Rosalind Williams, norteamericana y negra, fue la primera persona que denunció al Estado español por haber sido identificada en base a su perfil racial. Ocurrió en la estación de tren de Valladolid en 1992 ante la mirada perpleja de su marido y de su hijo. Un policía español se abrió paso entre el gentío para decirles de forma educada que tenía órdenes de identificar a «personas como ella». Aquella frase taladró su dignidad. Williams acudió a la Justicia, pero primero la Audiencia Nacional y luego el Tribunal Constitucional consideraron que el comportamiento del agente estuvo plenamente justificado al tratarse de un control migratorio.

El caso no embarrancó en aquellos veredictos ramplones. Respaldada por un entorno familiar y económico asentado, trasladó el litigio al ámbito internacional. En 2009, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió un dictamen no vinculante dándole la razón porque «las características físicas o étnicas de una persona» nunca pueden ser consideradas como un indicio de nada. Y menos de un delito.

«Si a esa señora le hicieron esto, ¿qué pueden hacerle a un migrante sin recursos? ¿Cómo defendernos de esos abusos raciales que a menudo vivimos en el campo, en la obra, en la calle?», se pregunta Mohammed, nombre supuesto de este empleado de jardinería con rasgos inequívocamente magrebíes. «Siempre ha habido prejuicios hacia nosotros, pero desde que la derecha lo utiliza permanentemente para ganar votos, la discriminación ha crecido mucho aunque a algunos les moleste reconocerlo. Las generalizaciones son peligrosas. Mira lo que ha ocurrido en Torre Pacheco o, más cerca, en Hernani, este mismo verano», afirma este joven que quiere dejar claro por qué oculta su identidad: «Para mí, es mejor ser prudente en estas circunstancias. Escucho comentarios, veo miradas, gestos... Hago bien mi trabajo y evito polémicas. Estoy más tranquilo así, ¿lo entiende?», explica.

Proceso de adaptación mutua

La Unión Europea define la integración de las personas migradas como un proceso de adaptación mutua donde ambas partes reconocen sus derechos y obligaciones. No consiste en una asimilación donde el extranjero deba acomodarse a la nueva realidad. En absoluto. La integración, tal y como se recoge en el Tratado de la Unión, es un proceso bidireccional, transversal, que busca la plena participación del migrante en una sociedad de acogida que debe promover el respeto a la diversidad cultural.

El sociólogo Imanol Zubero, autor de investigaciones sobre la integración e inmigración que han merecido un amplio reconocimiento, no oculta la preocupación que le producen las relaciones institucionales que se están creando a la hora de confrontar los mensajes xenófobos de la ultraderecha. «Siempre se emplea una argumentación instrumental. Los necesitamos, dicen. Y si no lo son, ¿qué pasa? Confunden integración con asimilación. No asumen que estamos construyendo una sociedad distinta a la conocemos, en la medida en que convivimos con personas procedentes de culturas más o menos distantes a la nuestra. Por lo tanto, es un proceso bidireccional», afirma.

El presidente de la Comunidad musulmana de Torre Pacheco, Nabil Moreno, se queja amargamente que ningún representante institucional ni de la localidad ni del Gobierno murciano ha acudido nunca a conmemoraciones señaladas para los musulmanes como el Ramadán o la Fiesta del Cordero. Ellos tampoco son invitados al pregón de las fiestas patronales «pese a que tenemos una peña de jóvenes del colegio que quieren participar como todos los demás en los desfiles y en el chupinazo», asegura.

En Murcia, donde gobierna el PP con el apoyo de Vox, se vienen registrando preocupantes episodios de discriminación en las últimas semanas. La ultraderecha ha logrado que el ayuntamiento de Jumilla vete la cesión de espacio públicos para «las prácticas culturales foráneas, como la Fiesta del Cordero». Para Moreno, decisiones como estas atentan contra la integración, incrementan los estereotipos raciales y avivan el temor a la exclusión, a que sólo cuentan con ellos cuando necesitan mano de obra.

«¿Quiénes son los inmigrantes necesarios? ¿No lo son los de segunda y tercera generación que no han estudiado porque no pueden o han fracasado? ¿Les expulsarán porque no se han integrado? Y si lo hacen, ¿a dónde si no tienen relación con el país de sus padres y muchos ni hablan el idioma? A veces, nos sentimos un poco esclavos», añade.

Y sobre una cuestión tan compleja, la izquierda no está libre de pecados. Germán García, uno de los integrantes originarios de Ongi Etorri Errefuxiatuak, considera que esa mirada utilitaria de la que habla Zubero ha permeado también en algunos sectores de la izquierda que «tratan el fenómeno como un problema en lugar de cómo un derecho. Una posición realmente de izquierdas es incompatible con alimentar los prejuicios que describen a las personas migradas como gente desestructurada y marginal».

