Facilitar el concurso electoral evitando las numerosas trabas que impone la administración española. Esta es la principal razón que ha motivado a un grupo de catalanes en el exterior a impulsar una reforma de la normativa electoral vigente, pues en las últimas convocatorias los obstáculos han llegado a un extremo insoportable.

Para encontrar dichas anomalías hay que remontarse a las elecciones autonómicas del 14 de febrero de 2021, en las cuales el independentismo obtuvo 75 de los 135 en el hemiciclo y, por primera vez en su historia, más del 50% de los sufragios (concretamente, el 51,2 %).

Aún y con esta victoria, la Assemblea Nacional Catalana documentó que la mayoría de catalanes en el extranjero no habían recibido la documentación en el plazo fijado y que los requi­sitos para votar eran tan complejos que las papeletas eran desechadas con argumentos que, en opinión de la entidad, perseguían mitigar el apoyo acaparador de la diáspora a las formaciones soberanistas, ya fuera Junts, ERC o la CUP.

Un episodio similar volvió a repetirse el 12 mayo del año pasado, con motivo de los comicios al Parlament. Entonces fue la propia consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, quien se dirigió al Ejecutivo español para recriminarle que numerosos catalanes dispersados por el mundo habían recibido los certificados del censo con retraso o se habían encontrado con que algunos consulados les exigían signar el sobre de votación, lo que vulnera el principio del voto secreto.

Ante esta falta de garantías, el pasado lunes  e presentó en Barcelona una propuesta de ILP cuyo objetivo es la creación de una circunscripción electoral propia para la comunidad catalana residente en el exterior, como ocurre en Italia o el Estado francés.

Cabe recordar que, a fecha de 1 de enero de este año, había censados en el extranjero un total de 406.679 catalanes, de los cuales 321.250 tienen derecho a voto, cosa que los convierte en la «segunda ciudad de Catalunya».

Según los promotores de la iniciativa, miembros de la Federación Internacional de Entidades Catalanas (FIEC), dicha circunscripción contribuiría a formar un nuevo cuerpo electoral junto a las veguerías –que substituirían la normativa electoral basada en las cuatro provincias– y la introducción del voto delegado y el voto electrónico.

«El primero consiste en poder traspasar el voto a una persona residente en Catalunya, y el segundo en habilitar un voto electrónico, agilizando así los trámites para hacer efectiva las votaciones», indican.

Según los portavoces de la ILP, la simplificación de la burocracia y el uso de las nuevas tecnologías incentivaría la participación en las urnas en el extranjero, que en términos porcentuales ha bajado del 45% en las elecciones al Parlament de 1988 hasta un alarmante 7% en los comicios de mayo de 2024, pese a la campaña informativa que llevaron a cabo las 21 delegaciones que la Generalitat tienen en el exterior.

Una ley propia, la caja de Pandora

Con todo, los impulsores de la ILP pretenden que la propuesta contribuya a que Catalunya disponga de una normativa propia. Hay que señalar que es la única comunidad autónoma que se rige por una la ley española, la llamada LOREG, la cual deja en manos de la Junta Electoral Central la interpretación de todo lo relacionado con los candidatos, plazos, control o escrutinio.

Si desde 1980 se mantiene en vigor es porque, bajo la regla de Hondt, sobrerrepresenta a los grandes partidos en las provincias menos pobladas –Girona, Lleida y Tarragona– frente a Barcelona (un escaño en Lleida requiere 20.000 votos, mientras que en Barcelona cuesta más del doble, exactamente 47.000 votos). 

Ni a Junts le ha interesado modificarla al tener más apoyos en las comarcas del interior, ni el PSC ha podido obtener el consenso para paliar la infrarrepresentación que se deriva de los sufragios emitidos en la provincia de Barcelona, donde suele imponerse.

Mientras este debate continúa estancado, la ILP de los catalanes en el exterior ya empieza a recorrer su camino. Una vez tramitada, se iniciaría la recogida de las 50.000 firmas necesarias para que prospere.

Un reto que, en caso de lograrse, corregiría una vieja a anomalía, toda vez que pondría de nuevo encima de la mesa la urgencia de una ley electoral propia para Catalunya.