«Lo que plantea el Gobierno Vasco no es una solución a la crisis habitacional, sino un retroceso ambiental y social que recuerda a los errores políticos cometidos antes de la crisis de 2008», han criticado casi una veintena de grupos conservacionistas.

Entienden que la Proposición de Ley de Vivienda, impulsada por PNV y PSE, «abre la puerta a la desprotección ambiental en Euskadi», al modificarse hasta seis leyes autonómicas, «incluidas la Ley de Administración Ambiental y la Ley de Suelos Contaminados».

En este sentido, dichos colectivos censuran que se van a eliminar «controles ambientales esenciales» y debilitar «las garantías de protección de la salud y del territorio».

Las organizaciones ecologistas recuerdan que Araba, Bizkaia y Gipuzkoa disponen de «suelo suficiente» para la construcción de nuevas viviendas, y que el problema «no radica en la lentitud de los informes ambientales, sino en el incumplimiento de las leyes vigentes y en la especulación del suelo».

Proponen, además, algunas alternativas, que pasan por «redensificar los núcleos urbanos existentes, rehabilitar el parque construido y movilizar la vivienda vacía, evitando seguir artificializando el territorio».

Realizan un llamamiento, en consecuencia, a todos los grupos políticos que constituyen el Parlamento de Gasteiz «para que introduzcan enmiendas que mantengan las garantías ambientales que se pretende eliminar y refuercen los órganos técnicos del Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, en lugar de vaciarlos de competencias».

«Euskadi necesita resolver la crisis habitacional, sí, pero también necesita un territorio saludable con administraciones fuertes y políticas públicas eficientes que no sacrifiquen los avances logrados en el derecho al medio ambiente y a la salud pública, en nombre de una supuesta urgencia política sobrevenida», afirman.

Los ayuntamientos, los grandes perjudicados

Estos colectivos conservacionistas denuncian que dicha ley «traslada a los municipios competencias que no pueden ejercer, con servicios técnicos insuficientes y sin personal funcionario especializado».

«La desregulación ambiental no acelera los trámites: genera inseguridad jurídica, desigualdad entre municipios y vulnera el principio de independencia del control ambiental», subrayan.

Además, advierten que la eliminación de los controles ambientales previos «puede permitir actuaciones sobre suelos contaminados y planes urbanísticos sin evaluación estratégica ambiental, contraviniendo la legislación básica estatal y europea».

Finalmente, apuntan que en la ronda que han realizado con los grupos parlamentarios de Sumar, EH Bildu, PP, PSE y PNV han constatado que todos ellos «reconocen la existencia de graves dudas jurídicas, técnicas y ambientales sobre el contenido y la tramitación de la norma, que se está impulsando por vía de urgencia y sin los informes preceptivos de los órganos consultivos del Parlamento Vasco».

Así, Sumar y EH Bildu ya les han trasladado su «claro rechazo a la tramitación exprés de la ley» –EH Bildu propondrá que comparezcan las organizaciones ecologistas en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Gasteiz– y el PP «ha reconocido deficiencias en la tramitación y la falta de recursos municipales, pero defienden el fondo de la norma».

Por su parte, el PSE «ha insistido en que la reducción de plazos es prioritaria frente a cualquier otro criterio» y el PNV «reconoció que existen temores entre sus propios alcaldes por la nueva responsabilidad que asumirían». Sin embargo «justifica el riesgo en nombre de la agilidad administrativa», planteando incluso «externalizar las evaluaciones ambientales a empresas privadas».