En ese territorio de los prejuicios se mueve Said Merabet, 29 años, nacido en Tetuán con pasaporte español y que hace tres años acabó sus estudios de farmacia. Cuenta que si pregunta en la calle la dirección de algún sitio a muchos les cuesta responderle y que ha habido ocasiones que al sentarse en el metro ha sentido como su compañero de asiento agarra sus pertenencias y las cambia de lado. «La discriminación primero es clasista y después racial. Los pobres son peor tratados sean de donde sean, aunque es cierto que los magrebíes sufren un mayor rechazo, por encima de los negros», sentencia.

Entre las jaurías de matones que el pasado mes de julio impusieron su ley en las calles de Torre Pacheco había uno que lanzaba amenazas contra los «moros» con total impunidad. Caminaba sin camiseta, armado con un bate de beisbol y una gorra deshilachada con un toro bravo bordado que parecía protegerle de los indeseables magrebíes. Reprobado por varios vecinos, el tipo rechazaba los epítetos clamando al cielo de la noche que «los españoles son lo primero». Una prueba del tipo de pólvora que emplean estos bárbaros racistas.

Estereotipos negativos arraigados

La educadora social Sira Woolade trabaja en proyectos con menores de todas las razas en Catalunya y no alberga dudas de que más que identitario, el problema al que se enfrenta la integración es social, educativo, de posibilidades. El uso de palabras como «negro» o «moro» ratifican los prejuicios habituales. «Negro, no tengo cambio», «Oye morito, trae aquello»... Son frases que esconden estereotipos negativos hondamente arraigados.

Como explicó el intelectual y activista palestino Edward Said, hay una tendencia general a construir al otro desde el etnocentrismo, desde una «blanquitud» primitiva que se actualiza con discursos beligerantes según los tiempos. Ayer era el bien contra el mal, hoy es la invasión y el nosotros o ellos. Si a esto se añade que la ley de extranjería impone al inmigrante la nacionalidad de sus padres biológicos, el caldo de cultivo parece servido. «La educación está despolitizada y necesitamos politizarla de nuevo para combatir esas dicotomías», defiende Woolade.

En una ocasión propuso a niños y niñas de una escuela de primaria en Catalunya una especie de juego. Sacaban una foto de todos los brazos secuenciados por los tonos de piel y después intentaron averiguar a quién pertenecía. «Fue imposible saberlo. La conclusión es que no hay diferencia entre una mujer de Bilbao o Barcelona y una de Marrakech. Ninguna», revela la educadora. Pero las sombras se expanden.

El mercado parece el único argumento aceptable para combatir la mancha de prejuicios que expande la ultraderecha.

¿Y en Euskal Herria qué?

En el último Euskobarómetro publicado el pasado mes de febrero, la inmigración y los problemas relacionados con ella fueron señalados como uno de los principales problemas por el 11% de los ciudadanos vascos, un porcentaje que el Deustobarómetro de junio incrementó hasta el 22,4%. La delincuencia y la inseguridad crecieron, según ese estudio, hasta el 24,7% pese a la inexistencia de una base estadística sólida que lo justifique. Aunque desde algunas tribunas se asocie el aumento de los delitos al incremento de extranjeros pululando por las calles, las cifras difundidas por el Ministerio español de Interior indican lo contario: la tasa de criminalidad es 9 puntos más baja que hace dos décadas cuando el número de inmigrantes no llegaba a la mitad de los que hay en la actualidad y el 70% de los delitos son perpetrados por españoles blancos, no por jóvenes que hablan árabe.

Pero el mensaje xenófobo contra los ciudadanos extranjeros en situación precaria ha empezado a taladrar la cabeza de miles de personas, muchas también precarias y jóvenes. También en Euskal Herria. Los sucesos de Hernani y Ondarroa, donde se investiga un ataque contra la mezquita del pueblo, han elevado el nivel de alerta.

Sin embargo, los Gobiernos asisten perplejos a esta escalada y se limitan a tapar las grietas que empiezan a producirse en la convivencia apelando a su contribución imprescindible al funcionamiento del sistema. En el último Foro Agenda Atlántica, celebrado en mayo, el lehendakari de Lakua, Imanol Pradales, se cuestionaba el tipo de inmigración que necesita Euskal Herria y cuál es la que llega. Sus palabras, deslizando la conveniencia de aplicar criterios selectivos en función de las necesidades que requiere el mantenimiento de un estado de bienestar como el vasco, tensaron la relación con sus socios de investidura.

Para evitar males mayores, el EBB se apresuró a despejar malentendidos: lo que quiso plantear Pradales no fue un cuestionamiento de la política migratoria, sino una mirada a los retos futuros con el compromiso de seguir impulsando «unas políticas de integración social que son modélicas».