Efectivos antiterroristas de la GC entregaron decenas de móviles a Koldo para grabar a Cerdán
Las defensas de Santos Cerdán han expuesto ante el juez la teoría de que la principal prueba de cargo contra el político navarro, los audios hallados a Koldo García, puedan ser en realidad grabaciones ilegales del Servicio de Información. Este modo de actuar tiene precedentes en Euskal Herria.
Las acusaciones contra Santos Cerdán por el cobro de presuntas mordidas se mueven entre el halo de un lawfare general contra Pedro Sánchez y la claridad de unos audios en los que, aparentemente, quien fuera mano derecha del presidente español dirige una trama de comisiones en obra pública. La versión oficial es que Koldo García realizó esas grabaciones comprometedoras «por un motivo no difícil de imaginar», según manifestó el propio Tribunal Supremo en junio.
Se sabe que Koldo García no grabó solo, y uno de quienes le acompañaban era, de hecho, uno de los mandos del Servicio de Información
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, sostiene que halló todos esos audios en el registro de la casa de Koldo García en febrero de 2024, donde los tendría archivados en distintos dispositivos informáticos, cuyo contenido esta unidad analizó durante algo más de un año. Pero conforme avanza la investigación, eso está cada vez menos claro.
El sistema de grabación que necesitó Koldo resulta demasiado complejo para un particular. Es más, de partida ya se sabe que no lo hizo solo. El exescolta era colaborador de la Guardia Civil para «asuntos antiterroristas» y la propia Guardia Civil admite que el sistema de escuchas contó con la colaboración, al menos, de uno de sus mandos del Servicio de Información. Sostienen, eso sí, que actuó de forma autónoma. Que era un agente corrupto.
Se trata del comandante Rubén Villalba, que se incorporó en 2008 al Servicio de Información de Gipuzkoa.
Su nombre apareció en la trama original, en la que ya figuraban Koldo, el exministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama (también colaborador de la Guardia Civil), y que trataba sobre comisiones en la compra de mascarillas. Villalba fue detenido en marzo de 2024, cuando trataba de marcharse a Venezuela.
El comandante facilitaba a Koldo García teléfonos «seguros» para realizar gestiones comprometedoras a través de Aldama. A cambio, la investigación apunta a que Aldama le pagaba por esos terminales. Villalba habría cobrado 88.000 euros por esta vía.
La UCO se agarra a que es tal la cantidad de audios y de información que había almacenado Koldo que le resulta imposible entregarla toda al sumario. En lo referente a Villaba, apela también a la Ley de Secretos Oficiales. Por lo que únicamente ha transferido información seleccionada por ellos mismos, que es donde aparecen los audios de Cerdán y Ábalos.
Pero en lo poco que han dejado que trascienda figuran elementos como para sembrar la duda razonable de que el sistema de grabación no era personal, sino que pertenecía al propio cuerpo.
Así, en el escrito que enviaron las defensas de Cerdán para solicitar su libertad se subraya que la vía en que llegan los datos para su análisis recoge la expresión «cloud» (nube, en inglés) que apunta a que su origen no fue un teléfono físico, o un disco duro o un ordenador de la casa de Koldo, sino una nube, un banco de datos alojado en internet. Lo que podría corresponderse con un teléfono pinchado.
El propio Koldo García apuntó en esta dirección en una breve entrevista que realizó en TVE, en la que sostiene «yo no he grabado nada». Y en la que, además, remarca que no tiene sentido que él registrara conversaciones que únicamente contenían «audios de su esfera más íntima».
A esto se puede añadir que si bien tiene sentido que Koldo conservara elementos inculpatorios de sus socios, carece de razón de ser que conservara los elementos autoincriminatorios. Y tampoco parece lógico que estos audios comprometedores, apenas ocho grabaciones, se conservaran en medio de otra montaña de datos tan grande que sea imposible incorporarla al sumario.
La defensa de Santos Cerdán, ejercida por Benet Salellas y Jacobo Teijelo, manifiesta indicios de que entre los teléfonos supuestamente seguros que repartía el comandante Villalba, había dispositivos pinchados. Así, en la jerga que emplean unos con otros para comunicarse se habla de teléfonos normales y «contaminados» que van sustituyendo.
La magnitud y complejidad del sistema de escuchas tampoco parece corresponderse con lo que una persona de la calle es capaz de manejar. La defensa de Santos Cerdán destaca que, en respuesta a un requerimiento del proceso, la UCO reconoce que tiene en su poder «más de 170» dispositivos digitales.
La UCO tiene su poder «más de 170» dispositivos digitales, pero solo ha transferido información relativa básicamente a Cerdán y Ábalos
«Hay veces que él [en referencia a Aldama] quería dos teléfonos por mes, ¿no? Porque decía que lo contaminaba», le comenta en un momento determinado el comandante Villalba a un superior buscando amparo.
En esa información fraccionada («de la que se han expurgado todos aquellos datos que, a juicio de los instructores, a día de hoy no tienen interés», según precisó la UCO) aparecen varias conversaciones de Villalba con un superior del Servicio de Información que parece ser cómplice de sus actividades ilegales y que, es más, asegura que son operaciones «normales».
