El abandono que sufre por parte del Gobierno de Nafarroa ha sido denunciado este jueves por el sector del transporte de mercancías, que asegura que su situación es «insostenible».

En esos términos se han expresado representantes de ANET, Tradisna e Hiru, las tres empresas principales del sector, que han expuesto sus demandas y quejas en una rueda de prensa celebrada bajo el lema ‘Peajes para nadie’ a las puertas del Parlamento navarro.

En primer lugar, Ignacio Orrade, secretario general de ANET, ha destacado la oposición de las organizaciones a la implementación de peajes en el herrialde, ya que «los navarros pagan suficientes impuestos y el sector del transporte su parte correspondiente para que el mantenimiento de las carreteras se lleve a cabo con las cuantías necesarias en los presupuestos».

«Ruptura de la unidad de mercado»

Orrade ha considerado «discriminatorio para ciertos territorios que para tener movilidad a otros puntos, tengan que pagar por una infraestructura pública».

«Bajo el argumento de que lo están poniendo en muchos países de Europa, no se dan cuenta de que la afección en nuestro caso es distinta al situarnos en un país periférico», ha criticado el secretario.

Ha argumentado que la implantación de los peajes solo en Nafarroa supone «una ruptura de la unidad de mercado» y ha asegurado que «existen ya zonas en las que los transportistas están sufriendo para poder trasladar productos a sus clientes, con el consiguiente cierre de muchas empresas y autónomos del sector en los últimos años».

Además, ha apuntado que en materia de medioambiente, hay margen para cobrar al resto de vehículos, ya que «el transporte representa el 30,7% de las emisiones totales de los gases de efecto invernadero en España, pero el de mercancías solo el 7,5%».

Fiscalidad «injusta y dispar»

Por su parte, Ignacio Ezcurra, gerente de Tradisna, ha abordado la cuestión fiscal, que ha catalogado como «injusta y dispar».

«El transporte de mercancías por carretera es el tipo de transporte que más aporta a través de los impuestos. A nivel de Navarra, se estima que genera en torno al 4,5% del PIB, sin embargo, tributa el 7,5% de la totalidad de los impuestos», ha reprobado Ezcurra.

En la actualidad, el sector está compuesto de 6.467 familias en régimen general y 2.452 en régimen autónomo.

El gerente de Tradisna ha explicado que en Nafarroa se paga de manera desproporcionada y asume el porcentaje más alto del Estado.

Ha puesto como ejemplo un caso en comparación con la CAV. «Un autónomo con un camión que factura 125.000 euros al año, en Navarra, en estos conceptos, paga cuatro veces más que la Comunidad Autónoma Vasca y si nos referimos al Estado, en este caso no pagaría nada en todo el año. Dicho de otra forma, el transportista navarro tiene que trabajar un mes más para pagar a la Hacienda Foral de Navarra», ha denunciado.

Ezcurra ha hecho hincapié en que llevan dos años negociando con el Gobierno navarro una mejora de las condiciones fiscales y que «no ha habido interés» por parte del Ejecutivo por materalizarlas.

Sobre el debate parlamentario acerca de una posible eliminación de Nafarbide, Ezcurra se ha limitado a decir que están en contra de la entidad en el sentido de que rechazan los peajes, «pero el instrumento que utilicen nos da igual».

Alberto Nuñez, portavoz de Hiru, ha lamentado los siete transportistas muertos hasta la fecha y ha criticado las condiciones de seguridad en las que trabajan los profesionales del sector. «En los últimos años, se ha experimentado un deterioro continuado de las mismas», ha denunciado.

«La urgencia de los clientes que contratan servicios de transporte y la consiguiente presión ejercida sobre los transportistas, obliga a trabajar a deshoras, a cargar con el máximo peso posible, a aceptar las ajustadas tarifas del sector, con prisas y presiones de las empresas», ha remarcado.

El portavoz ha incidido en la necesidad de regulaciones e inspecciones sobre lo que ocurre en las carreteras y ha mostrado su preocupación por el envejecimiento de los transportistas y la necesidad de ayudas para favorecer la incorporación de jóvenes y el establecimiento de una edad de jubilación «realista».

Por todo ello, las organizaciones han anunciado que plantean un calendario de movilizaciones que próximamente se concretará.