La abogada del Estado que defiende al fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, ha denunciado en el marco del juicio que se ha iniciado este lunes en el Tribunal Supremo que el jefe del Ministerio Público ha sido víctima de una presunción de culpabilidad que ha devenido en numerosas irregularidades durante las pesquisas, por lo que ha pedido anular el material obtenido en los registros, clave para la causa.

Así se ha pronunciado la abogada del Estado Consuelo Castro, en el arranque del juicio que celebra contra García Ortiz por, supuestamente, haber filtrado información relativa a Alberto González Amador -novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-. El fiscal general por ello se enfrenta a una posible condena de hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso de más de 400.000 euros.

Desde el estrado donde se sientan sus dos abogados defensores y los dos fiscales -que reivindican también su inocencia-, y togado, García Ortiz ha empezado negando su culpabilidad, al ser preguntado por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, si «se considera autor responsable de los delitos que se le imputan». «No», ha contestado.

Por su parte, la abogada del Estado ha llamado la atención sobre «las irregularidades cometidas en la instrucción». Tantas, ha subrayado, que «nos permite sostener que el fiscal general ha sido sometido a un proceso injusto».

Para Castro, García Ortiz «no ha podido defenderse en las condiciones exigibles» en ningún momento porque el magistrado instructor, Ángel Hurtado, descartó cualquier «otra alternativa». Así, le ha recriminado actuar con «la idea preconcebida de que era culpable» buscando únicamente «pruebas incriminatorias».

Ha destacado las supuestas irregularidades en los registros efectuados el 30 de octubre de 2024 en el despacho de García Ortiz y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, entonces investigada. En dichos registros se obtuvieron los indicios clave contra García Ortiz: las comunicaciones en el seno de Fiscalía la noche de la presunta filtración, el 13 de marzo de ese año, y el borrado del contenido del teléfono móvil del jefe del Ministerio Público.

En total, la defensa ha pedido la nulidad de varias medidas acordadas por el instructor: el secreto de las actuaciones, al considerar que no estaba suficientemente motivado; las entradas y registros en los despachos mencionados, al entender que era una medida desproporcionada; y las comisiones rogatorias cursadas para solicitar a Meta -propietaria de WhatsApp- y a Google información sobre los chats y los correos electrónicos del fiscal general.

La sombra de Miguel Ángel Rodríguez

La defensa ha aprovechado para aportar un informe pericial, que se negó en instrucción, que –a su juicio- acredita que «es imposible saber qué mensajes fueron borrados el 16 de octubre de 2024». Y es que ese día, según la Guardia Civil, el fiscal general borró el contenido de su teléfono móvil hasta dos veces.

Además, ha pedido incorporar una serie de mensajes publicados en la red social 'X' en la cuenta de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso y exportavoz del Gobierno Aznar. Para Castro, dichas publicaciones «ponen de manifiesto la difusión de una idea de confabulación entre Fiscalía, Hacienda y Gobierno para perjudicar» a la presidenta madrileña, porque «constituyen un contexto importante».

Un «bulo» conforme ha afirmado siempre García Ortiz, al que reaccionó, dando lugar a la nota de prensa con la que estalló el caso. Y, según el instructor, a las presuntas filtraciones de 'emails' sobre las negociaciones de González Amador con Fiscalía para pactar a cambio de evitar la cárcel.

Fiscalía: «Ficción» dle juez

En la misma línea, la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde, ha atacado dichos registros, alegando que vulneraron los derechos fundamentales de García Ortiz porque ha aseverado que partió de una «ficción» de Hurtado que «no tiene ni el más mínimo sustrato fáctico ni jurídico».

«Todavía está esperando la Fiscalía que nos dé un solo dato de que la filtración se dio por medios telemáticos», ha dicho la 'número dos' del Ministerio Público.

Asimismo, la fiscal ha subrayado que Hurtado reconoció que «su magnífica instrucción ha sido poco fructífera». «A excepción del informe de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), todas las pruebas eran las del Tribunal Superior de Justicia de Madrid», ha añadido.

Así las cosas, ha defendido que no hay indicios contra el fiscal general porque las pruebas incautadas en las entradas y registros deberían considerarse nulas. «Los únicos indicios que va a poder hacer uso la Sala (de lo Penal) serán los de la Sala de Admisión», ha apuntado.

En este punto, ha recordado que los cinco magistrados que integraron dicha Sala de Admisión forman ahora parte del tribunal que juzga al fiscal general. A su juicio, «es lógico» que los mencionados magistrados no deberían participar en el juicio ni en la redacción de la sentencia que se acuerde.

En la sesión de este lunes, Sánchez Conde también ha apoyado la aportación documental solicitada por la abogada del Estado al considerar que es fundamental para acreditar las tesis de la defensa, de que «ha habido una actuación conjunta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, su gabinete de prensa, 'El Mundo' y otros medios afines para construir un relato deliberado para perjudicar al fiscal general».