UGT Euskadi ha iniciado un procedimiento de embargo a la empresa municipal de transporte de Gasteiz, Tuvisa, ante la «reiterada negativa» de la misma de abonar a la plantilla las cantidades adeudadas en relación al cobro del plus contemplado en el artículo 48 del convenio. Se refiere, en concreto, al plus por horas nocturnas en viernes, sábados y vísperas de festivo, así como el 5 de agosto, Día de La Blanca. 

En un comunicado, el sindicato ha denunciado que la empresa «incumple la sentencia del conflicto colectivo presentado y ganado» por el sindicato en 2023, «desoyendo sucesivos autos judiciales que le instaban a ejecutar la misma».

UGT Euskadi ha indicado que el pasado 2 de septiembre el Juzgado de lo Social número 2 de Gasteiz desestimó de manera firme el enésimo recurso de Tuvisa para evitar el pago de las cantidades adeudadas, advirtiendo expresamente que «la conducta mantenida por la dirección del ente municipal podría constituir un delito de desobediencia a la autoridad tipificado en el artículo 556 del Código Penal, al persistir en el incumplimiento de una sentencia firme».

Ante esta situación, desde la sección sindical de UGT-Tuvisa, han decidido denunciar públicamente la actitud «obstruccionista» de la gerencia de Tuvisa, dirigiéndose al Consejo de Administración de la empresa municipal para poner en su conocimiento la «gravísima» situación e instar al órgano a cesar de forma inmediata a la gerente, María José Ajuriaguerra, por «su negativa a acatar sentencias judiciales firmes y en aras de garantizar una gestión responsable, ajustada a la legalidad y respetuosa con los derechos laborales».

Dos años de conflicto

Tal y como han explicado desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Euskadi, el conflicto se remonta a septiembre de 2023, cuando UGT inició un procedimiento de conflicto colectivo para que la empresa aplicara lo estipulado en el convenio, cuyo artículo 48 reconoce el derecho a recibir el plus por horas nocturnas en viernes, sábados, vísperas de festivo y días de la Virgen Blanca. Inicialmente, «se buscó una solución dialogada, pero la propia gerencia instó a la parte social a acudir a los tribunales», ha precisado.

La sentencia fue favorable y adquirió firmeza al no ser recurrida por la empresa. A pesar de ello, ha denunciado UGT, Tuvisa «continuó incumpliéndola», lo que forzó al sindicato a solicitar la ejecución de sentencia en septiembre de 2024.

UGT Euskadi ha señalado que el procedimiento ha sido «dilatado innecesariamente» por el departamento de Recursos Humanos, que «agotó todas las vías de recurso posibles, llegando incluso a forzar una nueva vista con una documentación extensa e inconexa que únicamente pretendía entorpecer el proceso judicial».

«Un nuevo incumplimiento»

A esta situación, ha apuntado, se suma «un nuevo incumplimiento desde enero de 2025, cuando, como represalia, Tuvisa redujo de forma arbitraria en un 40% el valor hora del plus que venían cobrando los trabajadores que habían ganado este derecho judicialmente". Esta reducción, ha advertido, se ha aplicado incumpliendo el acuerdo judicial firmado con los demandantes, y que la empresa había respetado hasta diciembre de 2024».

En abril de este año, ha detallado, el juzgado emitió un auto ordenando el abono automático del plus a la plantilla que fue «nuevamente ignorado por la empresa». Meses después, tras el contacto directo mantenido por los servicios jurídicos del sindicato con su homólogo municipal, se confirmaba que Tuvisa «no pretende cumplir el auto judicial», lo que ha obligado a UGT a solicitar el procedimiento de embargo contra la empresa.

Tal y como han señalado desde el sindicato, además de esta, «Tuvisa incumple sistemáticamente otras sentencias firmes», como las relativas al anuncio de los horarios de trabajo con cinco días de antelación, la implantación de un sistema de registro de jornada fiable o la aplicación del acuerdo de fin de huelga del 3 de mayo de 2019 sobre la jubilación parcial.

Por todo ello, desde UGT-Tuvisa exigen »el cumplimiento inmediato de las resoluciones judiciales, el respeto a los derechos laborales recogidos en convenio y el cese de prácticas que solo contribuyen al deterioro del clima laboral y a un importante perjuicio económico para el ente público».