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La Diputación de Araba abre expediente sancionador a Euskal Udalekuak por Bernedo

La Diputación Foral de Araba ha iniciado expediente sancionador contra la asociación Sarrera Euskal Udaleku Elkartea, que organiza los campamentos de Bernedo, sobre el que, hasta el momento, se han presentado 21 denuncias judiciales. Así lo ha anunciado Ramiro González.

Ramiro González, en una comparecencia anterior en Juntas.
Ramiro González, en una comparecencia anterior en Juntas. (DFA)

E diputado general de Araba, Ramiro González, ha anunciado en Juntas Generales que se ha abierto un expediente sancionador a Euskal Udalekuak por posibles «incumplimientos graves de obligaciones» en el campamento de Bernedo, cuya actividad ha dado pie a una cascada de denuncias judiciales.

González ha señalado en primer lugar incumplimiento de la obligación de realizar una comunicación previa de la actividad al departamento competente de la Diputación Foral de Araba y, en segundo lugar, incumplimiento de la obligación de facilitar las funciones de inspección de la administración competente consistente a facilitar la documentación que le fue requerida y a la que «no respondió». Este expediente tendrá su tramitación administrativa correspondiente.

Ramiro González ha relatado los hechos desde que el pasado 15 de septiembre la Diputación tuviera conocimiento de los 'udalekus' a raíz de un correo de una madre, ya que la actividad «no ha estado nunca inscrita en la Diputación Foral de Álava ni fue comunicada al Departamento de Juventud», por lo que «se trataba de una actividad desconocida».

Asimismo, ha indicado que, «desde el primer momento, la prioridad del Departamento fue atender a las familias, conocer de primera mano la situación generada en el 'udaleku' de Bernedo y dar respuesta con responsabilidad institucional», así como «dar traslado a la Fiscalía de toda la documentación administrativa recopilada sobre el caso».

«Prácticas absolutamente inadmisibles»

González ha comentado que «durante años han existido unas colonias con unas prácticas absolutamente inadmisibles y que, en algunos casos y a la vista de los hechos que hemos ido conociendo, podrían ser constitutivas de delito».

«Estos campamentos no se tenían que haber producido de esta manera, a tenor de la cantidad de las denuncias que se han producido por parte de las familias», ha añadido.

Por ello, González ha abogado por «investigar hasta el fondo» y «actuar con la máxima transparencia, para trasladar absolutamente toda la información a la opinión pública» y «poner en conocimiento de los juzgados cualquier situación en la que se pueda apreciar cualquier indicio de delito», tal y como ha remarcado, «ha hecho la Diputación».

El PP insiste en pedir una comisión

Por contra, la juntera del PP Ana Salazar ha demandado la creación de una comisión de investigación, ya que «nadie asume la responsabilidad de unos errores muy graves» en un campamento que «no ha sido puntual de este año», puesto que «lleva años haciendo esa actividad».

«Lo lógico sería una comisión de investigación, porque lo que están haciendo es taparlo todo y meterlo debajo de una alfombra. Me gustaría saber quién asume la responsabilidad de estos errores, usted o la diputada de Cultura, porque aquí hay responsables de unos errores muy graves y no se está cumpliendo con la Ley de Juventud del Parlamento Vasco», ha reprobado.

Valdor (EH Bildu) critica a los juzgados y a la ultraderecha

Por su parte, el juntero de EH Bildu Xabier Valdor ha cuestionado la «falta de transparencia» de los juzgados, ya que «no es aceptable ni comprensible que denuncias que afectan a menores se extravíen», y ha demandado «alejarnos del morbo, amarillismo y carroñerismo de la derecha extrema que utiliza este tema para su bien e interés».

Por su parte, el portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, ha apelado a que las instituciones «trabajen mucho para que su coordinación y sus protocolos, tanto en el tiempo libre como en el ámbito educativo de familia, no falle», para que «haya realmente sistemas que nos alerten en momentos en que se pueda producir abuso sobre los derechos de los menores».