Imanol  Intziarte
Redactor de actualidad, con experiencia en información deportiva y especializado en rugby

«Que seas el dueño del barco no significa que puedas hacer lo que quieras»

La tripulación del pesquero Beti Aingeru y el sindicato LAB han comparecido en el puerto de Getaria para denunciar las condiciones laborales y la actitud del armador, que hace dos semanas les acusó de haber llevado a cabo un motín con amenazas y agresiones.

Arrantzales senegaleses y representantes de LAB sujetan una pancarta junto al Beti Aingeru, amarrado en el puerto de Getaria.
Arrantzales senegaleses y representantes de LAB sujetan una pancarta junto al Beti Aingeru, amarrado en el puerto de Getaria. (Gorka RUBIO | FOKU)

‘Motín’, una palabra inusual en los titulares de prensa y que saltó a los mismos hace un par de semanas en referencia al Beti Aingeru, un pesquero que actualmente se encuentra amarrado en el puerto de Getaria. Los hechos sucedieron el pasado 27 de septiembre en aguas asturianas, durante la costera del bonito, cuando la Guardia Civil recibió un aviso y activó su protocolo para estos casos, enviando una patrullera al encuentro del buque.

El armador y el capitán aseguraron que habían recibido amenazas e intentos de agresión por parte de los tripulantes. Sin embargo, los agentes ni siquiera vieron la necesidad de subir a cubierta, sino que se limitaron a escoltarlo hasta el puerto de Gijón, donde desembarcaron todos y les tomaron declaración. Dos días después, el armador insistió ante los micrófonos de Euskadi Irratia en que fue «amenazado y zarandeado», y que estuvieron a punto de arrojarlo al mar.

La tripulación, compuesta en su mayoría por arrantzales senegaleses, ha comparecido este viernes en el puerto de Getaria junto al pesquero y arropada por representantes del sindicato LAB, para ofrecer su versión de lo acontecido. Uno de los pescadores, Malick Sene, que lleva unos quince años faenando en Euskal Herria, ha recordado que hay compatriotas suyos trabajando en la costa vasca desde hace más de un cuarto de siglo. «Hemos venido a buscarnos la vida, queremos trabajar en paz e irnos a nuestra casa en paz, pero eso no significa que debamos agachar la cabeza», ha comenzado.

Ha añadido que «aquí hay leyes, no puede haber un armador como Joaquín que explota a sus marineros, les tira objetos, les insulta y les amenaza. Cuando se enfada, rompe cosas, tira cosas, ¿y si le pegas a alguien qué? Estábamos trabajando y nos echó basura. Por eso paramos el trabajo y le dijimos que no íbamos a seguir. Y llamó a la Guardia Civil diciendo que hemos hecho un motín».

«Tiró la bombona de gas al mar»

Al parecer, no era la primera ocasión en la que el armador tenía estos ataques de ira. «Un día tiró la bombona de gas al mar para que no pudiéramos cocinar, ha roto sus propios ordenadores… Que tengas un barco no significa que puedas hacer lo que quieras. Un barco tiene que tener un mando, pero tiene que respetar los derechos de los trabajadores», ha subrayado.

«Le dijimos que no íbamos a trabajar hasta hablar, pero no quiso hablar y se inventó estas cosas del motín, que le tuvimos encerrado en el puente, que le queríamos echar al mar… todo mentira, si le quisiéramos echar al mar ¿dónde estaría? Mira todos estos tíos», ha comentado, señalando a sus compañeros.

Los representantes de LAB han añadido que a esta actitud se suman las condiciones del trabajo en el Beti Aingeru, ya que «estuvieron 37 días seguidos en el mar sin volver a sus casas, y tras un descanso mínimo de dos días, volvieron a embarcar durante otros 26 días consecutivos, una práctica nada habitual en los barcos de bajura».

Temor a represalias

Txefi Roco, responsable de la Secretaría Antirracismo, ha destacado que «no es fácil denunciar, trabajan por temporadas y estar aquí poniendo sus caras puede implicar represalias. Es un sector sin convenio colectivo, con unas condiciones muy duras que están normalizadas, aguantando falta de descanso, impagos… No hubo resistencia a la autoridad, la Guardia Civil recogió en su informe que no hubo motín, sus pertenencias siguen en el barco, el armador no les responde…».

Bittor Peso, responsable de Servicios Privados de LAB, ha explicado que al llegar a puerto el armador interpuso denuncias «solo contra tres trabajadores, dos por amenazas y agresiones, y una por amenazas. Están puestas en Gijón y no sabemos qué camino llevarán, estamos a la espera de que se nos comunique algo».

«Tanto el sindicato como los trabajadores hemos intentado ponernos en contacto con el armador una y otra vez, pero no ha atendido nuestras llamadas ni ha contestado nuestros mensajes. No habíamos tenido ningún tipo de novedad hasta hace dos días, cuando al parecer se dio la orden de desenrolar a la tripulación con fecha de los hechos, pero no están dados de baja en la Seguridad Social. No han tenido opción de cobrar el paro, ni de seguir trabajando, se les adeuda la nómina de septiembre y su parte de la venta de cimarrón de esta campaña…», ha continuado.

Ni sanciones ni despidos

«Después de todo el circo que ha montado, no tenemos ni una sanción administrativa, ni un despido, ni nada de nada. Les ha dado de baja como si se hubiera llegado el fin de la campaña, como todos los años, aunque el resto de la flota está faenando, el puerto está casi vacío. Tenemos bastante claro que sus servicios jurídicos le han indicado que lo que había realizado no estaba bien dentro del marco legal. Nos parece poco creíble que después de las acusaciones tan graves que ha hecho esté dispuesto a volver a trabajar con estos mismos marineros», ha sentenciado el representante sindical.

A juicio de LAB, lo acontecido a bordo del Beti Aingeru fue «una reivindicación legítima de derechos por parte de los arrantzales, ante un nuevo caso de explotación laboral y racismo en el sector pesquero. En los últimos años, la patronal ha normalizado la prolongación del tiempo de estancia en el mar, en perjuicio de los días de descanso. Tampoco existe un seguimiento efectivo de las condiciones en las que se encuentran los arrantzales, a menudo amenazados y expuestos a vulneraciones de derechos por parte de algunos armadores».

Para la central «no es casualidad» que estos hechos se produzcan en un sector «altamente racializado», ya que «la pesca vasca se sostiene en gran medida gracias al trabajo de arrantzales de origen senegalés», a quienes «se les niega información sobre sus derechos y se desalienta su organización sindical. Las empresas se lucran del desconocimiento, el miedo y la fragmentación que se produce entre una temporada y otra».