«Entonces hombre, dentro de este cabreo lo que no quiero es que empiecen a echar mierda, que ahora empiecen ‘pues es que Rubén, no sé qué, pues es que no se cuantos’ (sic.) Es que, ¿sabes? O sea tenemos que evitar eso, que de algo que hemos hecho con normalidad, ahora por su cabreo, cojan y nos salpiquen», comenta el citado responsable del comandante Villalba en una de las transcripciones de los audios del caso.
Este responsable, denominado la transcripción como Agente 1, ha sido identificado de forma extraoficial con nombre y apellidos por varios medios de comunicación. Se trataría del coronel de la unidad antiterrorista Francisco Javier Vázquez Aznárez.
«Después de Corbí es el que más sabe de ETA», comentó una fuente anónima de la Guardia Civil al medio "El independiente". La fuente se refiere a Manuel Sánchez Corbí, coronel que estuvo al frente de la UCO condenado por las torturas a Kepa Urra y del que existen audios conspirando contra Pedro Sánchez.
Que Sánchez Corbí comenzara dentro del Servicio de Información y acabara como responsable de la UCO (fue cesado al frente de esta unidad en 2018) refleja que, aunque se trate de unidades diferentes dentro de la Guardia Civil, son vasos comunicantes.
En otra de sus conversaciones grabadas, Villalba manifiesta ser capaz de distinguir las terminales que facilita a Koldo después de habérselos entregado. Así, el informe de las defensas recoge un extracto de una grabación de este comandante que dice «(...) incluso al ministro lo he visto yo con uno de los teléfonos que nos pedía Koldo, pues el ministro que lo tenía».
Según la UCO, el ministro en cuestión era José Ábalos. En cualquier caso, resulta significativo que Villalba diga «nos pedía», aludiendo al propio cuerpo o a su unidad, y no «me» pedía.
En los escritos de la defensa constan indicios de que los teléfonos de los que proceden las grabaciones salían de cuarteles de la Guardia Civil. Así, un guardia identificado como 'Agente 6' manifiesta «que en otra ocasión, Rubén Villalba ordenó al dicente entregar una caja de teléfono, desconociendo si en su interior portaba algún dispositivo, a Víctor de Aldama».
Este agente pormenoriza que, por orden de Villalba, entregaba «móviles prepago y tarjetas SIM», cargaba de saldo los teléfonos y les instalaba algunas apps, como «Whatsapp, Telegram o Signal».
No se sabe desde cuándo la Guardia Civil entregaba estos teléfonos a Koldo, pero sí que lo hacía en calidad de colaborador (cabe recordar que fue condecorado por el cuerpo en 2018 por méritos que no se han hecho públicos, pero a petición de Vázquez Aznárez). En cuanto al rol que jugaba para este cuerpo, las defensas de Cerdán citan un grupo de Whatsapp concreto del que son partícipes varios agentes que se denominaba «K Fontanería».
Las escuchas ilegales han sido una constante por parte de los cuerpos policiales, singularmente, en el entorno de la izquierda abertzale. Y en muchas ocasiones estas se han centrado en las conversaciones con otras formaciones políticas. El mismo escrito de las defensas de Cerdán cita uno de ellos, las escuchas en la sede de Batasuna en 1998, del que hay sentencia. Pero hay más precedentes.
En 2004, una nota del CNI, fechada el 13 de marzo de 2004, destapa que Arnaldo Otegi tiene su teléfono pinchado por el espionaje español. El escándalo salpica al lehendakari, Juan José Ibarretxe, al parlamentario de EA Rafael Larreina y al entonces conseller en cap de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, cuyas conversaciones fueron espiadas.
Tres años después, el colaborador de la comisión negociadora que dialogaba con PNV y PSE, Unai Fano, encontró un aparato de seguimiento en su coche. La rueda de prensa en la que se iba a mostrar el aparato se retrasó más de una hora debido a un exhaustivo (y amedrentador) control policial al que fue sometido, precisamente, por la Guardia Civil.
En 2012, la coalición Amaiur (de la que luego nacería EH Bildu) detectó que estaba siendo espieado en su sede en el Congreso, después de que una conversación de una de sus asesoras fuera filtrada al periódico "El Mundo" en el marco de la iniciativa Rodea al Congreso. Anteriormente, el PNV también había denunciado haber sido objeto de escuchas en esa sede de Amaiur.
Huelga decir que Cerdán fue un interlocutor clave para las negociaciones con la izquierda abertzale que, primero, lograron que UPN no regresara al poder tras la pérdida de la mayoría del bloque del cambio. Y en el marco estatal, para sostener a Pedro Sánchez en la Moncloa. Fue también el negociador clave con Carles Puigdemont en 2024.
Las defensas solicitaron al instructor, para aclarar todo esto, que se practicaran once diligencias, incluida la toma de declaración de una veintena de agentes que aparecen anonimizados y, también, del General de la Guardia Civil Gregorio Pérez Turiel.
Sin embargo, el juez Leopoldo Puente se negó el pasado día 19 en redondo a practicar estas diligencias, diciendo que no existen elementos que prueben el «complot» al que aluden los abogados de Cerdán.
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