El texto final del anteproyecto de la futura ley, a la que le queda aún una segunda vuelta en el Consejo antes de iniciar su andadura parlamentaria, define nuevos espacios libres de humo o amplía los existentes como terrazas, piscinas y otros lugares públicos «de esparcimiento», universidades, instalaciones deportivas o vehículos comerciales, que pasan a ser considerados lugares de trabajo.

El texto establece además un perímetro de seguridad de 15 metros lineales alrededor de las zonas protegidas como instalaciones sanitarias, centros educativos, deportivos o parques infantiles, en los que tampoco se podrá consumir ni tabaco ni sus relacionados, y limita su publicidad y patrocinio.

Lo que ha quedado excluido es el empaquetado genérico –que elimina el diseño y los colores de las marcas en las cajetillas–, una medida ampliamente reivindicada por las organizaciones de la lucha contra el tabaquismo pero sobre la que no ha habido acuerdo entre los socios del Gobierno.

Tampoco recogerá el incremento del precio a través del aumento de la fiscalidad, medida que Sanidad llevaba meses negociando con el departamento de Hacienda.

Tanto el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) como la plataforma Nofumadores.org han criticado que el Gobierno haya «cedido a las presiones de la industria» y que el Ministerio de Sanidad haya desistido de ambas medidas.