Bai) ha alertado sobre los «relatos interesados» sobre la mina Muga y ha destacado que la retirada del inversor de Canadá es «un dato relevante». Asimismo, ha reconocido que los primeros pasos de la trama recogida en el informe de la UCO aparecen en este proyecto.

Javier García (PP) ha insistido en que «Santos Cerdán es el actor central de la trama y el mentor político de la presidenta», además de estar relacionado con la mina Muga. «Los chanchullos pasan factura a la credibilidad de Navarra», ha añadido.

Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin) ha rechazado el proyecto de la mina Muga, ya que «se sitúa en los antípodas de lo que debería impulsar un gobierno progresista para el desarrollo» y ha denunciado que se «han premiado los intereses privados».