«Antifa es una organización militarista y anarquista que exige explícitamente el derrocamiento del Gobierno de Estados Unidos, las autoridades policiales y nuestro sistema legal», reza la orden firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La Administración Trump defendió así que el movimiento antifascista lleva a cabo «esfuerzos coordinados para obstruir la aplicación de las leyes federales mediante enfrentamientos armados con las fuerzas del orden, disturbios organizados, agresiones violentas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y otros agentes del orden», así como «la divulgación sistemática de información personal y otras amenazas contra figuras políticas y activistas».

Washington aseguró que este movimiento «recluta, entrena y radicaliza a jóvenes estadounidenses para que participen en esta violencia y la represión de la actividad política», y, adicionalmente, «emplea medios y mecanismos elaborados para ocultar la identidad de sus agentes, ocultar sus fuentes de financiación y operaciones con el fin de frustrar a las fuerzas del orden».

«Este esfuerzo organizado, diseñado para lograr objetivos políticos mediante la coerción y la intimidación, constituye terrorismo doméstico», recoge el documento difundido por la Casa Blanca, que apunta también a que tanto el movimiento antifascista como quienes «actúan en su nombre se coordinan además con otras organizaciones y entidades con el fin de difundir, fomentar y promover la violencia política y reprimir la expresión política legítima».

De este modo, la Administración Trump ha establecido que «todos los departamentos y agencias pertinentes utilizarán todas las facultades pertinentes» para investigar y desmantelar toda operación ilegal «llevada a cabo por ‘Antifa’ o cualquier persona que afirme actuar en su nombre, o para la cual ‘Antifa’ o cualquier persona que afirme actuar en su nombre haya proporcionado apoyo material».